miércoles, 15 de febrero de 2012

Amenazados por ETA se plantan. Políticos, jueces y periodistas no quieren que el Gobierno les retire la escolta porque la banda sigue activa


Seguridad
15 de febrero del 2012/ECD

ETA continúa activa y no ha dejado las armas ni entregado los explosivos. Es más, los servicios de Información y de Inteligencia han detectado en las últimas semanas movimientos que indican que la banda no tiene intención, de momento, de echar la persiana al terrorismo. Ante esta situación, varios amenazados han reprochado personalmente al Gobierno que no es el momento de quedarse sin escolta.

El plan del Gobierno vasco, en colaboración con el Ministerio del Interior, para reducir la presencia de escoltas continúa adelante. Desde que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia en octubre, 1.000 escoltas han dejado de proteger a personalidades. Durante el primer trimestre del año, el recorte será más amplio, quedando finalmente un total de 400 profesionales en su puesto de trabajo –consulte aquí la hoja de ruta-.

La decisión ha afectado a un buen número de personas amenazadas por ETA. La mayoría, de hecho, no ha salido a la calle sin escolta desde hace años. Algunos están especialmente preocupados por la situación y han decidido protestar directamente ante los máximos responsables de la seguridad en el País Vasco.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, la delegación del Gobierno y la consejería de Interior han recibido reclamaciones de personalidades protestando por la decisión de retirarles los servicios de protección. Se han dirigido tanto a Carlos Urquijo como a Rodolfo Ares para reclamar que recapaciten su decisión. Algunas de estas reclamaciones han sido realizadas por escrito.

Las fuentes consultadas por ECD explican que entre los amenazados que han protestado por la decisión se encuentran destacados políticos (algunos de ellos, concejales en pueblos ‘calientes’), miembros de la judicatura e, incluso, algún periodista.

Respecto a la protección a miembros de la carrera judicial, el Gobierno vasco todavía no ha decidido si retirar la protección a los cargos de la magistratura, apuntan las fuentes consultadas. Una de las personas que más en contra se ha mostrado de esta medida es precisamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra.

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