FERNANDO LÁZARO / Madrid
03/10/2011/El Mundo
Para unos, la maniobra política supuso un ascenso. Para otros, pagar daños colaterales y enfrentarse a una posible sanción que manchará gravemente su historial policial. Hasta tres meses por falta grave, impuesta por el director general de la Policía.
En vísperas de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, desde el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Rubalcaba, se dio instrucción a todas las dependencias policiales para que se remitieran datos operativos sobre criminalidad, ya que «nos requiere Moncloa para las elecciones». La instrucción fue cursada por la entonces directora del gabinete del secretario de Estado de Seguridad, Victoria Sánchez. Tras la salida de Rubalcaba de Interior y el ascenso de su número dos, Antonio Camacho, la autora de la petición ascendió a directora general de Protección Civil.
El requerimiento electoral de datos a los mandos policiales fue desvelado por EL MUNDO el pasado 4 de abril. Sánchez remitió la petición por correo electrónico al director adjunto operativo (teórico número dos de la Policía), Miguel Ángel Fernández Chico.
La publicación de ese requerimiento electoral desató una caza de brujas interna e inmediata en la Policía por orden de su director general, Francisco Javier Velázquez.
Sin embargo, tuvo poco recorrido porque antes de que se iniciaran las investigaciones, el comisario principal, José María R. C., informó personalmente a sus superiores de que el e-mail había salido de su ordenador, tal y como le había confesado su esposa escasas horas antes. Un hecho que quedó demostrado en el expediente disciplinario instruido al citado mando policial.
La esposa, periodista de profesión, declaró ante el instructor que ha llevado la investigación interna del caso que actuó, en un arrebato, indignada por el uso que el PSOE estaba haciendo de una institución como la Policía, la cual -a sus ojos- debía permanecer neutral y al margen de las luchas partidistas. «Fue un correo electrónico inmoral, inadecuado y sucio en el que los responsables del Ministerio quedaron perfectamente retratados. De ahí el interés de convertir a mi marido en un cabeza de turco, como aviso para navegantes», declaró Jiménez a este periódico. «Y así se lo dije al instructor cuando me interrogó. La decisión final del director general, de aumentar la propuesta de sanción inicial del instructor, de 10 días de suspensión a tres meses, es una prueba clara de lo que estoy afirmando», añadió.
Una de las obsesiones más importantes del Ministerio del Interior durante los últimos años ha sido tratar de identificar a las fuentes de las informaciones publicadas y que no nacen de cauces oficiales; es decir, que no están bajo el control del Departamento de la Seguridad del Estado.
El instructor del procedimiento propuso entonces una sanción contra el comisario principal de Policía, José María R. C., tras asegurar que la información había salido de su ordenador, que el correo reenviado y que acabó en manos de EL MUNDO había partido de su terminal.
Antes de ser sancionado o de resolverse el expediente, este comisario ya fue cesado en su cargo, uno de los más relevantes de la Policía, y enviado como número dos a una comisaría de distrito, en Madrid, a las órdenes de otro miembro de la escala superior de inferior categoría.
Inicialmente, el instructor de las diligencias, otro comisario, entendió que se trataba de una falta grave pero que la sanción que se debía firmar contra este mando policial debía ser de 10 días de suspensión de empleo y sueldo. Entendía el instructor que no se le podía acusar a este mando policial de haber realizado él la filtración.
El instructor tiró de legislación preconstitucional ya derogada (Decreto 2038/1975), para justificar su actuación sancionadora.
Fue la mujer del comisario sancionado la que aseguró que había reenviado ese correo en un momento en que su marido no se encontraba en su despacho, en la División de Coordinación Económica y Técnica. Su esposa estaba realizando un trabajo de documentación en su centro policial, para elaborar un libro, y cuando concluyó sus gestiones acudió a buscar a su marido al despacho. Éste, en ese momento, no estaba, y ella se quedó esperándole allí, momento en el que reenvió el correo.
La investigación no acusa al comisario principal de haber filtrado la información. El instructor le considera responsable de no haber custodiado eficazmente información interna.
El motivo de la sanción, dejar el despacho abierto y el ordenador encendido, provocó un fuerte malestar entre los comisarios de la Policía. De hecho, alguno de ellos se autoinculpó de haber cometido el mismo «error» de este comisario: dejarse el ordenador abierto.
Pero la sanción que proponía el instructor (10 días) se quedó en papel mojado.
El director general ha decidido dar un nuevo escarmiento y, pese a que no tiene elementos para actuar con más contundencia contra el sancionado, ha revocado la sanción de 10 días y la ha aumentado hasta los tres meses de suspensión de empleo y sueldo, la sanción máxima para este tipo de faltas.
Esta decisión, calificada de «política» por muchos altos mandos de la Policía consultados por este periódico, ha aumentado el malestar contra Velázquez en el seno policial.
Estas mismas fuentes entienden que la actitud sancionadora del jefe político de la Policía tiene mucho que ver con el hecho de que la información dejara claras las maniobras de Interior para utilizar de forma partidista datos policiales
Pues claro, están los que son de la kgb, que juegan a ser policías, y eso no puede ser. Y asi funciona todo en esta institución, valorada por los españoles y infladesvalorada por sus dirigentes (kgb y cia).
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