La calle ya es suya

• 31-08-2011 | La Gaceta

  El zapaterismo deja tres herencias envenenadas al PP que, como un campo sembrado de minas, están calculadas para que le estallen en las manos cuando llegue a La Moncloa.

• El zapaterismo deja tres herencias envenenadas al PP que, como un campo sembrado de minas, están calculadas para que le estallen en las manos cuando llegue a La Moncloa: la económica (cinco millones de parados), la política (los filoterroristas en los ayuntamientos vascos) y la social (la calle caliente merced a la labor de agitprop que inficiona el 15-M). Si de la primera es responsable fundamentalmente Zapatero, en los dos siguientes regalitos tiene mucho que ver, además, Rubalcaba.

  Fiel a su añeja estrategia de subirse en marcha sobre tigres activados por otros y que comenzaban a rugir, no por casualidad, en vísperas electorales (los atentados de Atocha en las generales de 2004; la movida de Sol en las autonómicas de 2011), el candidato siempre trata de arreglárselas para obtener réditos políticos. La marea de los indignados le proporciona en esta complicada tesitura una ocasión de captar voto de izquierda radical.

  Eso explica la escandalosa manga ancha del Gobierno con un movimiento que se ha reído del Estado de derecho, campando (y acampando) a sus anchas y protagonizado actos de vandalismo. Primero el propio Rubalcaba al frente de Interior y después su estrecho colaborador y álter ego Antonio Camacho han usado una doble vara de medir consintiendo a los agitadores que trufan el 15-M lo que no consienten a otro tipo de manifestantes. La prueba palmaria de la arbitrariedad de Interior la aportamos hoy en exclusiva. El 23 de agosto tuvieron lugar en Madrid dos protestas ilegales. Una la convocó la oposición a Gadafi ante el Consulado de Libia; otra la organizaba el 15-M para protestar contra las “cargas policiales” (sic) que sufrieron durante la manifestación laicista. Adivinen a cuál de las dos trataron con más miramientos. Los documentos de la Policía, a los que ha tenido acceso LA GACETA, hablan por sí solos. En la concentración contra Gadafi, el comisario jefe ordena trasladar dos furgonetas de Policía, en “evitación de posible incidentes”, advertir a los manifestantes de que la protesta no estaba autorizada y, en caso de no que depusieran su actitud, “identificar a los más caracterizados” para imponerles multas. Nada que ver con la orden que cursó ese mismo comisario, y ese mismo día, a los agentes ante la concentración del 15-M: sólo envió una furgoneta y mandó a los policías que se mantuvieran “alejados de la protesta”. Difícilmente se puede controlar una manifestación ilegal a distancia; y sobre todo malamente se puede identificar a los manifestantes que, por tratarse de una protesta ilegal, deben ser sancionados. Estamos, en suma, ante órdenes explícitas de Interior de no actuar contra los indignados, de no identificar a nadie y, por lo tanto, de no sancionar ni detener a quienes toman la ley por el pito del sereno.

  El episodio, que deja de manifiesto la venalidad de Interior, no es sino el penúltimo capítulo de un inquietante culebrón iniciado el 15-M, cuando el entonces ministro Rubalcaba se negó a actuar contra los acampados de Sol. Pese a que fue conminado por la Junta Electoral Central a hacer cumplir la ley, miró para otro lado. Aquella fue la espita de una sucesión de actos de desorden público que antisistema y agitadores han protagonizado durante los últimos meses, incluyendo las provocaciones laicistas contra los peregrinos de la JMJ. Si en vísperas de la llegada del Papa reclamaban Sol como si fuera objeto de su propiedad (“La calle es nuestra”, llegaron a decir) es porque el Gobierno, con su pasividad cómplice, les había cedido implícitamente ese espacio público, negándoselo así al resto de los ciudadanos.