E l contenido del documento firmado ayer por cuatro de los principales partidos existentes en España (PP, PSOE, CiU y PNV) indica algo evidente: que los nacionalistas, y de manera muy especial el PNV, han acabado al fin por aceptar lo que los partidos no nacionalistas, y sobre todo el PP en los ocho últimos años, habían venido sosteniendo: que el final del terrorismo debía ser incondicional, es decir, que ETA no podía obtener ventaja alguna por dejar de delinquir.
El texto parte de que el anuncio de ETA del cese de sus acciones terroristas es una victoria de los demócratas sobre la banda criminal e insta al Gobierno español a colaborar con el vasco y el navarro sobre la base de tres principios esenciales: exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional, reforzar el compromiso con las víctimas para salvaguardar su memoria y la verdad de la tragedia que han sufrido y «favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de derecho».
Entrecomillo esa última mención -que debe ser puesta en relación con la parte final del documento, que insta al Gobierno a velar por el cumplimiento estricto de la ley- porque apenas aquel se ha hecho público han salido los de siempre, es decir, los que estuvieron años defendiendo que el final de ETA o sería negociada o no sería, a defender que en realidad esa referencia a la convivencia social no es más que una forma eufemística de plantear un trato especial para los presos de la banda.
Yo no lo sé, pues no estoy, como es obvio, en el secreto del acuerdo, pero ni tal cosa se deduce de su texto -que indica, más bien, todo lo contrario- ni sería admisible en un Estado de derecho, ni tampoco compatible con el respeto a la dignidad de las víctimas de ETA que los firmantes dicen respetar.
Disuelta la banda terrorista, entregadas las armas y puestos a disposición de la justicia los terroristas con causas aún pendientes será el momento de acabar con las medidas penitenciarias especiales acordadas en su día para evitar que ETA siguiese controlando a sus pistoleros en el interior de las prisiones.
En cuanto a las medidas de gracia ordinarias a las que los etarras tengan derecho deben ser las mismas que benefician a otros presos y aplicadas con igual rasero y procedimiento: no debe haber más dureza para ellos, pero tampoco menos que la que la ley exija en cada caso.
Esos, y no otros, son los «principios y valores en que se sustenta el Estado de derecho»: entre ellos, el de que los criminales deben pagar por los delitos cometidos. Pretender valerse de esa noble idea para premiar a los etarras por haberse retirado cuando fueron derrotados sería una ignominia que no puedo creerme del PP o del PSOE posterior a Zapatero.
Eso, y les damos lo que piden, y todos tan contentos. Que se lo pregunten a las victimas haber que les parece.
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