M. RAMÍREZ / I. RIOJA / Vitoria
25/10/2011/El Mundo
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quiere apurar su acreditada influencia sobre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y volverá a reunirse con él al más alto nivel para forzarle a articular antes del 20-N una «política penitenciaria flexible». También le solicitará que se implique en la legalización de Sortu y en la supresión de la doctrina Parot, dos cuestiones sobre las que tiene que decidir el Tribunal Constitucional.
«Espero estar en breve con Zapatero. La legislatura está a punto de acabar y creo que merece la pena», dijo ayer por la mañana el presidente del PNV, que acudió a Vitoria para reunirse con el lehendakari, Patxi López, dentro de la ronda de reuniones abierta en el País Vasco para valorar el comunicado de ETA del pasado jueves. Dicho y hecho. Por la tarde, Moncloa anunció que mañana mismo el presidente del Gobierno recibirá a Urkullu.
Entre uno y otro anuncio, el Gobierno vasco se apresuró a desactivar este nuevo intento del PNV de ganar centralidad en la política vasca. «Están nerviosos. Se les agota la capacidad de influencia en Madrid, están fuera de los resortes de poder en Euskadi y la izquierda abertzale se les echa al cuello. Quieren hacerse notar desesperadamente», manifestó a este periódico un portavoz autorizado del lehendakari.
En cualquier caso, los socialistas entienden que no hay tiempo para abordar lo que ya han bautizado como «posterrorismo» antes de las elecciones generales. El candidato a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro Antonio Camacho o el propio presidente, en su valoración de urgencia tras el anuncio de ETA, incidieron en que será el Gobierno que salga de las urnas el 20-N el que aborde cuestiones como la política penitenciaria, que son de su exclusiva competencia.
El lehendakari no compareció ayer ante los medios tras su entrevista con Urkullu, pero el Ejecutivo vasco difundió una nota del encuentro en la que sugería aplazar la toma de decisiones hasta después del 20-N por «las dificultades» de llegar a acuerdos en el actual contexto electoral. En este sentido, López incidía en su voluntad de colaborar con el próximo Gobierno central «para resolver los problemas que el terrorismo ha generado, y en especial el tratamiento resocializador de los presos en la medida que éstos manifiesten su voluntad de integrarse en la democracia y la legalidad vigente».
En el PNV, en cambio, consideran que sí hay tiempo para dar algunos pasos. Entre las prioridades que quiere abordar cuanto antes Urkullu se encuentra un acercamiento de los presos de la banda al País Vasco. «Es posible una política penitenciaria que no sea castigo para los familiares de los presos», manifestó el dirigente nacionalista.
El partido peneuvista, según la hoja de ruta que ha diseñado para abordar el fin del terrorismo, desea eliminar, en su conjunto, «las medidas de excepcionalidad» puestas en marcha a lo largo de estos años para arrinconar a ETA y su entorno. Esto supondría no sólo dar luz verde a la más reciente marca de la antigua Batasuna, Sortu, sino «la derogación de la Ley de Partidos», medida que Urkullu considera «urgente».
Y es que los nacionalistas entienden que las sucesivas ilegalizaciones de partidos han hecho que las instituciones vascas no sean «reflejo de la realidad social». Desde el mismo nombramiento de Patxi López como lehendakari, el PNV ha insistido en que es un gobernante «ilegítimo», al haber obtenido mayoría cualificada en un Parlamento en el que, por vez primera, no estaba representada la izquierda abertzale como tal.
En este sentido, Urkullu volvió a sugerir ayer la necesidad de un adelanto de las elecciones autonómicas. Negó hasta en dos ocasiones habérselo pedido de manera formal al lehendakari, pero repitió que fue designado en unas «circunstancias» muy concretas en las que en el Parlamento «no estaban representadas todas las sensibilidades ideológicas».
El presidente del PNV entregó esa hoja de ruta a López, que ya presentó la suya hace unas semanas en el Parlamento vasco en forma de decálogo y que también incluía incentivos penitenciarios condicionados a la «reinserción» de los etarras. Los peneuvistas entienden que ese documento ya está «superado» y pidieron que «sea una prioridad», sea cual sea la fórmula elegida para gestionar el fin del terrorismo, la atención a las víctimas de ETA y también al colectivo denominado «víctimas de motivación política» y que incluye a personas que sufrieron abusos policiales.
«No podemos caer en el error de la desmemoria», señaló Urkullu, quien indicó que «es posible» una política penitenciaria que incluya «medidas personalizadas» para casos como los presos enfermos. Consideró asimismo «imprescindible» que la izquierda abertzale se suba ya al carro del reconocimiento de las víctimas y del daño causado.
López, sin embargo, defendió la vigencia de su plan de «concordia» y «convivencia». También lo hizo su consejero de Interior, Rodolfo Ares, que aprovechó para criticar los planteamientos de amnistía que se suceden desde la izquierda abertzale. «No hay ninguna posibilidad en nuestra legislación», proclamó en una entrevista, informa Efe.
Ares mantuvo que cada preso de ETA deberá hacer el «recorrido» de forma individual para acogerse a los beneficios penitenciarios. El consejero reclamó prudencia para aplicar una política penitenciaria en la que incluyó el acercamiento progresivo de los reclusos a cárceles próximas al País Vasco y que deberá contar con el apoyo de todos los partidos.
Con todo, a los socialistas vascos les está costando articular un discurso único sobre el final del terrorismo. Si la semana pasada fue el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, el que criticó la política del lehendakari, ayer el ex alcalde de San Sebastián y candidato del PSOE por Guipúzcoa el 20-N, Odón Elorza, reclamó abiertamente revisar la condena de Arnaldo Otegi y legalizar Sortu.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Josean Izarra
MIGUEL M. ARIZTEGI / Bilbao
25/10/2011
Bildu intercederá por los presos
UPyD rechazará la impunidad
>Gorriarán explicó que el portavoz de UPyD en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro, se reunirá con el 'lehendakari' si le llama. Y le transmitirá la oposición del partido a «cualquier mesa extraparlamentaria», como «la mesa de partidos que siempre ha reclamado ETA y que sería una forma de colar a Bildu en las negociaciones».
>UPyD no estará en contra de aplicar medidas de reinserción a los presos que cumplan tres condiciones: que rompan con ETA, que pidan perdón a las víctimas y que colaboren con la Justicia en la resolución de los 300 asesinatos de la banda que quedan por resolver
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
25/10/2011
Rajoy promete que no negociará
Mariano Rajoy se aplicó ayer a paliar el desconcierto que él mismo generó el jueves pasado entre su electorado tras su entusiasta aplauso al comunicado de ETA. Un desconcierto rayano en algunos sectores y en los últimos días en abierta desafección hacia el candidato.
Y es que, cuanto más celebra la izquierda el ejercicio de responsabilidad del líder del PP, más desconfían los propios sobre sus verdaderas intenciones en la gestión del llamado proceso de fin de ETA. Unos, los más fieles, interpretan la «buena noticia» expresada por Rajoy como un gesto de inteligencia electoral; otros, los más enfadados, ven en la negación por su parte de «concesiones políticas» la previsión de cesiones futuras.
Así, al día siguiente de su comparecencia, las números dos y tres de Rajoy -María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría- se apresuraron a matizarle y a presentar al PP como «garante» de la ley frente a las pretensiones políticas de la banda terrorista. Y ayer fue el propio presidente popular el que prometió en primera persona que, si llega al Gobierno, no va a negociar.
«Con ETA no hay nada que negociar», fueron sus palabras en la Cope. «Aquí hay un Estado de Derecho y por encima del Estado de Derecho no hay nadie», enfatizó Rajoy, frente a quienes, a izquierda y derecha, le atribuyen una nueva hoja de ruta, pactada con el PSOE, y encaminada a la integración progresiva del mundo etarra -presos incluidos- en la vida ciudadana.
Rajoy no concretó. Ni habló ayer del acercamiento de presos, ni de la mesa de partidos en el País Vasco, ni de la posible revisión de la doctrina Parot. Él insistió en su argumento de no hacer la campaña a la izquierda abertzale. Lo que sí dijo, en línea con la no negociación, fue que «hasta que se disuelva irreversiblemente, ETA sigue existiendo y hasta entonces todos los demócratas debemos estar unidos y aplicar la ley y el Estado de Derecho; detener a todas las personas que hayan cometido actividades criminales, ponerlos a disposición de la Justicia y la Justicia, actuar».
Pero cuando se le preguntó si ello implica promover la ilegalización de las marcas políticas de ETA, Rajoy fue formalista: contestó que sí, pero en absoluto instó al Gobierno a hacerlo en estos momentos. «Eso incluye promover la ilegalización de las marcas de ETA, como se ha intentado hasta ahora, si la Guardia Civil y la Policía aportan datos suficientes», dijo.
Además, Rajoy insistió en que ETA no ha obtenido rédito político, Redujo, en este sentido, los pretendidos objetivos de la banda a dos: la independencia y la territorialidad (la anexión de Navarra), obviando su presencia en las instituciones sin una previa condena de los asesinatos. El líder del PP volvió a absolver al Ejecutivo de la legalización de Bildu por parte del Tribunal Constitucional, así como de cualquier pretendido diseño de «calendario político» en relación con el fin de la banda. «Si hay algún calendario político diseñado por alguien, estará diseñado por ETA única y exclusivamente», dijo.
Así las cosas, sus palabras de ayer apenas aplacaron los recelos de los más decepcionados entre los populares. Pero sí compensaron a los que, aún cerca de las víctimas, han visto en la posición de Rajoy una determinación de no caer en la tercera trampa electoral que le tiende el terror: «La primera vez que éste se coló en su carrera a La Moncloa», decía a este diario un destacado popular, «faltaban tres días para el 14-M de 2004; la segunda, con el asesinato del edil socialista Isaías Carrasco, el 7 de marzo de 2008, tras años de críticas al PSOE por negociar con ETA, sólo faltaban dos días para las urnas; la tercera vez, con el comunicado a un mes del 20-N, la irrupción no ha sido sangrienta, pero al candidato le ha pillado prevenido y se ha echado la mano al bolsillo antes de que le roben la cartera, o sea, el discurso»
LEYRE IGLESIAS / Bilbao
25/10/2011
Basagoiti, contra la mesa de partidos
MARÍA PERAL / Madrid
25/10/2011
'Egunkaria' pide 17 millones por el cierre que ordenó Del Olmo
Los representantes del periódico Egunkaria, cerrado por el juez Juan del Olmo bajo la acusación de ser un instrumento de ETA, reclaman al Estado 17.024.494,75 euros por los daños causados por un proceso judicial que duró nueve años y acabó en agua de borrajas, con la absolución de todos los encausados y la declaración por la propia Audiencia Nacional de que la clausura del diario, el único que se publicaba en euskara en la década de los 90, «no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal expresa que la autorizara».
Egunkaria ha articulado su demanda por la vía del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, un camino que el Consejo General del Poder Judicial no comparte. Según el órgano de gobierno de los jueces, que informa preceptivamente de todas las reclamaciones patrimoniales por el funcionamiento de los órganos judiciales, el caso de Egunkaria «entra dentro del ámbito propio del error judicial», según se indica en un informe aprobado ayer por el CGPJ. La ley establece una vía específica para obtener indemnizaciones por errores judiciales, que deben ser declarados previamente por el Tribunal Supremo.
La demanda no deja lugar a dudas sobre el daño que causó al periódico vasco la actuación del juez Del Olmo, avalada durante la instrucción por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional e, inicialmente, por la Fiscalía (que al final se apartó de la acusación).
La demanda recuerda que el caso Egunkaria comenzó en 2001 sobre la base de informes de la Guardia Civil referidos a las finanzas de ETA desde la perspectiva del blanqueo de capitales. La investigación se refería en un principio a la determinación de si el periódico era una vía de financiación de la banda terrorista o, por el contrario, recibió dinero de ETA procedente de la extorsión y el secuestro.
Esa línea de trabajo resultó «un estrepitoso fracaso», sostiene la demanda. No es una afirmación hecha en el aire: la propia sentencia absolutoria que dictó en abril de 2010 la Sección Penal Primera de la Audiencia Nacional admitió que la investigación sobre el supuesto blanqueo de fondos «no dio resultado». Entonces se produjo un giro en la instrucción. Ya no se trataba de los flujos dinerarios de ETA a Egunkaria o viceversa, sino de la tesis de que el periódico era un instrumento al servicio de la banda terrorista, que controlaba ese medio de comunicación.
Sobre tal base, Del Olmo autorizó a la Guardia Civil a efectuar registros y llevar a cabo detenciones. En febrero de 2003, el instructor acordó el cierre temporal del periódico y bloqueó todas sus cuentas y activos. También ordenó la inmovilización de las subvenciones que el Gobierno vasco había acordado a favor del diario [la sentencia que puso fin al proceso destacó que el Ejecutivo autonómico aportó a Egunkaria 1.500 millones de pesetas entre 1994 y 2002]. Estas medidas cautelares se prolongaron durante dos años.
En julio de 2003, Del Olmo nombró a un administrador judicial que informó de que la empresa era inviable a consecuencia de la intervención. Egunkaria fue devuelta a sus anteriores administradores para que la liquidaran. Al término de la liquidación, y después de pagar a todos sus acreedores, el diario ofreció un saldo positivo de 243.351,96 euros.
La demanda sostiene que Egunkaria «no estaba jurídicamente obligada a soportar el daño que le ha causado la actuación anormal, por desproporcionada, de la Administración de Justicia».
La sentencia absolutoria no sólo declaró que el cierre cautelar del diario tenía difícil encaje en el ordenamiento jurídico, sino que también calificó de «artificiosa» la hipótesis acusatoria y señaló que la afirmación de que ETA controlaba el periódico «carece del más mínimo sustento probatorio, es mera especulación»
Todos a la carrera de la ignominia, una vez hecho el mal, que más da seguir en lo mismo.
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