QUICO ALSEDO / MANUEL MARRACO Madrid
06/07/2011/El Mundo
El Ministerio de Industria dio a la SGAE y a la trama desmantelada en la operación Saga un total de 3,6 millones de euros desde 2007. En concreto, un millón de euros en subvenciones y 2,6 en créditos blandos. La mayor parte de ese dinero, dos millones de euros, fue a parar a Microgénesis, la sociedad que el juez Ruz sitúa «en la cúspide de la trama empresarial parasitaria de la SGAE». En los pinchazos telefónicos, el supuesto jefe de la trama, José Luis Rodríguez Neri, afirmaba que debía dinero a Industria y sostenía que el Ministerio no se lo había dado «por un tema financiero», sino por «política».
El maná de dinero público sobre Microgénesis, el chiringuito que oficiaba de caja negra en el presunto desfalco, fue sostenido entre 2007 y 2010. El mismo Neri lo evidenciaba en las conversaciones destapadas por el juez en su auto. En ellas admitía a su pareja lo embarazoso de su plan para disolver SDAE (el brazo digital de SGAE) y le contaba lo que había dicho al respecto en una reunión previa en la SGAE: «Tú, no sé si lo sabes, pero tienes de acreedor, por casi dos millones de euros, al Ministerio de Industria, que lo que van a recibir en el peor momento, porque están histéricos ahora mismo, van a recibir una carta que les dice que toda la pasta que han estado metiendo en la SDAE era una puta mentira».
En esa misma conversación del pasado 9 de junio, Neri añadía que «el Ministerio de Industria no es un banco, esto no lo está haciendo como un tema financiero, lo está haciendo de política, es una política».
Las palabras de Neri respaldan la tesis de los investigadores de que tanto SDAE como el laberíntico entramado de sociedades levantado para desfalcar a la SGAE eran en realidad sociedades instrumentales.
Un supuesto decorado de cartón piedra que recibió parte de las ayudas a fondo perdido, mientras que en otras se estableció el régimen de crédito blando. En total, las subvenciones a Microgénesis, Res Cognita -también investigada-, SDAE y SGAE suman 976.538 euros, y los créditos, 2.641.192, según fuentes de Industria.
Así, en 2007 Microgénesis recibió 33.780 euros como subvención y 68.940 como préstamo para desarrollar la plataforma Cinneo de cine digital, en el curso del programa Avanza I+D de Industria. Para poner en funcionamiento la denominada Plataforma Ere2 la aportación estatal fue de 240.828 euros, y el préstamo, de 280.033. El mismo proyecto llevó también a SDAE 226.210 euros como subvención y 298.424 de préstamo. Un sistema llamado «de monitorización audiovisual» le valió un crédito de Industria de 300.338 euros (en SDAE dicho programa dejó otro crédito de 205.504 euros).
En 2008 Microgénesis lanzó el proyecto Elisa de «localización de servicios asistidos», lo que le valió a la empresa de Neri una subvención de 200.645 euros y un crédito por igual valor. Además de otra transfusión de dinero público hacia Cinneo: 13.925 euros de ayuda y 46.413 prestados y a devolver. En 2009 la empresa presuntamente fantasma recibe otras tres aportaciones económicas con munición pública: 72.080, 231.438 y 252.280 euros, estas dos últimas cifras a crédito, para dos proyectos: Open For Contents y Media 3.0, ésta subtitulada un tanto quiméricamente «plataforma de contenidos audiovisuales multimedia multicanal». Y en 2010 hay una nueva ayuda a la empresa investigada: 28.270 euros de subvención y 70.625 a préstamo para el proyecto Open Pyme.
El trasvase de dinero público a SDAE no se queda atrás, y suele ir de la mano de Microgénesis en el BOE, donde las ayudas aparecen normalmente como concedidas a Microgénesis a secas, mientras que SDAE y otras sociedades aparecen en los desgloses no publicados. Así, para el proyecto Cinneo SDAE se lleva aproximadamente 22.000 euros en subvención y 140.000 a préstamo en 2007 y 2008, y otra de las empresas intervenidas, Res Cognita, se lleva cerca de 28.000 euros de ayudas y 72.000 de préstamos en 2007 y 2008.
Por su parte, en 2008 la SGAE recibió directamente 100.038 euros de subvención y 473.908 de crédito.
La Comunidad de Madrid también subvencionó a la firma al menos desde 2007 a 2010, pero en cantidades mucho menores. Según su Boletín Oficial de 12 de abril de 2010, el Plan de Innovación Empresarial le enchufó 83.752 euros. El mismo plan, pero en 2007, le dejó a Microgénesis S.A. 96.495 euros. Y una pedrea más folclórica: dos subvenciones para sendos viajes, uno a Colombia y otro a México, con cargo al denominado Programa de Viajes de Prospección Individual, el primero de 1.387 euros y el segundo de 1.500 redondos, ambos de 2010.
Es probable, no obstante, que esto sea sólo la punta del iceberg de subvenciones al entramado en el último decenio. Un ejemplo: los libros de Microgénesis Producciones S.L. de 2005, a los que ha tenido acceso este diario, tienen anotada una partida recibida de 129.000 euros con la inscripción «subvención oficial» al lado.
El abogado Josep Jover, impulsor de varias demandas contra SGAE, ha denunciado repetidamente que el emporio presuntamente delictivo habría recibido unos seis millones de euros en ayudas europeas por dos proyectos: Perseo y Crea.net. Según Jover, en la cocción de Crea.net jugó un papel central el entonces responsable del proyecto en la Universidad Politécnica de Madrid Rafael Ramos, socio de Microgénesis y encarcelado en la operación Saga. Todos los caminos en Saga llevan, pues, a Microgénesis.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Ferrer Molina.
Madrid
06/07/2011
Los «histéricos», tranquilos
Pese a que Neri decía en los pinchazos que en Industria estaban «histéricos», en el Ministerio que dirige Miguel Sebastián mantenían ayer que están «tranquilos» con su actuación respecto a la trama. Ni tenían «la más mínima sospecha de nada» ni trataron a la SGAE de manera distinta a otros solicitantes de subvenciones y créditos, dicen. «Con la misma transparencia y legalidad», añaden. En las conversaciones de Neri también se mentan -y no para bien- otros dos ministerios. La primera en abrir fuego es la compañera de Neri, María Antonia García Pombo: «Entre que son funcionarios, entre que son el Ministerio de Cultura, que son idiotas, entre que están en elecciones, entre que están de vacaciones, pues es que imagínate», dice la imputada, refiriéndose a que lo más probable es que su jugada para deshacer la ruinosa SDAE dentro de la SGAE pase desapercibida en Cultura
DARÍO PRIETO / Madrid
06/07/2011
«La intervención del juez es una oportunidad para renovar la SGAE»
Tras suspender una convocatoria por la mañana debido a la falta de tiempo para estudiar el auto del juez, los cinco representantes de la Junta directiva de la SGAE elegida en las elecciones celebradas un día antes de la intervención de la Guardia Civil, comparecieron ante la prensa. La representación estuvo compuesta por los cantantes Caco Senante y Víctor Manuel, el dramaturgo y director teatral Ernesto Caballero, el compositor y escritor Sabino Méndez y el editor Juan Ignacio Alonso. Cada uno de ellos, con su papel.
A Víctor Manuel le tocó el de leer el comunicado por el que se anunciaba la creación de una «comisión rectora» que, a partir del próximo martes -fecha en que tendría que tomar posesión la Junta y ratificar a Bautista como presidente del consejo de dirección-, realice una investigación interna y dirija la actividad de la entidad de gestión. Dicha comisión estará «formada por cuatro autores y un editor, elegidos por la propia Junta» y «presidida por un director externo e independiente, de reconocido prestigio», que podría ser un «catedrático», o una persona de contrastada experiencia en materias económicas y de gestión cultural. En el comunicado se anunció que se apartaría del cargo a José Luis Rodríguez Neri y se expresó la solidaridad con Teddy Bautista y con los directores general (Enrique Loras) y financiero (Ricardo Azcoaga).
El cantautor también denunció una supuesta mano negra en la Operación Saga, ratificándose en unas declaraciones realizadas el lunes. «Sigo pensando que hay una mano negro y que en la operación hay muchísimo humo». Víctor Manuel negó la posibilidad de repetir las elecciones, como pedirá hoy la candidatura opositora de José Miguel Fernández Sastrón, al tratarse de una «burla para los socios» y criticó la actitud de los medios de comunicación, que «zarandean» a la SGAE.
Caco Senante, cabeza de la candidatura que ganó las elecciones, hizo de señor despistado. Ante el aumento de la tensión en la sala y las preguntas cada vez más inquisitoriales sobre si la Junta directiva conocía las actividades del principal implicado (Neri), afirmó que habían recibido «una certificación notarial por la que afirmaba que se desvinculaba de sus empresas» y que le creyeron. El autor de Mojo picón afirmó, eso sí, que «ni Teddy piensa dimitir ni ha sido instado a ello».
Sabino Méndez intentó moderar el caos de la sala y realizó un llamamiento a la calma en «una fase muy caliente previa a las elecciones» generales. «Incluso aunque Teddy fuera culpable, ha tenido un tratamiento inadecuado. La vida es en color, no en blanco ni en negro. En un principio se han hablado de cifras como 400 millones de euros, cuando luego se ha visto que eran muchos menos», afirmó. También se refirió a las grabaciones realizadas al responsable de la sDae e incluidas en el auto: «No le podemos dar la categoría de hechos a lo que diga el señor Neri». Y expresó su interés por el desarrollo de la investigación interna: «Es toda una oportunidad para la renovación de la SGAE. En ese sentido, la intervención del juez es un regalo».
Juan Ignacio Alonso hizo de señor serio que habló poco y a Ernesto Caballero le correspondió el papel más emotivo, el de defensor de la cultura en un panorama de hostilidad como ha sido siempre el español: «Esta magnificación está siendo muy perjudicial para un colectivo de 100.000 creadores. Porque desde que se funda esta sociedad con Sinesio Delgado, los ataques, las suspicacias, los recelos y el cachondeíto fino son nuestro pan común. Eso significa que no nos gusta ni que nos recauden ni los artistas. Esta es una sociedad que respeta y admira a los artistas, pero que no los quiere».
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en el análisis de las claves del caso por Darío Prieto
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
06/07/2011
El PP implica a Rubalcaba en la vigilancia de la sociedad
Cuanto más arrecian los rumores de que Rubalcaba deja el Gobierno, más empeño pone el PP en darle el empujón definitivo. Nunca como ayer, al menos, pidió con tanta convicción su «dimisión inmediata», al tiempo que, por si acaso, le implicaba en la responsabilidad política del escándalo de la SGAE.
La portavoz del Grupo en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó que sea él mismo, en su condición de vicepresidente primero, quien conteste en el Pleno de la próxima semana a una interpelación sobre el deber de vigilancia y control de esta entidad, que afecta, según los datos aportados, a un total de cuatro ministerios.
El primero y más evidente, el Ministerio de Cultura, cuya titular, Ángeles González-Sinde, ya ha aceptado comparecer -lo pidió el PP el pasado viernes-, en virtud de las competencias de inspección que le da la Ley de Propiedad Intelectual.
El segundo, el Ministerio de Industria, al que el auto del juez Ruz señala como «acreedor» de la SGAE, en «casi dos millones» de euros -el PP quiere saber por qué concepto-, en virtud de la conversación grabada entre el principal y presunto implicado, José Luis Rodríguez Neri, y su pareja.
El tercero de los ministerios afectados por el escándalo sería el de Administraciones Públicas, del vicepresidente tercero Manuel Chaves, al que el PP reclama los informes de la Agencia de Calidad de Servicios que, hace ya dos años, advirtieron de problemas de transparencia y hasta de irregularidades en la gestión de la SGAE.
Por último, los populares señalan a la Vicepresidencia económica de Elena Salgado, a la que competía actuar tras el informe sobre prácticas monopolísticas, firmado en diciembre de 2009 por la Comisión Nacional de la Competencia.
Sáenz de Santamaría rehuyó la tentación de criticar la buena relación personal de Zapatero y de Rubalcaba con la cúpula de la SGAE. A preguntas de la prensa, sólo dijo que «de quien no es amiga es del PP», dadas las críticas recibidas. Pero sí hizo hincapié en que «lo que tienen que explicar es por qué nadie en el Gobierno hizo nada».
Además, y en relación con el propio Rubalcaba, la dirigente popular se ensañó con su proyectada supresión del canon digital, de la que dio ayer cuenta la Vanguardia. Le acusó de incumplir la Ley de Economía Sostenible, que le obligaba a suprimirlo desde el pasado 6 de junio y, aún más, de hacerlo de manera deliberada, retrasándolo y supeditándolo a sus «intereses» particulares como candidato socialista.
Éste fue -junto a la «tomadura de pelo» de sus soluciones contra el paro, y la reciente licitación de contratos para el proceso electoral- un ejemplo del «abuso de poder, incompatibilidad manifiesta y arbitrariedad» con los que justificó su petición de dimisión inmediata
J. M. / Madrid
06/07/2011
Sinde fue alertada hace 18 meses del desvío de fondos de la SGAE
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, conocía de primera mano desde hace al menos 18 meses que en torno a la SGAE se había creado un entramado de empresas privadas al que la entidad de gestión de los derechos de autor -que por imperativo legal tiene prohibido obtener lucro- desviaba sus propios fondos.En una carta fechada el 14 de enero de 2010, el Comité de Empresa de la SGAE alertó a la ministra de que se estaba produciendo la «creación de empresas con ánimo de lucro que resultan deficitarias, a las que la empresa matriz SGAE inyecta ingentes cantidades de dinero para su sostenimiento». Es decir: los representantes de los trabajadores avisaron de forma explícita de que en paralelo a la sociedad de autores había surgido esa «trama parasitaria» de la que habla el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el auto de prisión de anteayer.
La misiva reclamaba «la intervención del Ministerio de Cultura» mediante «auditorías externas e independientes» en la SGAE y su grupo de empresas «ante la alarmante situación que vive la institución». «El motivo de esta solicitud es la extraordinaria preocupación como trabajadores que vivimos el día a día de un deterioro institucional que puede conducir a la desaparición de la SGAE después de 110 años de existencia», relata la carta, que adquiere un cariz profético 18 meses después.
La Ley de Propiedad Intelectual atribuye al Ministerio de Cultura la facultad de «vigilancia» sobre las entidades de gestión de los derechos de autor, como la SGAE. No obstante, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, echó ayer un cable a su compañera González-Sinde y afirmó que el Tribunal Constitucional había declarado «contrario al orden constitucional» ese precepto, por lo que Cultura «no tiene las competencias de vigilancia, control y fiscalización de las entidades de gestión»
Pero ese cable tiene otra doble lectura. Primero, porque ese razonamiento conduce a concluir el absurdo de que, aunque Cultura hubiese tenido noticia de un comportamiento irregular, no podía hacer nada.
Y segundo porque, en realidad, no es exactamente así. Lo que dice la sentencia 196/1997 del Alto Tribunal es que en Cataluña y el País Vasco -cuyos respectivos gobiernos recurrieron la ley- esa facultad corresponde a esas comunidades autónomas, porque lo contrario significaría invadir las competencias de ejecución de la legislación del Estado sobre propiedad intelectual que les atribuyen sus respectivos estatutos de autonomía.
No ha habido ningún pronunciamiento explícito sobre la Comunidad de Madrid, donde la SGAE concentra la mayor parte de su actividad, aunque su Estatuto de Autonomía también le atribuye la competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de propiedad intelectual.
El portavoz de Cultura del PP, José María Lasalle, replicó a Caamaño, en declaraciones a la agencia Efe, que lo que pretende el ministro es exculpar al Gobierno de la vigilancia que le correspondía y que «no ha aplicado demasiado rigor» en la interpretación de esa sentencia del Constitucional, «quizá porque lo único que le preocupa es tratar de exonerar a su compañera de gabinete, Ángeles González-Sinde».
Según su interpretación, esa resolución prevé que las comunidades autónomas que reclamen competencia en esa materia la tendrán «sólo en su respectivo territorio y, en todo caso, compartiéndola con el Estado».
La SGAE, recordó Lasalle, está radicada en Madrid «con alcance sobre todo el territorio, por tanto ni País Vasco ni Cataluña tienen competencia para poder supervisar o fiscalizar la SGAE».
Por todo ello, el portavoz popular pidió a Caamaño que «no eche balones fuera» y que asuma la responsabilidad que le corresponde «exclusivamente» al Estado en la investigación de un supuesto desvío de fondos en la SGAE
LUCAS PÉREZ / Madrid
06/07/2011
«Ahora resulta que nos roban desde la propia SGAE»
Pregunta. - ¿Cuál es la solución a todo lo que ha pasado en la SGAE?
Respuesta.- Abogo por una gestora en la que intervengan las dos partes: los que han ganado y los que han perdido. Hasta que un juez decida si las elecciones han sido fraudulentas o no. Si es que sí, evidentemente hay que convocar elecciones nuevas. Y ahí sí votaré.
P.- Usted se presentó hace años...
R.- Sí, y desde entonces no voto. Recibí tantas hostias que desde entonces jamás me volvieron a llamar para nada. Me iban a seguir robando igual. Una vez son unos y otra vez son otros. Es escandaloso. Y ahora, después de esto, ¡es que te roban ellos mismos, desde dentro!
P.- ¿Qué le parece que Teddy Bautista no haya dimitido?
R.- Este señor da mucho miedo... Estará jugando sus cartas. Lo que sabe el señor Bautista de los entresijos de la Cultura de este país y de los contactos políticos, pues vete a saber... Supongo que esa es su defensa. Debería presentar su dimisión por dignidad, pero creo que cuando uno está por encima de todos y de todo y se te va la pinza tanto... no tienes los pies en el suelo. Él se considera un intocable.
P.- ¿Se ha sentido defendido?.
R.- Como autor, no. Hemos tenido que tragar durante años la frase de que la SGAE era «la Cueva de Alí Babá». Es duro que a todos los autores nos metan en el mismo saco. Y ahora encima nos roban los mismos que están... ¿También tenemos la culpa nosotros?
P.- ¿Qué le ha molestado más?
R.- No soporto el comentario ése de que «es que la otra parte que se ha presentado tiene que ver con el Partido Popular». Esa frase es muy repetida por el bando de Bautista. De qué hablamos, ¿de autores o de poder político?. Yo creo que ése es el gran error. Mientras la SGAE siga funcionando con que unos son los buenos y otros son los malos, vamos fatal. Los autores pueden tener la ideología que quieran. Cuando se utiliza ese discurso es que no hemos superado todavía la Transición. Y a lo mejor la SGAE no la ha superado.
Esto, es el despiporre de los caballos desbocados de estos que dicen ser socialistas, que no lo son.
ResponderEliminarEncima la ministra lo sabía con antelación, y no hizo nada para evitar, claro, como eran de los suyos...,. Que la empapelen aparte de dimitir.