Rubalcaba y Camacho evitan dar la cara por su subordinado García Hidalgo en el ‘caso Faisán’

• 15-07-2011 | La gaceta

  El nuevo titular de Interior rehuyó respaldarle en tres ocasiones. Jáuregui ataca al juez y Rubalcaba no se “arrepiente de nada”. Rajoy exige “explicaciones” y respeto a la Justicia. El ministro de la Presidencia tildó el auto de “especulativo”.

• Ignacio González Galán, Miguel Gil y A. Lardiés.

  Definitivamente Antonio Camacho ha tenido el peor estreno que podía esperar al frente del Ministerio del Interior tras procesar la Audiencia Nacional por un presupuesto delito de colaboración con banda armada a buena parte de los mandos policiales que tenía a su cargo, empezando por el que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y siguiendo por el responsable de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés, y el que fuera por entonces inspector de Policía José María Ballesteros. “Como ministro del Interior debo decirles que la investigación sigue abierta y no debo pronunciarme”, dijo ayer Camacho para referirse al caso Faisán. Hasta en tres ocasiones se le preguntó al ministro por el papel de García Hidalgo, un hombre bajo sus ordenes en el momento del chivatazo a ETA, y en las tres ocasiones eludió la pregunta y evitó dar la cara por el ex director general. La actitud de Camacho, un hombre que al menos estuvo al tanto de cuanto ocurrió esos días en torno a la red de extorsión de ETA y cuyo número de teléfono llegó a aparecer en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, sorprende y contrasta, sobre todo, con la que mantuvieron el resto de miembros del Gobierno y del PSOE sobre este mismo asunto.

  Siguiendo por la cadena de mando de la antigua cúpula de Interior, el hoy candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, que abandonó el departamento el martes pasado y que estaba al frente de él en el momento de los hechos, aseguró: “No tengo nada de lo que arrepentirme”. El candidato del PSOE a las próximas elecciones ha iniciado su carrera a La Moncloa tratando de sortear, como puede, las manchas que ha ido dejando a su paso y lo hace con dificultades. Tanto es así que ayer, durante una entrevista en RNE, no sólo mantuvo que no tiene nada que “esconder” y negó haber dado la orden del chivatazo, sino que se atrevió a poner en cuestión la actuación judicial. “Hay argumentos suficientes para entender que el auto tiene fallos jurídicos”, dijo el candidato, un hombre que hasta ahora exhibía un pulcro respeto por las decisiones de los tribunales.

  Sin embargo, quien fue más allá, fue el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que arremetió directamente contra el auto del juez Ruz pretendiendo descalificarlo. El ministro de la Presidencia quiso “reafirmar que el auto probablemente es una suma de indicios especulativos” y, además, adelantó su convicción de que será revocado. Jáuregui, compañero de García Hidalgo en el PSE –formación que respaldó al procesado hasta con un comunicado–, cargó contra el PP por haber tildado de “traidor político” a Rubalcaba, “un insulto intolerable” cuando el hoy candidato “ha sido el ministro que más y mejor ha trabajado por la derrota de ETA”, según el ministro.

  Por su parte, Mariano Rajoy exigió ayer desde Zaragoza “explicaciones” al Gobierno ante “un hecho muy grave” al margen de que el hoy candidato Rubalcaba “es muy libre de hacer lo que quiera”. El líder del PP insistió en requerir “explicaciones públicas” por el chivatazo, en concreto acerca de si el director general de la Policía tenía orden de dar el soplo. Rajoy no quiso pronunciarse acerca de si Rubalcaba debería quedar inhabilitado o no como candidato, como ha demandado el Grupo Popular, ya que “es algo que corresponde al Gobierno y al PSOE”. En este sentido, destacó: “No es mi función ser juez de nadie, pero sí exijo que sean claros y transparentes”, además de que respeten las resoluciones judiciales.

  Los populares previamente habían insistido desde el Congreso en que Rubalcaba debía dejar de ser candidato, recordando el precedente de la malograda alternativa del PSOE y Josep Borrell ante el escándalo de Huguet-Aguiar. El secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, reclamó a Jáuregui respeto ante la Justicia y recordó que en el Debate sobre el Estado de la Nación, el PSOE presentó una resolución pidiendo el máximo respeto ante los tribunales (por Bildu).
  El PP, según han trasladado desde esta formación a LA GACETA, pedirá formalmente en el Congreso la semana que viene la dimisión de Camacho. El nuevo ministro se enfrentará a dos preguntas y una interpelación sobre la materia durante el próximo pleno y, como adelantó Ayllón, confían en que no “se quede en el silencio permanente” como en su día hizo Rubalcaba. Los populares recordaron “el principio de quien calla, otorga” y apelaron a la “obligación democrática” de dar cuentas a la oposición. Si no lo hace, zanjó Ayllón, Camacho dará a entender que “hay una responsabilidad política”.

  El diputado Ignacio Gil Lázaro le preguntará si “asume” las actuaciones de sus subordinados y Alfonso Alonso le planteará si los responsables del ministerio deben asumir “algún tipo de responsabilidad”. Por último, el portavoz popular de Interior, Ignacio Cosidó, defenderá la interpelación en la que solicitan que, “de una vez por todas”, se cumpla el principio de legalidad en Interior. Camacho tendrá que mojarse.