El Tribunal de Cuentas investigará privilegios a ex diputados aragoneses

• Generosas indemnizaciones

  
  

  23-10-2011 | S. S. G. Madrid |La gaceta

  Las “indemnizaciones por cesantía” no estaban contempladas en los Presupuestos autonómicos. La Mesa de la Cámara regional aprobó una paga para parlamentarios que se quedaron en paro.

• A raíz de la denuncia presentada por la Asociación para la defensa de la Función Pública aragonesa, el Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación sobre presuntos privilegios que se habrían dispuesto para parlamentarios que, al dejar las Cortes de Aragón, pudiesen atravesar dificultades económicas. Estas denominadas “indemnizaciones por cesantía” fueron aprobadas por la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces el pasado 7 de junio, dos semanas antes de las elecciones autonómicas. En aquel momento, la victoria del PP en las urnas aún estaba por llegar y era el PSOE, con Marcelino Iglesias como jefe del Gobierno aragonés, quien tenía el control del Parlamento regional. Fue, precisamente, el entonces presidente de la Cámara, el socialista Francisco Pina, quien, según las fuentes parlamentarias consultadas, impulsó la puesta en marcha de esta prebenda y llevó el peso de las negociaciones con el resto de partidos.

  En concreto, el acuerdo establecía la percepción de una cuantía mensual en función de los años de ocupación del escaño, con un límite máximo de 18 mensualidades. Mientras en otras regiones se apuesta por la austeridad, esta paga, orientada a futuros diputados aragoneses en paro, asciende a 2.965,97 euros brutos al mes. Como requisitos para poder acogerse a este privilegio, sus señorías deben primero inscribirse en las listas del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), acreditar su baja en la Seguridad Social y presentar su declaración de la renta y de bienes. Cerca de una decena de ex parlamentarios autonómicos, principalmente del PSOE, Partido Aragonés (PAR) y Chunta Aragonesista (CHA), habrían podido beneficiarse estos meses de dicha compensación. La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa dirigió sendos escritos de denuncia a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de dicho órgano fiscalizador el pasado 29 de julio de 2011. Después de aquello, la propia asociación desveló hace unos días que la institución presidida por Manuel Núñez había ordenado la apertura de diligencias preliminares para esclarecer los hechos.

  A juicio de los denunciantes, esta tipología de indemnizaciones se había acordado por un órgano incompetente –la Mesa de las Cortes– en lugar del Pleno del Cámara, donde la decisión habría tenido mayor transparencia. Asimismo, la asociación considera que el Parlamento aragonés, en los últimos días de la era Iglesias, vulneró también los principios de publicidad y de cobertura presupuestaria, ya que estos pagos “no figuraban autorizados en la Ley de Presupuestos de la comunidad”. En los escritos también se hace hincapié en que algunos de los miembros integrantes de la Mesa “eran personas directamente afectadas por dicho acuerdo, al ser potenciales beneficiarios del mismo”. De este modo, recalcan los denunciantes, ello “venía a establecer una clara confusión entre intereses personales y el interés público que ha de prevalecer en toda decisión institucional”. En ese perfil de firmante-promotor de la medida y a la vez potencial beneficiario se encuadraba, por ejemplo, el presidente de las Cortes aragonesas, Francisco Pina, quien el 7 de junio sabía que iba a tener difícil seguir en la Cámara regional al ser desplazado a los puestos de salida de la lista por Huesca. Al final, Pina consiguió mantener el escaño.

  No es la primera vez que esta asociación cuestiona al entorno de Marcelino Iglesias. En febrero, presentó un recurso contra el entonces presidente de Aragón por vulnerar el derecho fundamental de petición al no “realizar acuse de recibo ni dar respuesta a ninguna de las peticiones que le han sido dirigidas a lo largo de estos cuatro años” desde este colectivo. Los denunciantes lamentan que “la sociedad civil tolere decisiones públicas que contravienen las reglas más básicas del Estado”.