MARÍA PERAL / Madrid
Por JOSÉ MARÍA AZNAR Página 17
27/10/2011/El Mundo
El titular de Justicia, Francisco Caamaño, ha convocado hoy a un acto en el Ministerio a 10 cargos de la Judicatura y de la Fiscalía para «transmitirles el reconocimiento del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y en la defensa del Estado de Derecho». La convocatoria se produce siete días después de que ETA anunciase el «cese definitivo de la actividad armada» y siete días antes del comienzo formal de la campaña electoral. Varios de los convocados han admitido con desagrado el «tufo electoralista» que desprende la convocatoria, sin precedentes en decenas de años de trabajo en el ámbito del terrorismo.
El ministro de Justicia celebrará esta mañana una reunión con 10 altos cargos judiciales y del Ministerio Público cuya finalidad es «transmitir el reconocimiento del Gobierno a la tarea de jueces y fiscales en la lucha contra el terrorismo y en la defensa del Estado de Derecho», de acuerdo con la nota de prensa difundida ayer. El Ministerio ha convocado a los medios gráficos al mediodía para inmortalizar el evento.
Nunca antes el Gobierno había protagonizado un encuentro como éste, que se produce una semana después del comunicado de la banda terrorista ETA anunciando el «cese definitivo de la actividad armada». La vinculación de la convocatoria a ese acontecimiento se desprende del hecho de que los magistrados y fiscales empezaron a ser citados el lunes e incluso algunos no fueron convocados hasta ayer mismo. No se trata, pues, de un proyecto previsto con antelación dentro del programa de trabajo del ministro de Justicia en homenaje a los años de esfuerzo que la Fiscalía y la Judicatura han dedicado al terrorismo, sino de una iniciativa de los últimos días.
La reunión se celebra, además, con un ministro en plena precampaña electoral (Caamaño encabeza la lista del PSOE al Congreso por La Coruña) y a una semana del comienzo formal de la campaña. Varios de los asistentes han comentado, con desagrado, esa coincidencia.
Otros han considerado «inoportuna» la convocatoria porque, en su opinión, en el proceso que se abre tras el anuncio de ETA «no hay que hablar ni presumir, sino ser prudentes y cautelosos».
Alguno más, finalmente, ha manifestado su distancia con el objeto de la convocatoria en los términos en los que se ha difundido por el Ministerio. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, una de las autoridades citadas al acto, ha señalado que «si lo que se quiere es reconocer que los jueces del País Vasco hemos estado realizando nuestro trabajo en condiciones muy difíciles y peligrosas y sometidos a una enorme presión social me parece bien. Pero no aceptamos que a eso lo llamen 'lucha contra el terrorismo' porque los jueces no estamos en ninguna guerra ni en ninguna lucha. Los jueces aplicamos la ley con imparcialidad y con independencia y el concepto de 'lucha' es lo más alejado que hay de la imparcialidad y de la independencia».
Junto a Ibarra han sido convocados otros cuatro magistrados: el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra; el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal de esa Audiencia, Javier Gómez Bermúdez, y el decano de los jueces centrales de instrucción, Santiago Pedraz. El presidente del Supremo, Carlos Dívar, fue invitado pero no asistirá por encontrarse de viaje fuera de España.
A la reunión están convocados también cinco representantes del Ministerio Público: el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido; el teniente fiscal, Juan Martín Casallo; el fiscal de Sala Antonio Narváez, encargado de los procesos de ilegalización de las formaciones políticas vinculadas a ETA; el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el jefe de la Fiscalía del País Vasco, Juan Calparsoro.
Asistirán, asimismo, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes, cerebro de los procesos de ilegalización del entorno de ETA promovidos por el Gobierno.
En una entrevista en la cadena Ser recogida por Europa Press, Caamaño sostuvo que el anuncio de ETA del pasado día 20 ha traído consigo «el inicio de un nuevo clima» en el ámbito carcelario.
Añadió que, independientemente de que pueda darse ese «nuevo clima», la ley y el Estado de Derecho se seguirán aplicando «en los procesos judiciales en curso».
«Hasta ahora, la aplicación de la ley ha sido una buena vía segura y creo que es la que tenemos que seguir manteniendo», dijo, al tiempo que emplazó al Gobierno que salga de las próximas elecciones generales a encargarse de las decisiones relativas a la política antiterrorista.
En este sentido, señaló que deberán ser «gobiernos futuros» los que decidan sobre la doctrina Parot, la supresión del primer grado para algunos presos etarras o la concesión de posibles indultos.
«Es algo que habrá que decidir en un futuro. Hasta la política en esto es clara. Nunca se ha indultado a nadie que haya cometido delitos de esa naturaleza y, por tanto, serán gobiernos futuros, y en función de los escenarios también futuros, los que hayan de tomar esa decisión».
Preguntado por la situación del ex líder de Batasuna Arnaldo Otegi, Caamaño manifestó que «más allá de sus responsabilidades penales, todo lo que sea caminar en la búsqueda y la consolidación de la paz será bueno»
Esto ya es un cachondeo, ahora a dictar los últimos entresijos para soltar a los asesinos, y recibir las instrucciones. Manda carallo, y esto es la justicia??, espero que la otra justicia que no es terrenal, les pase factura.
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