M. ALONSO SAN SEBASTIÁN
Preguntará a los guipuzcoanos si desean hablar sólo en euskara con la Diputación
El Gobierno de Bildu en Guipúzcoa ya ha dado con la fórmula para dar cuerpo a su polémico censo de vascoparlantes, que va a dividir a los ciudadanos etiquetándolos como euskaldunes y no euskaldunes. La coalición abertzale va a valerse de la inminente campaña de la Renta (IRPF) para ir más allá de la mera función tributaria y diferenciar a los ciudadanos que «deseen tener relaciones únicamente en euskara con la Diputación». Para ello, va a preguntar a los 400.000 contribuyentes en sus declaraciones si, desde ese momento, sólo desean comunicarse con la Diputación a través de la lengua vasca. Esta información se trasladará al resto de departamentos forales para que se valgan de esta base y, desde entonces, sólo se relacionen con estos ciudadanos en euskara.
De este modo, da forma a su objetivo de poner «todos los instrumentos y medios» a su alcance para «garantizar los derechos de los ciudadanos que quieren vivir en euskara» en un territorio que, hasta la fecha, ha estado «lleno de impedimentos» para que los vascoparlantes se expresaran en su lengua. Ahora, los ciudadanos deberán responder de forma «voluntaria» a las preguntas de si quieren que las comunicaciones con Hacienda sean sólo en euskara y si desean que esta opción se extienda a todas las áreas forales.
La Diputación de Guipúzcoa ya había anunciado en septiembre su intención de crear este polémico censo «voluntario» de vascoparlantes, que suscitó la denuncia de PSE y PP; pero no fue hasta ayer cuando dio a conocer el instrumento que usará para consumar su propuesta. Y lo desvelaron en el Parlamento de Guipúzcoa a petición de los socialistas, que solicitaron la comparecencia del diputado general, Martín Garitano, y al director foral de Euskara, Zigor Etxeburua, a la vista de que se negaban a dar respuesta a todas las explicaciones que habían solicitado por escrito para conocer el objetivo de este registro.
De hecho, los recelos del PSE sobre las intenciones de este censo derivaron en un fuerte enfrentamiento entre los responsables de la Diputación y los socialistas. La mecha que prendió el encendido debate fue una información publicada el 7 de enero por EL MUNDO y que recogía las explicaciones «literales» dadas por escrito por el Gobierno foral para justiciar este censo. Esgrimiendo el periódico de ese día, Etxeburua acusó al PSE de filtrar la información y de utilizar a este periódico de «forma partidista» para «crear una opinión [social] contraria» a Bildu en el fomento del euskara.
En su réplica, el portavoz del PSE en la comisión para la normalización y uso del euskara, Eneko Andueza, denunció que se trataba de «una acusación perversa» ya que, según aseveró, «como sabrá, la relación del PSE y EL MUNDO no es la más adecuada». Ante los reproches de Bildu, el representante socialista respondió que su papel es velar por que la Diputación no utilice el euskara «como un instrumento político».
Andueza volvió a cuestionar la finalidad de este censo a la vista de los seis meses de demora en dar explicaciones. Según argumentó, si su creación es un «objetivo estratégico» para la normalización del euskara, entonces el Gobierno foral «debería tener bastante más definido» este proyecto desde hace tiempo. Por ello, denunció que hasta la fecha no se han aclarado cuestiones fundamentales para ver las verdaderas intenciones que mueven a Bildu con esta iniciativa, como «cuándo y cómo» va a crear este registro.
Cuando Bildu dio a conocer en septiembre esta idea, el PSE solicitó explicaciones sobre su finalidad, ya que, de lo contrario, quedaría de manifiesto que «la voluntad de Bildu es catalogar a la ciudadanía, y eso tiene que ver mucho con regímenes totalitarios de espeluznante recuerdo». Ayer, el director de Euskara sacó a relucir estas «ofensivas e inadmisibles» palabras para denunciar que los socialistas pretenden «crear polémica» e «infundir sospechas» sobre la actuación de la Diputación en el fomento de la lengua vasca. En este sentido, calificó de «perverso» que el PSE, dentro de la batería de explicaciones solicitadas por escrito, preguntara «qué efectos tendría no ser vascoparlante» en Guipúzcoa.
Pero ésta no fue la única polémica de la sesión en las Juntas Generales. En otro punto del debate, en relación a las ayudas al euskara, el PP acusó a la Diputación de utilizar las de promoción de la lengua vasca para «beneficiar a ciertos colectivos que puedan ser más fieles a los intereses políticos de Bildu». El juntero José María Murguiondo censuró que las «prioridades» de la coalición abertzale «no pasan por impulsar el euskara en sí, como rasgo de la cultura vasca», sino para adecuarlo a sus «intereses particulares»
Así, puso el ejemplo de que, mientras las ayudas al fomento del euskara en las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han caído un 40%, la subvención a la Asociación de Bertsolaris del territorio ha crecido un 35%.
>Videoanálisis de Josean Izarra.
«No habría suficiente dinero para indemnizar al pueblo vasco»
Discurso del etarra Daniel Pastor en el turno de última palabra
Es la vía Nanclares, pero al revés. En lugar de comprometerse a indemnizar a las víctimas, el etarra Daniel Pastor cerró ayer un juicio en la Audiencia Nacional afirmando que a quien habría que indemnizar es «al pueblo vasco» y que no habría dinero suficiente para ello. «Si hablamos de indemnizar a personas por determinadas acciones armadas, no tendría el Gobierno español suficiente dinero para indemnizar todas las angustias que ha padecido el pueblo vasco durante décadas de conflicto», declaró en el turno de la última palabra, antes de que el tribunal le cortara y después de que la Fiscalía mantuviera para él una petición de 20 años.
Ni el presunto miembro del comando Otazua, desarticulado hace un año, ni los también acusados Íñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria respondieron las preguntas de la fiscal Blanca Rodríguez, que les responsabiliza de colocar una bomba lapa bajo el Peugeot 306 de un policía nacional, en septiembre de 2008. El artefacto no estalló y el agente circuló por Bilbao hasta que en el control de acceso a comisaría miraron los bajos del vehículo. «¿Qué llevas, un antibomba?», le preguntaron sus compañeros. «No... eso es una bomba lapa», respondió, según su testimonio de ayer ante el tribunal. Tras reconstruir su itinerario de aquel día, la fiscal quiso saber si reclamaba ser indemnizado. «Yo reclamo que este tribunal haga Justicia. Reivindico que se haga una Justicia exacta y buena, la que se merecen los españoles», dijo.
«Cuando me metí a policía asumí que podía morir, y más en el País Vasco. Lo que no puede ser, señoría, es que me quieran matar a la familia. Que me maten a mí si quieren [...] Mina mucho ver a la familia que llora día a día, que sufre día a día», añadió el policía. Momentos antes había explicado que diariamente llevaba en el coche a su hija y que todos en su familia habrían sufrido secuelas psicológicas por lo sucedido.
Amaiur pregunta por policías y guardias civiles del País Vasco
La formación quiere saber su número y si los condenados del GAL cumplieron sus penas y reconocieron el daño a las víctimas
Fuentes de Amaiur explicaron que la presencia de policías nacionales y guardias civiles en el País Vasco es «desproporcionada» porque el Estatuto de Guernica fija que las competencias de seguridad corresponden a la Ertzaintza. Las mismas fuentes entienden que las funciones de las fuerzas de seguridad del Estado deberían limitarse al control de fronteras y a la expedición de DNI y pasaportes. Para confirmarlo, el diputado Rafael Larreina -de Eusko Alkartasuna, formación integrante de Amaiur- ha formulado la pregunta.
No es la primera vez que los nacionalistas vascos trasladan una cuestión de este tipo al Ejecutivo. La también diputada de EA Begoña Lasagabaster realizó una pregunta similar en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, que obtuvo respuesta. El Gobierno tiene la obligación legal de contestar. Otra cosa es que cumpla los plazos establecidos para ello o que la respuesta satisfaga al diputado que la formula.
La semana pasada, otro diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, formuló otra pregunta en este sentido, pero que podría haber sido mucho más polémica. De hecho, antes de que la Mesa del Congreso la calificara, ha sido retirada, como confirmaron fuentes abertzales. Iñarritu, de Aralar, preguntaba cuántos «miembros del Ejército, de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía» destinados en el País Vasco y en Navarra son «naturales» de esas dos comunidades.
Desde la coalición, no quisieron ayer explicar a este diario el sentido de su pregunta, ni el porqué del interés de Amaiur por el lugar de nacimiento de los militares y los miembros de los cuerpos de seguridad. Sólo dijeron que esta cuestión «no toca en este momento». Y que por eso fue retirada pocos días después de registrarse.
Otras fuentes de Amaiur la consideraron poco procedente. Ambos motivos han hecho que finalmente sus siete diputados decidieran dar marcha atrás. Según esas fuentes, Iñarritu quería confirmar que la mayoría de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército destinados en el País Vasco y Navarra proceden del resto de España. De hecho, la izquierda abertzale muchas veces ha reclamado la salida de «las fuerzas de ocupación españolas» de las dos comunidades.
Amaiur también quiere que el Gobierno le dé cuenta del cumplimiento de las penas impuestas a los responsables del secuestro de Segundo Marey y del asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, hechos sucedidos en 1983 y cometidos por los GAL, y si llegaron a indemnizar a las víctimas y reconocieron el daño causado y «con qué fórmula textual», informa Europa Press.
El diputado Sabino Cuadra, procedente del sindicato LAB, pide saber cuáles fueron las penas impuestas a todos y cada uno de los condenados y cuál fue su periodo de cumplimiento efectivo de reclusión, el tiempo que pasaron en libertad condicional y en tercer grado.
Las claves de la Alternativa KAS
>Consta de cinco puntos: amnistía total; legalización de todos los partidos, incluidos los independentistas; expulsión de la Guardia Civil, Policía y Ejército del País Vasco y Navarra; medidas para mejorar las condiciones de trabajo de las masas y Estatuto de Autonomía.
>El Estatuto tenía que reconocer la soberanía nacional de Euskadi, el derecho de autodeterminación, el euskara como lengua oficial y la creación de unas fuerzas de defensa creadas por el Gobierno vasco.
>Fue concebida por ETA en 1978 cuando se dio cuenta de que no iba a poder someter al Estado mediante la "guerrilla prolongada". La planteó como su propuesta de negociación aunque internamente reconocía que no iba a ceder ni un ápice y que sólo pretendía dividir a los demócratas.
>La banda pensaba que el Estado cedería tras atacar los JJOO pero, cuando cayó la cúpula de Bidart, entró en crisis y cambió la Alternativa KAS por la Alternativa Democrática. Los puntos son similares pero plantea la negociación en dos planos -con el Estado y con los partidos vascos- y admite que necesita una unión de formaciones para emprender la «construcción nacional».
Varias perlas de los batasunos, a cada cual más rinbonbante, o falta de rigor, puesto que están echas con malicia.
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