SEBASTIÁN TORRES / Madrid
04/07/2011/El Mundo
La Junta de Andalucía concedió un préstamo de 10 millones de euros al grupo empresarial Bogaris dos días antes de que éste lo hubiera solicitado. Bogaris es una de las empresas que contrató los servicios de Iván Chaves Iborra, hijo del entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, que facturó 28.188 euros por servicios de consultoría.El 24 de noviembre de 2009, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ratificó la concesión del préstamo, financiado con fondos europeos, pero no fue hasta el 26 de noviembre, dos días después, cuando Bogaris Retail 5 SL -filial del grupo- presentó la solicitud ante la Junta. El desembolso se formalizó ante notario el 3 de diciembre.
EL MUNDO ya informó el 2 de mayo de la concesión del préstamo a Bogaris, que remitió una carta dirigida a este periódico en la que negó que el expediente se hubiera tramitado en «tiempo récord». «Antes al contrario -afirmó en su escrito el presidente de Bogaris, Rodrigo Charlo-, la tramitación se prolongó en el tiempo más de ocho meses». Curiosamente, entre la emisión de la factura de Iván Chaves a Bogaris, el 1 de abril de 2009, y la firma del préstamo ante el notario sevillano Pedro Antonio Romero Candau, el 3 de diciembre de 2009, transcurrieron exactamente ocho meses y dos días.
El presidente de Bogaris afirmaba en su carta que los técnicos de la empresa tuvieron «especial diligencia» en la tramitación de la ayuda para «evitar la caducidad del expediente». Puede resultar llamativo, teniendo en cuenta que la ayuda se otorgó el 24 de noviembre, se solicitó dos días después y se firmó ante notario el 3 de diciembre.
EL MUNDO se puso en contacto el pasado viernes con la empresa Bogaris S.A., para recoger su versión y conocer a qué se refiere cuando dice que la ayuda se tramitó durante «más de ocho meses». La empresa no devolvió la llamada.
La información a la que ha tenido acceso EL MUNDO -procedente de distintas fuentes- ratifica la celeridad en la concesión del préstamo.
El expediente de Bogaris se denomina JER-2009-00001, es decir, fue el primer expediente de ayudas del Fondo Jeremie tramitado en el ejercicio 2009, que fue también el año en el que se puso en marcha ese sistema de préstamos.
El otorgado a Bogaris fue «por un plazo de hasta 12 años, con hasta seis años de carencia, a un tipo de interés mínimo de euribor + 220 p.b.» (un 2,20%), según el certificado del acuerdo. La solicitud se rellenó en un ordenador, pero se terminó de cumplimentar a mano, como se aprecia en la fecha, el nombre y la firma del solicitante.
Algunas fuentes consultadas por este diario aseguran que la ayuda fue concedida incluso antes, el 5 de noviembre de 2009, por el Consejo de Administración del Fondo Jeremie, y que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos se limitó a ratificar el otorgamiento el día 24.
La Agencia Idea, encargada de la gestión del Fondo Jeremie, ha confirmado la práctica totalidad de estos datos, pero matiza que la solicitud de Bogaris se produjo el 8 de octubre de 2009 «por ventanilla» y que el 26 de noviembre simplemente «se volcó» en el sistema informático. Según Idea, dicha solicitud en ventanilla es imposible verla.
Con todo, esta versión oficial plantea una duda: ¿cómo pudo solicitar Bogaris la ayuda el 8 de octubre de 2009, si hasta el 29 de octubre no se publicó en el Boletín Oficial (BOJA) la adjudicación de los servicios de intermediación financiera que implicaban la puesta en marcha del Fondo Jeremie? Según fuentes de la Agencia Idea, porque el 21 de septiembre el Consejo de Administración del Fondo Jeremie acordó la adjudicación y «se le dio difusión en notas de prensa, publicidad y páginas web».
FERNANDO LÁZARO / Madrid
04/07/2011
El juez imputa a Teddy Bautista delitos penados con diez años
Estuvo más de tres horas declarando y abandonó la Audiencia Nacional rodeado de un importante despliegue policial. En libertad, sí, pero con tres acusaciones sobre su cabeza. El auto del juez Pablo Ruz sostiene que existen «indicios» de que el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, ha podido cometer delitos que llevarían aparejadas condenas de hasta 10 años. En concreto se trata de un delito continuado de apropiación indebida de «especial gravedad», otro de administración fraudulenta y, por último, un delito societario.
Durante la jornada de ayer, Bautista, el director general de la SGAE, Enrique Loras, y el director económico financiero, Ricardo Azcoaga, prestaron declaración ante el juez. Los tres quedaron en libertad provisional. El magistrado instructor, de acuerdo con el fiscal de Anticorrupción José Miguel Alonso, optó por no adoptar medidas cautelares contra ninguno de ellos, salvo la retirada del pasaporte y la obligación de no abandonar España.
El juez de la Audiencia Nacional entiende en su auto que no existe riesgo de que alguno de los tres directivos de la Sociedad General de Autores quiera huir de la Justicia.
Bautista y sus dos compañeros de junta directiva de la SGAE están acusados de un delito de apropiación indebida «de especial gravedad» y de otro de administración fraudulenta. En el caso del presidente de la SGAE, el juez entiende que ha podido cometer también un delito societario («negativa o impedimento a socios del ejercicio de los derechos de información y participación»).
El delito continuado de apropiación indebida en la variante citada por el juez puede llevar aparejada una pena de hasta seis años de prisión. En el caso de la administración fraudulenta, la pena puede llegar hasta los cuatro años. El delito societario puede estar penado con hasta 12 meses de multa, según detalla el propio instructor en el auto.
Bautista, que fue detenido el pasado viernes por la Guardia Civil junto a otras ocho personas, abandonó la sede de la Audiencia Nacional hacia las 19.30 horas de ayer, después de permanecer más de 10 horas.
Sin querer hablar con los medios, con rostro cansado y rodeado de un fuerte y sorprendente cordón policial y de sus compañeros de junta, abandonó el edificio de la calle Génova en un potente vehículo.
De «especial gravedad» califica el juez en su auto la imputación del delito de apropiación indebida, debido al valor de la defraudación. No obstante, el juez aclara que debido al secreto sumarial que aún mantiene abierto no puede precisar las cifras. Aclara que ese secreto también rige ya que aún quedan algunos de los detenidos en la operación Saga que no han prestado declaración.
Bautista, de 68 años, permaneció encerrado en dependencias de la Guardia Civil, junto al resto de detenidos, desde que el pasado jueves la Unidad Central Operativa (UCO) pusiera en marcha esta operación ante las fundadas sospechas de que desde la SGAE y sociedades afines se estaban desviando dinero hacia empresas relacionadas con los que fueron detenidos.
La actuación de la Guardia Civil se realizó apenas unas horas después de que se celebraran unas elecciones que respaldaron la gestión Bautista al frente de la sociedad. La Guardia Civil registró la sede central de Madrid durante más de 10 horas. No fueron los únicos registros, el juez indica en su escrito que se practicaron hasta 14 entradas y registros. Además, el magistrado autorizó la intervención de cuentas y depósitos propiedad tanto de los directivos de la SGAE como de la empresa Microgénesis. Entiende el juez que, mientras esté la investigación en marcha, los sospechosos no pueden disponer de los fondos allí acumulados porque pueden perjudicar la resolución el caso.
El juez tomó también declaración ayer a los altos cargos de Microgénesis S.A. Elena Vázquez y Celedonio Martín. Esta empresa es a la que, según fuentes de la investigación, se presume que los detenidos en la operación Saga desviaron fondos de la SGAE y de la sDae, entre otros procedentes del canon digital.
Ruz imputa a Martín y Vázquez delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, similares a los de los directivos de la SGAE. La accionista mayoritaria Vázquez queda relacionada, además, con otro delito, de alzamiento de bienes.
Como en el caso de Bautista, el magistrado impone a ambos la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de fijar un domicilio donde puedan ser localizados. «A la vista del conjunto de indicios de su participación» y su «arraigo» el magistrado considera también que la posibilidad de fuga es muy baja.
Los cuatro detenidos por la Guardia Civil -el director general de la sDae, José Luis Neri, y su esposa María Antonia García Pombo, la hermana de ésta, Eva, y uno de los socios directores de Microgénisis- prestarán declaración hoy ante Ruz.
Las primeras estimaciones de los investigadores hablaban de decenas de miles los euros desviados. Pero la querella que dio origen a esta actuación cifraba en 400 millones el desvío.
Poco después de que el juez acordara dejar en libertad con cargos a los detenidos de la SGAE emitió un comunicado en el que se muestra convencida de que, una vez que Ruz haya analizado toda la información de que dispone, «se despejará cualquier duda sobre el comportamiento de la sociedad de autores».
En un comunicado facilitado a Efe tras la puesta en libertad del presidente de la SGAE, Teddy Bautista, la entidad ha querido reiterar que desde el primer momento «ha puesto todo su empeño en colaborar activamente con la Justicia para el rápido esclarecimiento de los hechos». Y ha señalado que, «en el caso de que se demuestre que la entidad ha sufrido algún perjuicio por parte de los proveedores contratados por el área de informática, adoptará las medidas legales oportunas y reclamará daños y perjuicios de aquellos»
La SGAE destruyó cinco toneladas de papel en diciembre
FERNANDO LÁZARO / Madrid
04/07/2011
Poco después, desde la Sociedad General de Autores y Editores se acordó poner fin a un almacén de documentos que tenían en un pabellón de una localidad del sur de Madrid.
En diciembre pasado, cuando las pesquisas de la Unidad central Operativa de la Guardia Civil avanzaban hacia el final, la SGAE destruyó cinco mil kilos de papel.
Según explicaron a EL MUNDO fuentes cercanas a este operación, la SGAE contactó con una empresa especializada en este tipo de labores, habituada a trabajar, con discreción, o hacerse cargo de documentos que deben ser destruidos.
Y esa empresa se encargó de que se cumpliera el encargo. No lo realizó directamente ésta, que está especializada en la destrucción de documentos de importantes entidades bancarias, sino que subcontrató el servicio.
Allí acudieron empleados de esta segunda empresa, a una nave del polígono de Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, a un pabellón junto a los almacenes chinos más populares de España. Tres fueron los empleados que se trasladaron a Cobo Calleja, a la nave donde la SGAE acumulaba la documentación, para llevar a término el encargo.
Su trabajo fue discreto. Habitualmente, cuando llegan a una empresa, retiran el papel y lo cargan en el camión que dejan aparcado fuera del recinto.
Pero en esta ocasión, los encargados de la nave donde estaba almacenada la documentación ordenaron a los destructores de papel que aparcaran el camión en el interior de la nave e inmediatamente después echaron el cierre. De esta manera, la retirada de toda la documentación se realizó a puerta cerrada y sin testigos.
Durante una mañana estos tres empleados de la subcontrata estuvieron desencuadernando todos los documentos. Una vez finalizada la labor, precintados los paquetes, los metieron en el camión.
Las fuentes consultadas por este periódico indicaron que se trataba, entre diversos tipos de documentos, de facturas y albaranes. Una vez finalizada la tarea, los encargados del almacén obsequiaron a los tres trabajadores de la empresa subcontratada con varios cd y dvd de música y cine.
Desde Cobo Calleja, los empleados trasladaron el camión con todos los documentos a otra localidad cercana de Madrid, a Pinto, al polígono donde están todos los desguaces.
Entregaron todos los paquetes a los responsables de esta empresa, que comprobaron que llegaban a su local todos los envíos precintados e inventariados que habían salido de Cobo Calleja. Una vez allí, todos los documentos de la SGAE pasaron por las cuchillas y fueron destruidos. Los operarios entregaron a la sociedad que encargó el trabajo un certificado de que el papel había sido destruido.
SANTIAGO GONZÁLEZ
04/07/2011
El embudo nacional
Teddy Bautista no es, con seguridad, el más aventajado seguidor del curso de Carnegie sobre «Cómo hacer amigos…», quizá porque le bastó la segunda parte de la propuesta: «…y como triunfar en los negocios». Su afán recaudador para la empresa que administra los derechos de los autores lo ha convertido en uno de los hombres más impopulares de España. Tras su detención por la Guardia Civil y el registro del Palacio Longoria, en que la SGAE tiene su sede, Teddy Bautista se va a convertir en uno de esos tipos por los que españoles que nunca lo han conocido se dividirán en bandos irreconciliables: bautistas y antibautistas, como antes se dividió en garzonistas y antigarzonistas, tíos que se constituyen en causa de guerra civil, el fiel de la balanza en la que pesan siempre su sangre las dos Españas. Eso es carisma, qué coño.
Los antibautistas han recibido la noticia con un gozo que les reventaba las costuras. Jamás había celebrado tanto media España -ni siquiera España entera- la desarticulación de una dirección de la banda terrorista ETA. Bautista es culpable porque nos caía mal (confieso que a mí también un poco). ¿Y de qué es culpable, si puede saberse? De todo: de tratar de cobrar de una obra benéfica, representación parroquial o acto cultural de cualquier asociación de vecinos sin ánimo de lucro. Pero eso no es delictivo, tal como razona mi amigo Ramón Arcusa. «Es sólo recaudar con eficacia un dinero que no le pertenece a él; es de los autores». Es a estos a quienes correspondería, en todo caso, ser solidarios, o no, con lo que les toca, con su dinero.
El banquillo tiene mucha metonimia. Por eso, además de caer mal por lo señalado, Teddy Bautista tiene que ser culpable de los delitos que se le imputan. No le tenemos inquina por haberse demostrado su culpabilidad. Consideramos demostrada su culpa porque le tenemos inquina y hacemos nuestro punto de cruz en Twitter, como las calceteras del terror en la plaza Vendôme, viendo en los telediarios cómo pasan las carretas de los detenidos hacia los garajes de la Audiencia Nacional.
El juez Pablo Ruz ha puesto en libertad sin fianza a Teddy Bautista con cargos por «presunto delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad, un presunto delito de administración fraudulenta, así como un presunto delito societario». Le sigue amparando la presunción de inocencia, pero verán ustedes cómo las dos Españas cambian la actitud que mantuvieron respecto a las listas de Camps. Caco Senante, artista de la ceja, asegura que la Junta Directiva de la SGAE elegirá a Bautista el día 12 «esté imputado o no esté imputado». Esta es una de las muestras de cohesión interna que muestra la doble España de Zapatero: un embudo para cada una. La justicia no tiene apenas que ver con esto, aunque a veces cumpla su función instrumental. ¿Recuerdan ustedes a Marta Domínguez?
Unas cuantas perlas, de las corruptelas de estos que dicen ser socialistas, que no lo son. Desde el cortijo de andalucía, seguimos viendo lo que hay, y vemos que son adivinos, porque antes de pedir un préstamo, ya te lo han dado.
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