jueves, 8 de septiembre de 2011

El PP culpa de Seseña a la Junta


C. SEGOVIA / Madrid

08/09/2011/El Mundo

Acusa a Bono y Barreda de «consentir 192 irregularidades urbanísticas» en la localidad
y el PSOE califica de «desastre urbanístico» el residencial autorizado a 'El Pocero'

RubalCARA embustero y payasoEl Grupo Popular acusó ayer a la Junta de Castilla-La Mancha en la etapa de José Bono y de José María Barreda de «consentir 192 irregularidades» en el municipio toledano de Seseña, especialmente en el Residencial promovido por Francisco Hernando, más conocido como El Pocero.

El portavoz del PP en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, José Antonio de las Heras, aseguró que lo sucedido «es un libro blanco, un compendio de lo que no hay que hacer en materia de gestión urbanística», y responsabilizó al Ayuntamiento socialista de Seseña y al Gobierno autonómico, que debía vigilarlo. «Evidentemente, la responsabilidad de lo ocurrido en Seseña es de sus nefastos gestores políticos, pero hay otra responsabilidad que por omisión, dejación y/o consentimiento no ha sido todavía depurada, y que evidentemente está en quienes durante 28 años gobernaron mi comunidad autónoma, Castilla-La Mancha», afirmó De las Heras, que es senador y teniente de alcalde de Guadalajara.

Su intervención tuvo lugar durante un debate sobre el informe del Tribunal de Cuentas en Seseña, publicado por este diario el pasado año y que fue presentado ayer en las Cortes por su propio autor, el consejero del Tribunal de Cuentas Ramón Álvarez de Miranda. Éste sostiene en el informe, que fue aprobado por unanimidad de sus compañeros, que «la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debería ejercitar en el ámbito de sus competencias las funciones de ordenación, control, inspección, sanción e intervención que el ordenamiento vigente le otorga y que, de haberse practicado adecuadamente, podrían haber impedido gran parte de las irregularidades y modificaciones del planeamiento no justificadas en el interés general».

En su exposición ante diputados y senadores, Álvarez de Miranda destacó que el Ayuntamiento vulneró la legislación autonómica «sin que la Junta hiciera actuación alguna para restablecer la legalidad».

El portavoz socialista, Manel Mas, se mostró crítico con la promoción de El Pocero y de acuerdo parcialmente con el portavoz del PP: «Es un desastre urbanístico (...), un dislate (...), una new town a lo bruto y sin planificar». El diputado del PSC se mostró de acuerdo con De Las Heras sobre el mal funcionamiento del Ayuntamiento de Seseña y admitió implícitamente que la Junta de Bono había sido «laxa con la autonomía municipal». No obstante, sugirió que lo ocurrido ha sido habitual en otras latitudes de España gobernadas por el PP y subrayó que el ex ministro del PP Eduardo Zaplana concedió a El Pocero la medalla al trabajo.

Tanto este promotor inmobiliario como el actual presidente del Congreso de los Diputados han negado haber cometido irregularidades en este asunto. Hernando, por el contrario, ha acusado de irregularidades al alcalde saliente de Seseña y miembro de Izquierda Unida, Manuel Fuentes, que, a su vez, denunció el escándalo ante la Fiscalía Anticorrupción, que aún mantiene abierto el caso.

También Álvarez de Miranda desveló que el propio Tribunal de Cuentas ha decidido abrir una pieza separada a la vista de las irregularidades detectadas en Seseña y la ha remitido a la sección de Enjuiciamiento de este organismo estatal, que cuenta con fiscal propio. El consejero aseguró que la investigación aún no ha concluido

MARTA SÁNCHEZ ESPARZA / Málaga

08/09/2011

Roca gastó 1,5 millones en relojes

El ex asesor de Marbella dedicó 433.000 euros sólo en un año para regalos de Navidad

El presunto cerebro de la trama de corrupción destapada en Marbella con la operación Malaya, Juan Antonio Roca, llegó a gastarse en relojes de lujo hasta 1.426.550 euros entre los años 2001 y 2005. Los relojes eran utilizados por el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento marbellí para efectuar suntuosos regalos de Navidad.

El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Juan Carlos López Caballero, exhibió ayer en la sala de vistas una tabla elaborada por la Policía, según la cual, el gasto en relojes de alta gama de Roca ascendió, sólo en 2001, a 433.089 euros, el equivalente a unos 70 millones de las antiguas pesetas.

En 2002, el gasto en relojes de Roca se redujo considerablemente, pero no bajó de los 287.770 euros, cantidad muy parecida a la invertida en 2004 (286.000 euros) y a la de 2003 (275.691). En el año 2005, el último del que se tienen datos, Roca gastó 144.000 euros en estos artículos.

«Son cifras mareantes, ¿no le sorprendió?», le inquirió el fiscal al proveedor habitual de Roca, el representante italiano Sabino Falconieri, que prestó declaración ayer en el juicio, imputado por blanqueo de capitales.

Falconieri se declaró un «simple intermediario» de las compras de Roca, dijo que se desplazaba a ferias internacionales para obtener los últimos modelos a los mejores precios y que se llevaba a cambio una suculenta comisión, en unas operaciones de las que no conserva documento alguno y que nunca declaró a la Hacienda Pública.

Roca llegó a admitir, en sus dos jornadas de declaración ante el tribunal en torno a estos hechos, que le compró a Falconieri un millón de euros en relojes para regalar. «Diez o 12 relojes eran para mi uso personal y el resto, para regalarlos», aseveró Roca, que negó haber entregado los relojes en pago por algunas de sus deudas.

«Yo no he comprado relojes para introducirlos en el circuito legal y cambiar relojes por dinero, según la teoría doctrinal del blanqueo de capitales. Nunca he tenido intención de comerciar con ellos», argumentó durante su declaración.

Roca admitió sin ambages que la compra de relojes y, en ocasiones, algunas plumas para regalar en Navidad, se llevó a cabo a través de su empresa Maras Asesores, donde la Policía encontró el reflejo documental de estas adquisiciones. «Eran para amigos, clientes, subordinados, empleados y todo tipo de personas. Yo no me complicaba la vida, y normalmente en Navidad regalaba relojes», manifestó.

El fiscal exhibió mediante las pantallas instaladas en la sala de vistas el listado de personas que habían recibido algunos de esos relojes. En la relación figuraban nombres como Marisol (podría tratarse de Marisol Yagüe), el del hijo de Roca y una anotación junto al nombre de Paco Ramírez, que coincide con el del funcionario de los juzgados de Marbella también procesado en el caso Malaya, y que no se encuentra suspendido de sus funciones por expresa decisión del tribunal.

En la sesión de ayer, prestó también declaración el marchante de arte Jean Fournets, el principal proveedor de cuadros y otros objetos artísticos utilizado durante años por Juan Antonio Roca. Fournets ofrecía al cerebro de Malaya cuadros que previamente había adquirido en subastas o galerías de arte.

Fournets admitió haber vendido al ex asesor de Urbanismo del Consistorio unos 7,5 millones de euros en obras de arte, como mantiene la Fiscalía, si bien indicó al tribunal, con aparente indignación, que de ese dinero tenía pendientes de cobro nada menos que 2,5 millones de euros. De los cinco millones de euros ya cobrados, el marchante indicó que tres se habían gastado en decoración y unos dos millones de euros, en cuadros.

«Esto es surrealista. He perdido mucho dinero y tengo mucha rabia por estar en este banquillo. Como se dice en Francia, cornudo y apaleado», manifestó el traductor de francés presente en la sala de vistas, tras escuchar el exabrupto del marchante de arte.

Roca explicó a la Sala esta semana que Fournets decoró su casa y su despacho en Maras Asesores, donde colocó cuadros y muebles que no se le pudieron pagar al estallar en marzo de 2006 la operación Malaya, y quedar intervenidas las oficinas.

A juicio de Fournets, Roca adquiría este gran volumen de obras porque «llevaba el arte en sus venas», y era «un empresario inteligente, con éxito y con gusto». «¿Cómo podía sospechar de él? Los primeros que debían haber sospechado eran la Policía, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, y no yo», se justificó.

El pasado mes de marzo, el tribunal del caso Malaya autorizó la subasta de 190 obras de arte para que el administrador judicial del patrimonio de Roca pudiera afrontar las deudas de cuatro de sus sociedades

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