MANUEL MARRACO / Madrid
21/09/2011El Mundo
El segundo intento de sacar el chivatazo de la Audiencia Nacional comenzó a ejecutarse ayer, minutos después de las 17.00 horas, en la sede especial del tribunal en San Fernando de Henares. El primero fracasó hace cinco meses, pero la decisión del presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, de avocar el asunto al Pleno ha reabierto la posibilidad de que el caso Faisán acabe en un juzgado de Irún.
El argumento que permitiría hacerlo fue ampliamente expuesto por el propio fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, y contrasta con su propia postura durante el juicio del 11-M.
Con su énfasis habitual, Zaragoza reclamó a los 14 jueces presentes -una magistrada se excusó por razones familiares- que ordenen al instructor Pablo Ruz abandonar la investigación del chivatazo y remitirla a un juzgado ordinario. El fiscal consideró jurídicamente imposible que los tres procesados pudieran cometer un delito de colaboración terrorista, puesto que ni guardan ninguna afinidad ideológica con ETA ni comparten sus fines.
La argumentación expuesta ayer por el Ministerio Público contrasta con la postura mantenida en el escrito de acusación del 11-M, en el que el fiscal jefe reclamó la condena del minero asturiano Emilio Suárez Trashorras, «por el delito de colaboración con organización terrorista, a la pena de 10 años de prisión». En la sentencia posterior, de la que fue ponente Gómez Bermúdez, se afirmaba que «el delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad».
Sin embargo, con ocasión de la vista, la Fiscalía sostuvo ayer, a través de una nota, que «la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional es unánime a la hora de exigir como requisitos del delito de colaboración con organización terrorista una cierta adhesión ideológica y una intención específica de favorecer y beneficiar las actividades y finalidades de la banda terrorista, circunstancias que no se dan en el presente caso, lo que excluye la calificación del hecho como delito terrorista».
Ante el tribunal, Zaragoza resaltó que los procesados no buscaban en ningún momento subvertir el orden constitucional, algo que caracteriza los delitos terroristas, y apuntó cuál podría ser el objetivo de quien dio el soplo. Lo hizo acudiendo a las palabras que el dueño del Faisán -sin saber que estaba siendo grabado- puso en boca de quien le acababa de dar el soplo: «Oye, que tú... que esto... no vas a decir que te he llamado yo, ¿eh?... Para no fastidiar todo el proceso... y que luego vamos a... armar aquí un zipi-zape diciendo que te he llamado yo».
La Fiscalía estima que los hechos descritos «son delictivos», pero que encajan en un delito de revelación de secretos, que no es competencia de la Audiencia Nacional.
En su intervención, el fiscal jefe pidió a los jueces que tomen una decisión «jurídica, no política». También reclamó al Pleno que no estime la tesis de que lo planteado ayer debe ser resuelto cuando tenga lugar el juicio en la Audiencia Nacional y no ahora. «Esto hay que resolverlo ya», señaló, según fuentes jurídicas presentes en la vista.
Con su tesis sobre la falta de competencia, la Fiscalía se suma parcialmente a las alegaciones de los procesados Víctor García Hidalgo, ex director de la Policía; Enrique Pamies, todavía jefe superior del País Vasco, y el inspector José María Ballesteros. Al margen de la competencia para investigar, sus defensas intentaron desmontar ante el Pleno los indicios con los que el juez acordó su procesamiento.
Por contra, las acusaciones ejercidas por la AVT, Dignidad y Justicia y el Partido Popular defendieron la competencia de la Audiencia Nacional, resaltando que la información proporcionada a Elosua la mañana del 4 de mayo de 2006 supuso una ayuda efectiva para la banda. Entre otros aspectos, ETA pudo evitar la incautación de 54.000 euros procedentes de la extorsión y dispuso de tiempo para evitar que, cuando la operación se produjo, un mes más tarde, cayera en poder de las Fuerzas de Seguridad información clave sobre la red de extorsión.
Tras la conclusión de la vista, celebrada a puerta cerrada, el Pleno iniciará las deliberaciones. Será hoy, a partir de las 9.00 horas, y proseguirán por la tarde. También se han señalado las mañanas del jueves y el viernes y, si fuera necesario, esas dos tardes. Si se sigue el procedimiento habitual, el primero en exponer su criterio será el ponente de la decisión, el magistrado José Ricardo de Prada. Este juez ya expuso en un durísimo voto particular que lo sucedido aquella mañana de 2006 ni siquiera es delito. Su voto, por tanto, será contrario a la competencia de la Audiencia, una cuestión que mantiene dividido al Pleno.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Casimiro García-Abadillo
M. MARRACO / Madrid
21/09/2011
Y no ve indicios contra Hidalgo
Pese a las palabras de ayer, en su reciente escrito sobre los recursos de apelación, el Ministerio Público no hizo referencia alguna a la suficiencia o no de los indicios contra los procesados, limitándose a adherirse al apartado referido a la competencia, sin impugnar expresamente los tres procesamientos.
Por contra, la Fiscalía estima que sí hay indicios suficientes contra los otros dos procesados, José María Ballesteros y Enrique Pamies. Más en particular contra el primero, captado por las imágenes de vigilancia saliendo del Faisán instantes después de que, según los investigadores, se produjera el soplo.
Inicialmente, la Fiscalía pidió archivar la causa, pero las imágenes del inspector provocaron un cambio de postura. La participación de Ballesteros era clara y también, aunque en menor medida, la de Pamies, que supuestamente estaba al otro lado del teléfono que Ballesteros pasó a Elosua y fue, por tanto, quien dio el soplo.
Entre los elementos que llevan a la Fiscalía a dudar de la participación de Hidalgo se encuentra que su tráfico de llamadas no le implica en las tres fases en las que el juez Ruz divide la secuencia del chivatazo. Estaría en la primera, en su preparación la víspera de los hechos, pero no en el desarrollo del soplo ni, posteriormente, en las gestiones que se hicieron en Francia para que no se produjera la operación prevista
El PP, contra el «silencio de los corderos»
El PP se hizo eco ayer de la amenaza dirigida al Ministerio del Interior por parte de los procesados en el caso Faisán de que tirarán de la manta si la causa sigue bajo jurisdicción de la Audiencia Nacional.
La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió directamente al ex ministro y actual candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, contra su propósito de «convertir» el asunto del chivatazo en «el silencio de los corderos», en clara referencia a los policías y políticos ahora procesados que estuvieron a sus órdenes.
«Los españoles tienen derecho a conocer la verdad», le insistió, devolviendo a Rubalcaba su propio eslogan contra el Gobierno del PP tras el 11-M.
El PP tomó ayer cierta distancia respecto a la decisión que habrá de tomar el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre el caso Faisán, para advertir de que sea ésta cual sea, seguirá comprometiendo al candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Desde luego, la dirigente popular, y abogada del Estado, no dejó de tomar partido en el debate jurídico. Dijo que «todos los españoles tienen muy claro que no es lo mismo filtrar un documento que avisar a la banda terrorista ETA de que van a ser detenidos». «La diferencia no requiere mucha interpretación jurídica» ironizó, para insistir: «Cualquier ciudadano diferencia entre lo que es revelar un secreto, como filtrar un informe, y descolgar un teléfono y avisar a los terroristas que van a ser detenidos», insistió.
No obstante, la portavoz puso cuidado en no ejercer una presión directa sobre los jueces, y se esforzó en dirigir sus advertencias al PSOE: «Parece que el debate es si el ex director de la Policía colaboró con ETA o ayudó a ETA», ironizó. «El PSOE discute el verbo pero no hay ni una sola duda de que el sujeto es el que era el número tres de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior», añadió en referencia al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo.
En este sentido, y blindándose ante un posible fallo que traslade la causa a los juzgados de Irún, la portavoz insistió en la asunción de responsabilidades. «Ahora, el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno y su sucesor, Antonio Camacho, deben asumir sus responsabilidades políticas».
«Quien ha cambiado la ley, pretendido cambiar la jurisprudencia y eludido responder sobre este asunto en esta casa lo ha hecho porque hay responsabilidades, al menos políticas, de por medio», subrayó Sáenz de Santamaría.
La portavoz fue la única dirigente del PP que aceptó ayer hablar del Faisán. El vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, sorprendió al hacer explícito para todo el partido un propósito electoral que hasta ahora -y sólo de manera oficiosa- se atribuía al candidato, Mariano Rajoy. Dijo que «el PP no va a hacer del chivatazo a ETA un tema de campaña electoral, porque el partido está centrado sólo en una cuestión de cara a las próximas elecciones generales, la necesidad de crear empleo».
Mucho menos interesado aún que Pons en hablar del Faisán resultó, por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, quien declinó opinar alegando que prima su respeto por los tribunales
EL Ministro de Interior dice que ETA no robó las matrículas
Añadió que, según información reciente de la policía, «no existe ningún elemento en este momento de la investigación para estimar que haya podido ser la banda terrorista ETA». Indicó, en cambio, que la hipótesis que baraja la Policía francesa es que se trataría de «delincuentes comunes». No obstante, ha asegurado que la Policía va a investigar «a fondo».
El secretario de Estado de Seguridad, Justo Zambrana, añadió que hacía unos días las fuerzas de seguridad francesas comunicaron a España ese robo en el marco de la cooperación policial en materia antiterrorista. Los expertos apuntan que cuando se producen estos informes desde el país vecino es porque existen fuertes sospechas de que el hecho ha sido perpetrado por ETA
Y venga marear el faisán, si no estuvieran implicados los de la casta, no habría pasado nada, se hubieran cepillado a los policías, y aqui paz y luego gloria.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba)