Caamaño quiere celebrarlo, además de con el 'picnic' judico en Cercedilla, condecorando a jueces y fiscales

MARÍA PERAL / Madrid

28/10/2011/El Mundo

Propondrá la máxima distinción jurídica para ellos tras el comunicado de ETA

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció ayer en una reunión con cargos de la Judicatura y de la Fiscalía que propondrá al Consejo de Ministros la concesión de la gran cruz de San Raimundo de Peñafort -la máxima distinción existente en el mundo jurídico- a los colectivos de jueces, fiscales y abogados del Estado que han intervenido en la consolidación del Estado de Derecho frente al terrorismo de ETA.

Caamaño comunicó esta iniciativa a los fiscales y magistrados asistentes a un encuentro convocado en plena precampaña electoral y siete días después de que la banda terrorista anunciase el «cese definitivo de la actividad armada». El ministro negó en declaraciones a la prensa la finalidad electoralista del encuentro señalando que «es el fin de un Gobierno y, cerca de ese momento [las elecciones generales], se produce una noticia muy buena para todos los españoles, una noticia especialmente buena para los ciudadanos del País Vasco».

Para Caamaño, «de la misma manera que el ministro del Interior se acuerda de inmediato de las Fuerzas de Seguridad del Estado, es normal que el ministro de Justicia traslade ese afecto a los jueces, fiscales y secretarios que tanto han hecho en este país en defensa de la libertad».

El pasado miércoles, al informar de la convocatoria a los medios de comunicación, el Ministerio de Justicia señaló que el objetivo del encuentro era transmitir a los jueces y fiscales «el reconocimiento del Gobierno en la lucha contra el terrorismo», una finalidad que levantó suspicacias entre algunos de los magistrados convocados, que subrayan que el Poder Judicial no es un instrumento más -como la Policía, la Abogacía del Estado o la Fiscalía- de la política antiterrorista del Gobierno, ni los jueces están en «lucha» o «guerra» alguna, sino que se limitan a aplicar la ley desde una posición de imparcialidad e independencia.

Caamaño se cuidó durante la reunión de emplear el término lucha contra el terrorismo. En torno a una mesa con café y pastas, el titular de Justicia agradeció a los convocados, en nombre del Gobierno, el trabajo realizado en el ámbito del terrorismo e hizo votos para que «las cosas sigan yendo bien». En este contexto, comunicó que propondrá al Consejo de Ministros que conceda la gran cruz de San Raimundo de Peñafort a los colectivos de jueces, fiscales y abogados del Estado «implicados en el mantenimiento del Estado de Derecho en condiciones difíciles», dijo, en alusión tanto a los que han intervenido en procesos de terrorismo como a los jueces del País Vasco, que desarrollan su trabajo en especiales circunstancias de presión.

La propuesta de la gran cruz es, como el encuentro mismo, una iniciativa de última hora como consecuencia del comunicado de ETA. A pocas horas de la reunión, el equipo del ministro se planteó si era jurídicamente posible otorgar grandes cruces de forma colectiva -no a personas individuales-, algo que no se ha hecho nunca hasta ahora. Dado el ingente número de jueces, fiscales y abogados del Estado que han trabajado en el ámbito del terrorismo, la idea es conceder una gran cruz al colectivo de jueces vascos, otra al colectivo de jueces de la Audiencia Nacional y así sucesivamente.

Al encuentro asistieron el presidente de la Sala Penal del Supremo, Juan Saavedra; el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra; el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez; el decano de los jueces centrales de instrucción, Santiago Pedraz, y el secretario de gobierno de la Audiencia Nacional, Luis Martín Contreras.

También acudieron el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido; el teniente fiscal, Juan Martín Casallo; el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo, Antonio Narváez, y los fiscales jefes de la Audiencia Nacional y del País Vasco, Javier Zaragoza y Juan Calparsoro. Acompañaron al ministro el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes

«ETA aún no ha desaparecido»

UPyD remarcó ayer en la Cámara vasca su perfil más exigente y derribó sin miramientos una declaración institucional con la que el resto de grupos parlamentarios buscó mostrar su «satisfacción» por el anuncio del cese de la actividad armada de ETA. El texto no fue aprobado dado que para ello es imprescindible la unanimidad. Y si UPyD no lo apoyó fue porque en él no se exigió a la banda terrorista que se disuelva «para siempre» y que entregue sus armas y arsenales. En palabras del portavoz de la formación conservadora en el Parlamento, Gorka Maneiro, se abre «un tiempo de esperanza», pero hay que precisar que ETA no ha desaparecido

M. P. / Madrid

28/10/2011

Se olvidó de invitar a los navarros

La premura de la convocatoria realizada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, hizo que no se incluyera al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
El magistrado Juan Manuel Fernández reprochó públicamente al Gobierno este olvido. En un comunicado difundido ayer, el presidente del Tribunal navarro «lamentó que el Ministerio de Justicia no haya invitado a los jueces y magistrados navarros» y ensalzó la labor de éstos y de los fiscales de esa comunidad, «que han soportado la permanente amenaza terrorista sin merma alguna de su compromiso con la salvaguarda de los derechos y libertades de la sociedad».

SANTIAGO GONZÁLEZ

28/10/2011

No corráis, que es peor

Hace nueve años, en 2002, la dirección de ETA hizo un recuento de sus efectivos: tenía 517 activistas operativos y otros 514 en la cárcel. A la hora de su comunicado, los militantes de la banda en libertad no llegan al medio centenar e Instituciones Penitenciarias cifraba en 702 sus presos. Los datos dan una idea del descalabro que ha sufrido ETA a pesar del respiro que les supuso la tregua y las conversaciones de 2006.

Haber visto reducida su estructura a menos del 10% es una razón de peso para explicar su comunicado, pero las instituciones democráticas no están en la estrategia adecuada. No se entienden las prisas ni la fe. En el anterior proceso de paz el Gobierno negaba las informaciones de Gara cuando eran inconvenientes: «¿Quién es más creíble, Gara y ETA o Rubalcaba y el Gobierno?».

Cinco años después, quienes clasificaban a los agentes entre mentirosos etarras y veraces ministros, apuestan a ciegas por la sinceridad de ETA y por el inequívoco significado del término «definitivo» que califica su cese de la actividad armada. La credibilidad de ETA, gran asunto. Quien ha hecho del asesinato su manera de hacer política, no pensará que las palabras constituyen barrera moral infranqueable. Pero el hecho de que sean asesinos tampoco les incapacita para decir la verdad. Lo harán si les conviene. Igual que los miembros del Gobierno y que todo fiel cristiano.

¿A qué las prisas? ¿Por qué el lehendakari se ha creído obligado a aprovechar la oportunidad que le brinda ETA? ¿Por qué tanta convocatoria, ronda de partidos, de concentraciones ciudadanas gozosas ante los ayuntamientos, de un Congreso Internacional por la Paz y la Convivencia, planes para el acercamiento de los presos, tanta tristeza de tinta que ha de borrar el agua? Llueve sobre mojado. No sé si recuerdan el verano de 2006. Se daba por seguro que Batasuna presentaría unos nuevos estatutos en Interior para que el Gobierno la legalizara. Tanto insistió en ello la prensa amiga que Batasuna entendió su legalización como una necesidad del Estado democrático, no suya.

Está empezando a pasar lo mismo, complicado por las urgencias electorales de los partidos. Las prisas llevaron al ministro de Justicia a convocar a los fiscales y a los jueces, ¿para impartir instrucciones? al tiempo que decía: «Si Otegi está dispuesto a avanzar (en la consolidación de este proceso), siempre será bienvenido». La mala suerte quiso que, al mismo tiempo, Otegi mostrara sus avances, no por haber reflexionado sobre la violencia y la libertad, sino por ser «la estrategia más eficaz para conseguir nuestros objetivos políticos» y llamaba «inmaduros» a quienes piden la disolución de ETA.

Rodolfo Ares ha tenido que desconvocar las concentraciones ante los Ayuntamientos, porque Bildu y el PNV no suscriben; el PNV rechaza el Congreso Internacional y los objetivos de los Arnaldos se acercan. El 22-M les dio Guipúzcoa, el 20-N les entregará los derechos de primogenitura. Ya no necesitan matar, así es más práctico. Los Gobiernos y los partidos deberían observar una elemental regla de prudencia: no corráis, que es peor