El teniente fiscal y los 4 de la Sala Penal ven indicios de tráfico de influencias y cohecho en la conducta del ministro de Fomento / El Supremo nunca ha rechazado la apertura de una causa cuando la Fiscalía ha pedido investigar
La Fiscalía se ha pronunciado a favor de que la Sala Penal del Supremo inicie una causa contra el ministro de Fomento en funciones y diputado por Lugo, José Blanco, por supuestos delitos de tráfico de influencias y cohecho.
El teniente fiscal, Juan Martín Casallo, y los cuatro fiscales de Sala adscritos a la jurisdicción penal han opinado de forma unánime que hay motivos para que el Alto Tribunal investigue los indicios contra Blanco descritos por la jueza de Lugo Estela San José en una exposición razonada que el Supremo recibió el pasado día 3 y de cuyo contenido informó EL MUNDO.
El criterio del fiscal no es vinculante, pero no se conoce ningún precedente de que el Ministerio Público haya pedido la apertura de una causa contra un aforado y la Sala Penal no lo haya hecho.
En un informe presentado ayer y rubricado por Juan Martín Casallo, número dos de la Fiscalía, el Ministerio Público pide a la Sala Penal del Supremo que se declare competente para investigar los hechos descritos por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, instructora de la operación Campeón.
San José expuso al Supremo que, en el marco de una investigación sobre un posible fraude en la concesión de subvenciones autonómicas, uno de los imputados, el empresario Jorge Dorribo, aseguró que entregó a Blanco un total de 290.000 euros para que el ministro le ayudase en dos proyectos pendientes de la autorización del Ministerio de Sanidad y en la concesión de un crédito del Banco Europeo de Inversiones.
La instructora también dio cuenta del contenido de las conversaciones telefónicas mantenidas entre Blanco y otro empresario amigo suyo, José Antonio Orozco (también imputado), en relación con la agilización de una autorización para que la empresa Azkar pudiera disponer de una nave cercana al aeropuerto de El Prat.
El fiscal considera que debe abrirse una causa penal contra Blanco, que, aunque cesará como ministro de Fomento en los próximos días, conserva el fuero ante el Supremo al haber sido elegido diputado por Lugo.
La Fiscalía solicita que se admita a trámite la exposición razonada de la juez San José y se designe a un magistrado instructor para que investigue a Blanco tanto por el supuesto cohecho que le atribuye Dorribo como por el posible tráfico de influencias que se desprendería de las conversaciones telefónicas y mensajes que el ministro intercambió con Orozco, vicepresidente de Azkar.
La decisión sobre la admisión a trámite corresponde a un tribunal integrado por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar y Francisco Monterde. A ellos se unirán otros dos magistrados (aún por designar), de acuerdo con las nuevas normas de reparto aprobadas por la Sala de Gobierno.
Fuentes de la Sala señalaron que el turno de instructores de causas especiales está en este momento detenido en el magistrado José Ramón Soriano. No obstante, dado que el tribunal no tiene plazo para pronunciarse sobre la admisión, el turno podría correr si con anterioridad se resuelve sobre alguna otra causa especial.
Martín Casallo se ha encargado de este asunto después de que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, decidiera abstenerse por su amistad con Blanco.
Pero el teniente fiscal no ha decidido solo. La posición de la Fiscalía se ha fijado tras consultar a los cuatro fiscales de Sala que actúan en la jurisdicción penal del Supremo: Pilar Fernández Valcárcel, Antolín Herrero, Juan Ignacio Campos y Luis Navajas.
Según fuentes de la Fiscalía, inicialmente se valoró la posibilidad de solicitar la devolución de las actuaciones a la juez de Lugo para que completara la investigación de la contabilidad de las empresas de Dorribo, una diligencia que acordó la propia instructora y que los peritos no habían terminado cuando San José decidió elevar al Supremo la exposición sobre Blanco.
Esa pericia podría arrojar luz sobre los hechos porque, según el empresario lucense, las comisiones que habría entregado a Manuel Bran, primo político de Blanco, con destino al ministro figuran en la contabilidad de su grupo de empresas.
De hecho, el pasado octubre la Fiscalía de Lugo sostuvo el criterio de que era conveniente esperar al resultado del informe pericial contable antes de enviar la exposición razonada a la Sala Penal, criterio que la instructora no atendió.
Martín Casallo y los fiscales de Sala llegaron finalmente a la posición unánime de que es preferible que sea el Supremo el que asuma la investigación sobre el dirigente socialista.
Las fuentes consultadas recordaron que la juez de Lugo no ha acordado diligencias que hubieran podido ser favorables a Blanco -como la citación de Bran, que pidió infructuosamente que se le recibiera declaración- y consideraron que la instrucción del Supremo será «más ecuánime».
De otro lado, los fiscales valoraron que, si las actuaciones fueran devueltas a Lugo, la instructora de la operación Campeón previsiblemente mantendría el secreto del procedimiento. Ello seguiría impidiendo a José Blanco conocer el contenido de una causa que, antes o después, acabaría volviendo al Supremo.
El abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha pedido sin éxito en varias ocasiones tener acceso a las actuaciones. El propio ministro en funciones dijo ayer que sigue «sin tener constancia oficial» de las informaciones publicadas en los medios de comunicación sobre su relación con la operación Campeón y reiteró su «confianza» en la justicia y en «sus tiempos». «Lo único que deseo es que se esclarezca la verdad cuanto antes», manifestó a Europa Press.
La posición del fiscal no es vinculante, pero no se conoce ningún precedente de que el Ministerio Público haya pedido la apertura de una causa contra un aforado y la Sala Penal no lo haya hecho.
En el supuesto -más que probable- de que el Supremo inicie el procedimiento, Blanco podrá declarar como imputado de forma voluntaria, sin necesidad de dirigir previamente el suplicatorio al Congreso. La declaración voluntaria del aforado está siendo en los últimos años la estrategia de defensa más utilizada, ya que da al imputado la opción de contrarrestar los cargos que pesan sobre él sin necesidad de que la Cámara vote el suplicatorio, con la repercusión política y social que ese trámite conlleva.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Casimiro García-Abadillo sobre la posición de la Fiscalía en el 'caso Campeón'
De las acusaciones cuestionadas de un imputado a verdaderos indicios de delito
La Justicia estrecha el cerco sobre el ministro
Han pasado seis meses desde que la operación Campeón, que investiga una trama por presunto fraude en subvenciones públicas, saltó a los medios de comunicación. En aquel momento, pocos imaginaban que terminaría por poner en la picota a todo un ministro, José Blanco. La última bofetada judicial al político gallego le llegó ayer, después de que el fiscal pidiera al Supremo que se le investigue, al considerar razonable la búsqueda de los indicios de cohecho y tráfico de influencias señalados por la juez de Lugo Estela San José.
Blanco siempre ha defendido su inocencia. No obstante, desde aquel solemne «no hay caso ni lo habrá», pronunciado el 7 de octubre, el número dos del PSOE se ha ido apagando hasta anunciar el pasado viernes su retirada de la primera línea política.
El día que arrancaba la campaña, la magistrada enviaba al Supremo las acusaciones contra Blanco. Éste suspendió su agenda sin aclarar los motivos al concretar este diario los presuntos delitos. El ministro ya no volvía a su tierra pisando fuerte, desafiante ante Feijóo, como era habitual en él. Por el camino quedan piedras que tardará en olvidar, como los abucheos de sus vecinos en las fiestas de Lugo.
La operación Campeón saltó a los medios el 25 de mayo, con la detención de 15 personas a quienes se les imputan delitos de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Entre los acusados, el director y el subdirector del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que concedió un crédito millonario al empresario farmacéutico Jorge Dorribo, presunto cabecilla de la trama. La Xunta se personó en la causa tras apartar a ambos de sus cargos.
Sin embargo, el caso dio un giro de 180 grados el 4 de octubre, cuando EL MUNDO publicó parte de la declaración de Dorribo (el único detenido que fue a prisión), en la que aseguraba haber pagado a Blanco 290.000 euros por gestionar ayudas públicas. También acusaba a los diputados Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG) del cobro de comisiones, y ambos dimitieron tras la revelación. A la cita entre Blanco y Dorribo en una gasolinera se sumaría la transcripción de conversaciones telefónicas que evidencian la realización de gestiones. «Es mi obligación interesarme por proyectos para crear empleo», argumentó entonces el ministro.
Francisco Caamaño solicitó que se investigaran las filtraciones y así se hizo. Blanco afirmó que emprendería «acciones civiles y penales», pero de esto no hay noticia.
Este diario desveló después que el empresario Antonio Orozco habría pagado parte del chalé del ministro de Fomento, según Dorribo. También, que el propio Blanco -siempre en palabras de Dorribo- se mostró interesado en asociarse con él y con Orozco para distribuir al Tercer Mundo fármacos retirados.
El proceso ha estado jalonado por los insultos del ex presidente Felipe González a este periódico; la defensa a ultranza de Blanco por parte de la cúpula socialista -menos evidente fue la de Zapatero-; las peticiones constantes del PP para que dimita y un secreto de sumario prorrogado.
El desfile por los juzgados empezó ayer con Pablo Cobián. Hoy, le toca el turno al nacionalista Fernando Blanco.
29/11/2011
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ESPAÑA
«Pongo la mano en el fuego por Blanco»
Alfredo Pérez Rubalcaba
>El entonces candidato aseguró el 10 de noviembre en una entrevista que pondría «la mano en el fuego» por José Blanco. «Se trata de un caso electoral. Si no estuviéramos en elecciones, estaríamos viendo las cosas de otra manera», dijo. «Y le diré más: cuando pasen las elecciones, lo veremos de otra forma, porque sé que José Blanco no ha hecho nada». Un mes antes, en un mitin al que asistieron los padres de Blanco, aseguró: «Cuando te persiguen con calumnias y con saña, uno sufre», pero los familiares «sufren mucho más». Por eso, les dijo: «Tenéis un hijo honesto».
Francisco Caamaño
>El ministro de Justiciaseñaló que el 'caso Campeón' es «un infundio» y se declaró «indignado como ministro» por las revelaciones de la prensa. El 6 de octubre, cuando EL MUNDO reveló las primeras acusaciones, declaró: «Las personas de bien saben perfectamente que las declaraciones hechas por una persona que ha estado en la cárcel [...] [por el empresario Jorge Dorribo], no merecen credibilidad alguna y no voy a ser yo quien contribuya a difundir ese infundio». El 5 de noviembre, con más datos sobre la mesa, insistió: «Pepe no tiene nada que esconder» y «está indefenso».
Ramón Jáuregui
>El ministro de la Presidencia también ha intervenido para defender a su compañero en el Consejo de Ministros en distintas ocasiones. El 6 de octubre, tras estallar el caso, aseguró que lo conocido de la 'operación Campeón'era sólo «una campaña de difamación» y «juego sucio para atacar al PSOE» en plena campaña electoral. El que era cabeza de lista socialista por Álava defendió la «honorabilidad» de Blanco y aseguró que la acción de la Justicia sería la que dejaría «a cada uno en su sitio».
José Bono
>El presidente del Congreso dio desde el principio toda la credibilidad a José Blanco: «Entre un delincuente y un ministro, siempre creo al ministro». Además, minimizó el caso con respecto a otros escándalos de corrupción, como el 'caso Gürtel': «El 'caso Campeón'tiene una entidad menor», dijo, «una cosa es hacer gestiones [acusan a José Blanco de cobrar comisiones por ello] y otra hacerse rico a costa de la visita del Papa» a Valencia, en referencia a las supuestas comisiones que cobró Correa de la Generalitat Valenciana.
Elena Valenciano
>La jefa de campaña de Rubalcaba ha dado la cara muchas veces por José Blanco. El 6 de octubre, sentenció directamente que en esta investigación judicial «no hay causa, ni caso» y que lo instruido «no tiene ni pies ni cabeza». «Estamos en campaña electoral y es evidente que el PP va a seguir utilizándolo, pero no hay más que una inmensa calumnia y una inmensa falsedad», enfatizó. La dirigente socialista insistió el 7 de noviembre en que todo «es una campaña contra Pepe Blanco organizada en el entorno de una campaña electoral».
División en el Ejecutivo sobre si su portavoz debe dimitir
En La Moncloa hay división de opiniones a cuenta de la situación del ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, después de que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Supremo su imputación en el llamado caso Campeón. La mayoría de las fuentes consultadas defiende que Blanco siga ejerciendo como portavoz en funciones hasta que el nuevo equipo de Gobierno capitaneado por Rajoy ocupe su puesto.Quienes así opinan dan por hecho que, a falta de dos semanas para la constitución de las Cortes y tres para la investidura del nuevo presidente, no cabe pensar en una dimisión. Apuntan, eso sí, que la actuación de Blanco será de mínimos, limitándose a dar cuenta de los asuntos de trámite que reciban la luz verde del Consejo de Ministros saliente.
Estas fuentes añaden que el portavoz tiene previsto restringir al máximo su comparecencia de los viernes tras la reunión del Gobierno, con el argumento de que éste ya funciona al ralentí y no debe tomar posiciones políticas que puedan prejuzgar la acción del futuro Ejecutivo.
No obstante, en los círculos todavía gubernamentales existen otras voces que, desde el anonimato, consideran que lo apropiado sería que Blanco dimitiese de inmediato y que Zapatero atribuyese a cualquier otro ministro las funciones de portavoz para los tres Consejos que restan.
Señalan en favor de esta solución el hecho de que la portavocía no tiene por qué ser una cartera ministerial, de manera que otro miembro del Gabinete podría asumir las funciones que se le atribuyen. Citan, por ejemplo, al titular de Presidencia, Ramón Jáuregui, quien, tras la salida de Rubalcaba del Gobierno, preside todas las semanas la comisión de secretarios y subsecretarios.
En paralelo, en la sede del PSOE optan por callar. El secretario de Organización, Marcelino Iglesias, se limitó ayer, tras la Ejecutiva Federal, a repetir el mensaje de respeto a las decisiones judiciales. «Los socialistas confiamos siempre en el buen trabajo de la Justicia», afirmó antes de indicar que en la reunión de la dirección «nadie» había hecho referencia a la decisión de la Fiscalía.
En esto, como en todo en la vida, siempre habla quien tiene más que callar.
ResponderEliminarQue se haga justicia con este caso campeón, que estas hecho todo un campeón.