El juez de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de imputados –García Hidalgo, Ballesteros y Pamies– y Fiscalía, y mantiene los cargos.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha insistido en un auto hecho público este martes en que el ex director general de la Policía Víctor García-Hidago, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros tenían "conocimiento" y "voluntad" de facilitar a ETA 54.000 euros "procedentes del cobro de la extorsión ejercida sobre particulares por parte de la organización terrorista ETA".
El magistrado ha desestimado los recursos presentados por las defensas los tres policías contra su procesamiento por la comisión de delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos en el marco de la causa que investiga el chivatazo a miembros del aparato de extorsión de ETA.
Ruz especifica en su escrito que el interés de García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros era que este dinero "no fuera interceptado por la Fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista".
Explica que todos los indicios investigados llevan a concluir que esta cantidad económica se puso "a disposición de la propia organización terrorista o de alguno de sus presuntos integrantes para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización".
En opinión del magistrado, las alegaciones vertidas por las defensas de los recurrentes no "debilitan" ni "desvirtúan" la participación de los tres procesados en delitos de colaboración o encubrimiento. "La resolución recurrida no puede sino confirmarse por este instructor", indica el juez en un auto hecho público este martes.
Ruz se reafirma así en el contenido de su auto de procesamiento en el que especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.
Hace también referencia a las críticas vertidas por las defensas de Ballesteros y Pamíes contra el equipo investigador de la delación y su responsable, Carlos Germán, y destaca que "las sospechas vertidas en su contra" –que apuntaban a que pudo ser él quien advirtió por teléfono a Elosúa de los próximos arrestos- "carecen de sustento".
Los recursos rechazados, de reforma y subsidiarios de apelación, recaerán ahora en la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que deberá valorar su pertinencia.
Pues nada, esto se pone caliente como la pipa un indio...
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