La Justicia investiga la medalla pensionada de Interior a Bermúdez

FERNANDO LÁZARO / Madrid

10/10/2011/El Mundo

Según la denuncia admitida, parece «que Rubalcaba condecora a sus jueces favoritos»

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la denuncia de la asociación de juristas Preeminencia del Derecho contra las últimas resoluciones de concesión de medallas pensionadas del Ministerio del Interior, cuando lo dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba, a jueces de la Audiencia Nacional como Javier Gómez Bermúdez o Fernando Grande-Marlaska, y a fiscales de esa misma sede, como Vicente González Mota.

En su escrito de denuncia, esa asociación entiende que, en todos los casos -tanto el de las condecoraciones con distintivo rojo, que suponen una asignación económica de por vida, como el de las blancas, que son sólo honoríficas-, «se vulnera el principio de independencia e imparcialidad de la Justicia y de la Fiscalía». «La impresión que se proyecta es que Rubalcaba condecora a sus jueces favoritos», añade el escrito. No era la primera medalla de Interior para Gómez Bermúdez. El mismo ministro ya le había condecorado con otra similar por sus «méritos penitenciarios».

La Sala de lo Contencioso-Administrativo no sólo da luz verde a que se abra una investigación judicial sobre estas medallas, sino que también requiere a la Policía para que, en el «plazo improrrogable de 20 días», le remita el «expediente administrativo, original o copiado, completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga». Además, el tribunal entiende que se debe dar traslado de la resolución en la que se atiende la petición para investigar a todos aquellos «interesados».

Y esos interesados a los que se refiere la decisión judicial son los jueces y fiscales que percibieron la condecoración pensionada por el Ministerio del Interior en 2010.

La denuncia admitida a trámite entiende que los jueces y fiscales están sometidos a la Ley de Incompatibilidades. «Ningún funcionario puede desempeñar actividad alguna (la concesión y recepción de medallas lo es) que pueda menoscabar su independencia o imparcialidad en el ejercicio de su función. Esto no es sólo un mandato ético racional, desconocido por ese ministerio y los premiados, sino un precepto legal, establecido en el artículo 1.3 de la Ley de Incompatibilidades, aplicable a fiscales, jueces y magistrados».

Los denunciantes creen que «es evidente que los jueces (todos del orden penal) premiados por la Dirección General de la Policía, al recibir un premio de un interviniente e interesado habitual en los procesos penales por delitos perseguibles de oficio (que son la inmensa mayoría), quedan comprometidos en su independencia e imparcialidad y cuanto más los que pasan a cobrar de por vida de la propia Policía. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene ordenado a los jueces abstenerse de toda actividad que pueda permitir racionalmente poner en duda su imparcialidad, y aceptar premios de los intervinientes en los procesos sin duda pone en tela de juicio la completa imparcialidad del juez».

Pero, además, los denunciantes consideran que ni siquiera se cumplen los mínimos exigidos por la ley para hacerse acreedores de la condecoración con distintivo rojo, la pensionada. El grupo de juristas interpreta que la legislación exige haber puesto en riesgo la vida. «Ni los magistrados Gómez Bermúdez o Grande-Marlaska ni el fiscal condecorado se han visto expuestos a situación meritoria de riesgo personal alguno que justifique la concesión del distintivo rojo a tenor de lo previsto en la ley: observar una conducta que, sin llenar plenamente las condiciones exigidas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial, merezca especial recompensa en consideración a hechos distinguidos o extraordinarios en los que haya quedado patente un riesgo o peligro personal».

La asociación Preeminencia del Derecho ya había presentado un escrito en Interior para que se revisara esta concesión de medallas, pero el Ministerio lo rechazó de plano, por lo que recurrió al Tribunal Superior de Justicia.

Las condecoraciones otorgadas por Interior provocan enormes polémicas año tras año. Son muchas voces las que se levantan para alertar de que son pagos por «servicios prestados» a muchos de los funcionarios que las perciben o «subidas encubiertas de sueldo». Y es que un gran número de las medallas no sólo son una distinción, sino que conllevan importantes gratificaciones económicas de por vida.

La asociación Preeminencia del Derecho está dirigida por el abogado de Murcia José Luis Mazón, que es uno de los letrados más beligerantes de España: él firma, por ejemplo, la querella contra Baltasar Garzón por los pagos del Santander o la denuncia que terminó con la única condena en bloque de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Mazón también fue el letrado de la acusación contra el juez Ferrín Calamita, que terminó condenado por obstruir de manera fraudulenta una adopción a una pareja de lesbianas, e intentó que el Tribunal de Cuentas investigase si el Gobierno de Aznar destinó fondos públicos a promocionar la concesión a éste de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos

Unos premios siempre criticados

Este año, el Ministerio del Interior ha pegado también un 'tijeretazo' importante en la concesión de medallas con distintivo rojo, condecoraciones que llevan aparejada una pensión vitalicia. El número de funcionarios policiales que se han visto recompensados por estas medallas ha sido mínimo con respecto a años anteriores. De nuevo, los sindicatos policiales han criticado lo que consideran un «reparto» a los «amigos» y, en algunos casos, subidas encubiertas de sueldo. Históricamente, los sindicatos de la Policía han dejado constancia de que la gran mayoría de los agentes que reciben la roja no han puesto en riesgo sus vidas, como reclama la ley