Cuatro amenazas para Camacho

MANUEL MARRACO / Madrid

18/09/2011/El Mundo

El 'número dos' de Interior en el momento del chivatazo ha esquivado su declaración en el 'caso Faisán', pero la causa ofrece todavía varios puntos que podrían modificar la situación del hoy ministro

Durante cinco años y cuatro meses de investigación, el foco del caso Faisán ha rondado el Ministerio del Interior. Ha acabado señalando con claridad a tres procesados -dos policías de carrera y un ex director del Cuerpo-, pero también ha dejado en una zona de penumbra a otras dos figuras que en el momento del soplo ocupaban la cúspide del Ministerio: el ex secretario de Estado Antonio Camacho y el ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.

Hoy la instrucción está prácticamente acabada y Camacho ni siquiera ha sido llamado a declarar como testigo. Y aun así, algunas piezas del sumario 1/2011 que parecen haber quedado atrás siguen vivas y suponen todavía una amenaza para quienes acaban de ser aupados a los puestos de ministro y de candidato a la Presidencia del Gobierno.

LLAMADAS CLAVE

El 1 de febrero de 2011 fue un mal día para Camacho. Esa mañana, el juez Pablo Ruz ordenó identificar a los titulares de varios teléfonos que habían contactado con el número del ex director general de la Policía imputado, Víctor García Hidalgo en momentos relevantes del chivatazo. Uno de los móviles era el del secretario de Estado.

La noche del 3 de mayo de 2006, la misma en la que se estaba planeando el soplo de la mañana siguiente, Camacho habló en dos ocasiones con Hidalgo. La primera llamada se produjo a las 22.50 horas y duró un minuto y 52 segundos. Nada más colgar, Hidalgo vuelve a llamar a Camacho y hablan 21 segundos. Lo más llamativo de esas llamadas es que llegan inmediatamente después de que Hidalgo haya conversado con Enrique Pamies, el jefe superior de Policía del País Vasco, supuesto autor del soplo. A la mañana siguiente, día del chivatazo, Camacho llamó a Hidalgo, a las 9.47 horas. Esta vez es Camacho el que llama a Hidalgo -que ya había hablado con Pamies-. Hablan durante tres minutos y 33 segundos. A las 11.06 horas Hidalgo llama a Camacho, pero no consigue contactar. El chivatazo que desbarata la operación contra la red de extorsión se produce poco después, a las 11.23 horas, en el bar Faisán de Irún.

El juez Ruz llegó a preguntar a los investigadores si el patrón de llamadas entre Hidalgo y Camacho podía considerarse normal o, por el contrario, era extraordinario y permitía sospechar la implicación del secretario de Estado de Seguridad. «Resulta lógico y razonable suponer que dos altos cargos del Ministerio del Interior, con relación de dependencia jerárquica y subordinación directa de uno respecto del otro, necesiten mantener comunicaciones durante las 24 horas del día». Con esa base, el juez rechazó llamar como testigo a Camacho, una decisión que fue luego avalada por la Sala.

FUE POLÍTICO

El móvil político del chivatazo no irrumpió con claridad en el sumario hasta la llegada del informe final de conclusiones reclamado por Ruz al equipo investigador: «La naturaleza del móvil es política y se articula en el marco del proceso de negociación». El equipo sustentó la afirmación en el hecho de que quien da el soplo se refiere de forma «insistente» al proceso de paz. Así, el dueño del Faisán, Joseba Elosua, pone en su boca estas palabras: «No vas a decir que te he llamado yo, ¿eh?... para no fastidiar todo el proceso»; «...que aquí hay gente que quiere que esto se rompa...».

El informe aseveraba que la secuencia de llamadas incriminaba con claridad a Hidalgo, al que describe como «alto cargo del Ministerio del Interior». Pero una cosa es que la investigación no llegue más allá y otra creer que Hidalgo pudo ser la cúspide de la operación. Nadie lo cree.

Existe, además, otro posible móvil político que no encuentra tanto amparo en la tesis de que se intentaba salvaguardar el proceso de paz. El informe final resalta que el chivatazo «consigue evitar la detención de Gorka Agirre», miembro de la dirección del PNV. La única manera de evitar la detención era reventar la operación, porque el arresto del etarra Cau Aldanur «conllevaba la inmediata detención de Agirre». Y el momento para la operación no podía ser políticamente más inoportuno: ese mismo 4 de mayo el presidente del Gobierno se reunía con el líder del PNV, Josu Jon Imaz.

PAPELES COMPROMETIDOS

Las actas elaboradas por ETA apuntan a que los negociadores del Gobierno esgrimieron como prueba de buena voluntad los problemas que les estaba suponiendo la apertura de la investigación del chivatazo. Cuando testificaron ante Ruz, los negociadores ofrecieron la versión de que simplemente habían sabido de la investigación leyendo EL MUNDO y habían intentado aprovechar la noticia como baza negociadora. La relación de los negociadores con Interior era evidente. Uno de ellos explicó a Ruz que había sido Rubalcaba quien le había designado para la misión. Hasta ahora sólo ha salido una parte de los documentos de la negociación, por lo que es posible pensar en nuevas revelaciones vinculadas al soplo policial.

Existe otra conexión entre la negociación Gobierno-ETA y el chivatazo: el equipo de negociadores habría entregado al etarra Iurrebaso un número de teléfono de emergencia al que debía llamar para quedar libre en caso de arresto. Ese teléfono era uno de los que llevaba encima Hidalgo.

UN JUICIO INCIERTO

La instrucción se puede dar por cerrada, pero queda por delante el juicio oral y con ello, la incertidumbre de lo que puedan declarar los acusados. Incluso es muy probable que el propio Camacho tenga que comparecer como testigo, pues así lo reclamarán las acusaciones.

Sea en la Audiencia o en Guipúzcoa, una vez sentados en el banquillo y enfrentados a penas de cárcel que en el caso de los policías supondrían su expulsión del Cuerpo, cualquiera de los tres procesados podría sentirse traicionado o abandonado y dar la sorpresa. Por ahí podía ir la última pregunta que el abogado del imputado José María Ballesteros le hizo al inspector momentos después de que éste tuviera que reconocer su presencia en el Faisán: si se había limitado a cumplir órdenes. En cuanto a Pamies, en su speech ante el juez tras ser procesado, dejó caer la nada inocente expresión «interferencias políticas». Respecto a Hidalgo, en una conversación pinchada a Pamies y a otro mando policial, el jefe superior comenta que Hidalgo se le ha quejado del trato de Rubalcaba: «No se han portado conmigo», llegó a decir Hidalgo, en referencia a la excusa del «descontrol» en la Policía que el ministro adujo para destituirle

El fiscal desmiente al ministro

Al margen del frente penal, hay otro abierto, el político, en el Congreso de los Diputados. Allí fue donde Rubalcaba respondió con un rotundo «NO» -la respuesta escrita iba en mayúsculas- a la pregunta de si Camacho había hablado con Hidalgo sobre la operación frustrada por el chivatazo. Era el 11 de febrero. Una semana más tarde, el fiscal presentaba al juez un escrito que sostenía que «necesariamente» el ex director tuvo que poner a Camacho «al corriente» de la operación. De hecho, es la existencia de ese operativo lo que sirvió al fiscal para rechazar la petición de que Camacho testificara, al considerar justificados sus contactos con Hidalgo. Se trataba dijo, de «una operación antiterrorista de la que, necesariamente, el secretario de Estado de Seguridad debe estar al corriente». En la línea del fiscal, el propio Hidalgo ha dicho que informaba a Camacho de las operaciones. En cuanto al hoy ministro, ha mantenido que no recuerda el contenido de las conversaciones con Hidalgo la noche anterior al chivatazo.

M. M. / Madrid

18/09/2011

La jugada preelectoral de Bermúdez

Envía el 'Faisán' al Pleno en fechas clave para Rubalcaba y para él mismo

«No sé dónde voy a controlar mejor el asunto, si desde dentro o desde fuera». Así respondía hace años Javier Gómez Bermúdez a la pregunta de si finalmente iba a entrar o no en el tribunal que en breve iba a juzgar el 11-M. La causa no había recaído en su Sección, pero como presidente de la Sala de lo Penal podía forzar su entrada en el tribunal.

Y, obviamente, lo hizo. Por aquel entonces, Fernando Grande-Marlaska acababa de abrir una investigación por el chivatazo a ETA que hoy se ha convertido en el asunto judicial más relevante. Y Bermúdez, por decisión propia, vuelve a estar dentro, esta vez por la vía de avocar el asunto al Pleno que él preside. Un Pleno es más difícil de controlar que una Sección, pero Bermúdez sólo ha tomado la decisión tras echar las cuentas. «Lo verá el Pleno, dice que hay una mayoría clara en la Sala de que no puede ser colaboración», confirmaban en la Audiencia Nacional días antes de que el presidente de la Sala Penal anunciara su decisión.

Bermúdez se había mostrado muy interesado en saber en qué instante el juez Pablo Ruz iba a rechazar los recursos de reforma contra su auto de procesamiento. Es decir, en conocer el momento en que los recursos pasaban a manos de la Sala. Instantes después de que el instructor notificara esa decisión, Bermúdez hacía uso de sus facultades y mandaba el asunto a Pleno, diluyendo así el peso de una Sección, la Segunda, que hasta la fecha había mantenido el caso en la Audiencia Nacional.

Si las cuentas están de verdad tan claras se verá en breve. El Pleno está convocado para el martes a las 17.00 horas en la sede especial de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. A puerta cerrada, se celebrará la vista en la que las tres defensas atacarán el auto de Ruz, tras lo que llegará la intervención del fiscal Carlos Bautista y los abogados de las tres acusaciones populares personadas: AVT, Dignidad y Justicia y Partido Popular.

Dependiendo de la duración de la vista, una primera deliberación podría comenzar esa misma tarde, dejando para otro momento la votación definitiva. La decisión que propugna Gómez Bermúdez de remitir el caso a un juzgado ordinario -Irún en este caso- por no tratarse de un delito terrorista supondría, en fechas preelectorales, un alivio para la campaña del hoy candidato socialista y responsable de Interior en el momento del chivatazo, Alfredo Pérez Rubalcaba. Si la causa va a Irún, lo sucedido seguirá siendo delito, pero menos grave y, ya fuera de la Audiencia, de menor repercusión pública. También Bermúdez ha ejecutado la maniobra en fechas preelectorales: en febrero vence su mandato en la Sala de lo Penal.

Los magistrados que participarán en la decisión serán finalmente 15 de los 18 que componen el Pleno. Los tres de la Sección Tercera a los que correspondería celebrar un eventual juicio han comunicado que se abstendrán de intervenir para evitar verse contaminados con la deliberación. Se trata del presidente de la Sección, Alfonso Guevara, y los magistrados Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri. A esta última le correspondería redactar la sentencia si el asunto se mantuviera en la Audiencia. Por contra, sí irá al Pleno la cuarta componente de la Sección, Ángeles Barreiro, que se sumará así a los 14 miembros de las otras tres secciones de lo Penal.

El origen del Pleno son los recursos contra los procesamientos, es decir, contra la tesis de que hay suficientes indicios de criminalidad, pero el foco de la deliberación será otro: si jurídicamente es posible que unos policías hayan cometido un delito de colaboración con la banda terrorista, con la que, obviamente, no comparten ni ideología ni fines.

Hasta la fecha, el juez instructor mantiene que sí es posible, al igual que la Sección Segunda, mientras que la oposición a esa tesis reúne a los tres procesados y a la Fiscalía

EL INSTRUCTOR

18/09/2011

«Fue, objetivamente, una colaboración»

Cuando llegó al juzgado de Garzón, el juez Ruz reactivó una investigación que parecía moribunda. Al margen de ordenar diligencias, en sus autos se planteó la cuestión que ahora estudiará el Pleno. Y concluyó que sí, que lo sucedido podía encajar en un delito de colaboración. «Con independencia del ánimo, móvil o intención directa que guiara la acción, el autor de las citadas revelaciones, al aportar datos concretos [a Elosúa], debe necesariamente tener conciencia, al menos desde la perspectiva del dolo eventual, de estar llevando a cabo una acción que supone, objetivamente, una colaboración idónea y potencial a las actividades de la organización terrorista que estaba siendo investigada en lo referente a su aparato de financiación y extorsión, mientras que adicionalmente, ha de tener también conciencia de la eficacia que su conducta supone para la propia actividad terrorista», decía el juez en su auto de procesamiento. Y añadía: «Y si bien estos objetivos concretos no cabe entenderlos directamente queridos por parte de los imputados, en atención a las responsabilidades que, con distinto grado, ostentaban en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siendo seguramente otro el móvil o intención que guió su conducta (que hasta el momento no ha podido ser acreditado durante la instrucción), ello no permite obviar que con la aceptación de la misma tal y como fue llevada a cabo se estaba asumiendo una necesaria ayuda, contribución o beneficio de las actividades de la banda terrorista».

LA SECCIÓN SEGUNDA

18/09/2011

No cabe «excluirles» por ser policías

Dos veces se ha pronunciado ya la Sección Segunda sobre el posible delito cometido por los autores del soplo, y en las dos ha mantenido la posibilidad de la colaboración terrorista. La primera, en febrero del año pasado, en un auto que iba a dirigido a ordenar o no nuevas diligencias. Además de ordenarlas, el auto afirmaba que los hechos descritos «constituyen un delito de revelación de secretos, y a su vez de colaboración con banda armada, hechos que de ser realizados por miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adquieren una gravedad sin precedentes en la historia de lucha contra el terrorismo en España». La frase fue suscrita por los magistrados Ángel Hurtado, Enrique López (ponente) y Julio de Diego. La segunda resolución, dictada en abril, iba dirigida expresamente a resolver la controversia. Y lo hizo a favor de la posible colaboración. «No es necesario comulgar con las finalidades de la organización, como sostiene el Ministerio Público o la parte recurrente, para la existencia del tipo delictivo, ni excluir a miembros del CNP por su perfil profesional, debiendo investigarse la intencionalidad de sus autores al no poderse descartar la existencia de un delito de colaboración con organización o grupo terrorista como consecuencia de la información suministrada por miembros del CNP al dueño del bar Faisán». Así lo suscribieron esta vez los magistrados Fernando García Nicolás (presidente) y Julio de Diego, con el voto contrario de José Ricardo de Parda

EL FISCAL Y LAS DEFENSAS

18/09/2011

«Una mínima adhesión ideológica»

En palabras de la Fiscalía, el camino de salida de la Audiencia Nacional es el siguiente: «Al igual que el resto de los tipos penales de terrorismo el delito de colaboración con organización terrorista previsto y penado en el arto 576 del CP, como todos los que responden a la categorización del fenómeno terrorista, exige como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica, y además la ejecución de actos que supongan una contribución intencional a la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública». Con esta frase resumía el Ministerio Público su postura en el escrito en el que informaba de que se sumaba a la petición del imputado Hidalgo de estimar la falta de competencia de la Audiencia. «Es obvio que tanto la condición de los sujetos activos, como la intencionalidad y la finalidad que perseguían los mismos no pueden inducirnos al absurdo de afirmar el carácter terrorista de la acción», insistía el fiscal Carlos Bautista. A las dos tesis sobre la posibilidad de la comisión de un delito terrorista se suma una tercera vía, la expuesta en un furibundo voto particular por el magistrado De Prada. Su tesis es que no hubo delito terrorista ni delito común, sino una actuación que sólo buscaba el fin de la banda a través de la supervivencia del proceso de paz, amenazado por la operación. Así, pues, sólo procedería el archivo de la investigación. La causalidad ha querido que De Prada sea el ponente de la causa, es decir, quien formule al Pleno la primera propuesta de resolución