MARÍA PERAL / Madrid
18/07/2011/El Mundo
Ha costado siete años pero, finalmente, el Estado ha podido tomar posesión de la finca que el ex número dos de Interior Rafael Vera adquirió con los fondos reservados sustraídos del Ministerio, finca que los tribunales adjudicaron a la Administración en 2004.
El pasado 15 de junio, el delegado del Ministerio de Economía y Hacienda en Albacete -provincia en la que está situada la explotación, valorada en 8,5 millones de euros- recibió las llaves de manos de los representantes de la comunidad de herederos de Enrique Esquivias, suegro de Vera y utilizado por éste como testaferro para encubrir la adquisición de esos bienes, según declararon probado los jueces. Vera sigue utilizando como residencia familiar otra finca, en Torrelodones (Madrid) y también adquirida con fondos reservados.
Tampoco esta finca de Torrelodones le pertenece desde que fue firme su condena por sustracción de caudales públicos, en octubre del año 2004.
A las 12 horas del pasado 15 de junio, según consta en el acta extendida al efecto, los representantes de la Administración tomaron posesión de la finca El Relumbrar, situada en el término municipal de Alpera (Albacete) y dedicada a la explotación agrícola y ganadera. Fue adquirida por Rafael Vera a través de su suegro, Enrique Esquivias, en octubre de 1989 utilizando para ello fondos reservados de los que el ex alto cargo socialista disponía en el Ministerio del Interior.
El acta refleja que el delegado provincial del Ministerio de Economía y Hacienda de Albacete recibió las llaves de la finca de manos del representante de la comunidad de bienes de los herederos de Enrique Esquivias. «Se toma posesión del inmueble en nombre de la Administración General del Estado y, una vez en el interior de la parcela, se procede a realizar un inventario del estado general de la finca», añade el documento.
Se detalla que El Relumbrar cuenta con 12 instalaciones industriales y edificios, entre ellos una vivienda principal con una superficie de 470 metros cuadrados «compuesta por siete habitaciones, cinco cuartos de baño, una cocina y un salón comedor». Hay tres viviendas aledañas de una superficie aproximada de 140 metros cuadrados, así como oficinas de administración, una pequeña bodega, aprisco, naves y tres cuadras de caballos. De la gestión y custodia de la explotación se ha hecho cargo la empresa Tragsa, según ha resuelto la Dirección General de Patrimonio.
Para el desalojo de la finca de Vera en Albacete ha sido necesaria una orden judicial: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete dictó una resolución el pasado 20 de mayo por la que autorizaba a los representantes del Ministerio de Economía a entrar en la explotación y tomar posesión de ella.
La del Juzgado de Albacete ha sido la última intervención judicial en un largo proceso plagado de obstáculos para lograr el cumplimiento de lo que establece la ley penal: toda condena lleva consigo la pérdida de los objetos que provengan del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hayan podido experimentar. Esos objetos deben ser decomisados y, en este caso, devueltos al Estado, que fue el perjudicado por el delito continuado de malversación de caudales públicos cometido por el ex secretario de Estado para la Seguridad.
Han pasado siete años desde que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia condenatoria dictada en enero de 2002 por la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid. Ésta declaró probado que Vera sustrajo 3,8 millones de euros (645 millones de pesetas) procedentes de los fondos reservados asignados al Ministerio del Interior para la lucha antiterrorista. De esa cantidad, él se quedó con «al menos» 141 millones de pesetas y el resto lo repartió entre algunos de sus subordinados.
Nada más dictar condena, la Audiencia de Madrid tomó la precaución de ordenar que se anotara en el Registro de la Propiedad la prohibición de enajenar dos fincas: una de 9.300 metros cuadrados situada en Torrelodones (Madrid) y otra de 627 hectáreas en Alpera (Albacete). Los magistrados declararon probado que ambas fueron adquiridas por Vera utilizando los fondos reservados de los que se apropió.
Formalmente, la finca manchega fue comprada por el suegro de Vera a la sociedad Edificación, Promociones Inmobiliarias y Chalets Adosados, S.A. (Epicasa), de la que era administrador único el hermano del ex secretario de Estado, Juan Luis Vera. Éste la había adquirido en 1987 por un precio escriturado de 20 millones de pesetas a una sociedad agraria de transformación.
El precio de venta que se hizo constar en la transacción de Epicasa a Esquivias fue de 25 millones de pesetas, aunque la Audiencia de Madrid afirmó en la sentencia condenatoria que «fue superior». De 1990 a 1993, las aportaciones a El Relumbrar mediante ingresos en efectivo en la caja de la finca fueron de un total de 71 millones de pesetas: 14,5 millones 1990, 36 en 1991, 11 en 1992 y 9,5 millones en 1993.
La forma de adquisición de la finca fue uno de los argumentos de la Audiencia para asegurar que Esquivias no fue sino un mero testaferro y que la propiedad real era de Rafael Vera.
Los magistrados indicaron que «no se sabe para qué compra Epicasa, una sociedad dedicada a chalés y promociones inmobiliarias, tan enorme finca rústica y no ha sido posible averiguarlo en el juicio. Según Juan Luis Vera, porque era una buena oportunidad de invertir. [Pero] eso se explica si luego se vende por su valor real, muy superior a los 100 millones de pesetas. Pudo Juan Luis Vera ganar más de 80 millones de pesetas y se contentó con cinco (en perjuicio suyo y de sus descendientes) y en beneficio del suegro de su hermano y de los descendientes de aquél y de éste». «Inexplicable», concluyeron los jueces.
Durante el juicio no quedó clara la forma de pago de la finca (Juan Luis Vera dijo que recibió un talón, pero el hijo de Enrique Esquivias aseguró que fue en metálico porque su padre tenía mucho dinero negro) y ni siquiera si el comprador conocía la explotación antes de comprarla. «En definitiva», señaló la Audiencia, «el hermano de Vera, que compra para invertir, que tiene problemas y puede ganar dinero, vende la finca por un precio ínfimo al suegro de Vera, que, a sus 73 años, compra una enorme finca rústica a cientos de kilómetros de su domicilio, sin que conste claramente si la vio antes de hacerlo y la paga en forma que se ignora».
Los tribunales descartaron que el dinero invertido en la adquisición y mejora de El Relumbrar procediera del suegro de Vera, como éste alegó.
Durante el proceso judicial se analizaron detalladamente los ingresos y el patrimonio de Esquivias así como el rendimiento de su negocio de ferretería. Los peritos llegaron a la conclusión de que no era posible que los 141 millones de pesetas que formalmente costaron las fincas de Torrelodones y Albacete procedieran de sus ganancias.
El 18 de noviembre de 2004, un mes después de que el Supremo confirmara el fallo condenatorio, la Audiencia de Madrid dictó un auto por el que adjudicó al Estado las dos fincas. El 21 de enero de 2005 ordenó su inscripción en el Registro de la Propiedad a nombre de Estado.
Dado que el Código Penal establece que los bienes decomisados serán vendidos para satisfacer el importe de las responsabilidades civiles -en este caso, devolver al Estado las cantidades malversadas-, la Administración hizo una valoración de las fincas de Vera y la Audiencia ordenó su venta el 11 de enero de 2007.
El inicio del proceso de enajenación supuso el comienzo de toda una serie de acciones judiciales civiles por parte de los familiares de Vera ante las que la Abogacía del Estado ha defendido con éxito los intereses de la Administración.
La ocupación de las fincas suponía otra dificultad para la enajenación. El abogado del Estado instó el desalojo, que fue autorizado por la Audiencia el 8 de septiembre de 2009 «pudiendo exigir el auxilio de la fuerza pública», señalaba la resolución.
En lo que se refiere a El Relumbrar, el procedimiento de desalojo dio lugar a diversos incidentes ante la Audiencia de Madrid, la delegación de Economía y Hacienda en Albacete y, finalmente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, cuyo concurso ha sido necesario para lograr la salida de los ex propietarios
Inminente fallo del TC
J. M. / Madrid
18/07/2011
El currículum siniestro de un jefe de los GAL
Sus condenas suman 18 años y medio de cárcel, pero el ex número dos de Interior apenas ha cumplido un año y dos meses de internamiento efectivo, más otro año en el que disfrutó de continuas prebendas para abandonar la prisión seis días a la semana.
En otras dos ocasiones, fue juzgado y absuelto: la primera, de encubrir el primer asesinato de los GAL, el de los etarras Lasa y Zabala por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo; la segunda, de organizar y financiar un montaje delictivo como venganza contra el director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez. Según el tribunal, existía un «juicio de probabilidad» sobre su implicación en ese escándalo, «pero no el de certeza». El ex gobernador civil de Guipúzcoa José Antonio Goñi Tirapu declaró después del juicio que Vera estaba presente cuando a él le entregaron 50 millones de pesetas para pagar la operación.
Éste es un resumen de la implicación de Vera en los casos por los que fue condenado:
El 'caso Fondos Reservados'. Siete altos cargos del Ministerio del Interior -entre ellos, los ex ministros José Barrionuevo y Rafael Vera- se sentaron en el banquillo acusados de cobrar un sobresueldo ilícito con cargo a los fondos reservados. La notitia criminis que motivó el procedimiento judicial fue una larga investigación de este periódico.
Barrionuevo y Corcuera se beneficiaron de una modificación legal para salir absueltos, pero Vera fue condenado a siete años de cárcel por disponer de «al menos» 645 millones de pesetas, de los que 141 fueron a parar a su propio bolsillo. El resto, lo repartió a discreción entre sus subordinados. El Supremo subrayó que «es posible que ni el propio Vera, con rigor, pueda precisar la cantidad total sustraída», ya que «ha sido imposible verificar» el monto de los fondos de los que éste y los otros condenados se adueñaron.
El secuestro de Segundo Marey. La entrevista en este diario de los policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados en 1991 por organizar dos atentados de los GAL, sentó las líneas maestras de la histórica sentencia del Tribunal Supremo que en 1998 condenó al primer ministro del Interior de Felipe González, José Barrionuevo, y a su máximo responsable de la seguridad del Estado, Rafael Vera, entre otros altos cargos, a 10 años de cárcel por el secuestro del ciudadano hispanofrancés Segundo Marey, al que un grupo de mercenarios a sueldo de los fondos reservados confundieron con el etarra Mikel Lujua.
La resolución, que es una de las biblias del terrorismo de Estado, confirmó que Barrionuevo y Vera dieron el visto bueno al plan propuesto por el entonces gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, y que fue el propio Vera en persona quien entregó a éste un millón de francos para pagar la operación.
El Supremo acreditó que Barrionuevo y Vera conocían el error y, aún así, ordenaron seguir adelante con el secuestro para presionar a Francia y siguieron paso a paso toda la operación, incluida la reivindicación posterior por los GAL.
En mayo de 2009, Vera admitió su responsabilidad en la guerra sucia en una entrevista en Vanity Fair, en la que deslizó la posible responsabilidad del presidente del Gobierno.
Los maletines a Amedo y Domínguez. La última condena en el tiempo -la confirmación del Supremo fue en marzo de 2009- fue también consecuencia de aquella entrevista. Como había publicado este diario, los tribunales probaron que Vera intentó «garantizar el silencio» de Amedo y Domínguez con 260 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados «y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio Vera».
«Vera era la persona a la que más directamente beneficiaba el silencio de José Amedo y Michel Domínguez, como se demostró en el juicio sobre el secuestro de Segundo Marey», afirma la sentencia de la Audiencia de Madrid. Con ese fin, las esposas de los dos policías recibieron entregas mensuales de maletines en Ginebra (Suiza), donde tenían abiertas sendas cuentas.
Durante el juicio, Vera dio muestras de su talante:
- ¿Y eso lo pagó usted de su patrimonio o con fondos del Ministerio?, le preguntó el fiscal Rodríguez Sol.
- Pues no lo sé. A lo mejor con los mismos que utilizaba para pagar a algunos fiscales, contestó Vera
Madrid
18/07/2011
Barrionuevo equipara su condena en los GAL con el 'caso Faisán'
El cargo político de mayor rango condenado por organizar la guerra sucia contra ETA, el ex ministro del Interior José Barrionuevo, les dio ayer el abrazo del oso a los mandos policiales recientemente procesados en el caso Faisán por colaborar con la banda: descalificó al juez Pablo Ruz y equiparó la causa que terminó con su propia condena a 10 años de cárcel por secuestro con la que se sigue en la actualidad en la Audiencia Nacional.
Barrionuevo acusó a Ruz de intentar sustituir socialmente al «impresentable» Baltasar Garzón. En declaraciones a Servimedia, sostuvo que estos procesamientos hacen un «daño enorme», puesto que suponen, dijo, acusar de colaboración con ETA a funcionarios con una larga trayectoria en la lucha contra la banda, como el jefe superior de Policía del País Vasco.
«Me parece una desmesura completa», aseguró el ex ministro, que opinó que Ruz intenta imitar a Baltasar Garzón, que en su momento investigó el caso Segundo Marey. La instrucción de Garzón fue luego rehecha por el juez del Tribunal Supremo Eduardo Móner y el procedimiento terminó demostrando que Barrionuevo y su hombre de máxima confianza, Rafael Vera, dieron el visto bueno al secuestro en Francia del etarra Mikel Lujua con fondos reservados del Ministerio y que, cuando los mercenarios contratados lo confundieron con el ciudadano Segundo Marey, ordenaron seguir adelante.
El ex ministro socialista consideró que «aquellos barros traen estos lodos», ya que, a su juicio, convertir a Garzón «en un modelo en la escuela judicial, trae estas cosas». La paradoja es que altos cargos del PSOE han defendido repetidamente a Garzón en los últimos años como un modelo a seguir.
«Hay muchos jueces jóvenes que quieren ser Garzón, como en tiempos había muchos estudiantes de Económicas que querían ser Mario Conde, es parecido», continuó Barrionuevo. A su juicio, el modelo que estaría imitando el juez Ruz es el de «personajes que tienen éxito social a cualquier precio». Esto hace, en su opinión, que pueda haber jueces que procesen a los policías del caso Faisán en «un acto irresponsable y disparatado, sólo para salir en la prensa y aspirar a ver si se es el sustituto del impresentable Garzón».
También ayer, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) calificó en un comunicado de «infamia judicial, mediática y política» acusar a los policías imputados por el caso Faisán de colaborar con banda armada porque, en su opinión, no hay pruebas de ello, y señaló que lo que se pretende es ocultar a los verdaderos autores del chivatazo que, según la nota, «sí podrían hablar de los políticos que les dieron las instrucciones de cometerlo».
El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, que firma el comunicado, se pregunta por qué no se ha investigado más al investigador del caso Faisán, el comisario Carlos Germán. La nota también arremete contra el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz porque, a su juicio, «instruye mal» y quiere «hacerse famoso».
«Si supieran los ciudadanos cuantos cócteles molotov, cuantos coches y cajeros, cuantas llamadas a la lucha armada ha realizado en asambleas abertzales el mejor infiltrado policial en la banda terrorista, seguramente no se podrían haber evitado decenas de crímenes», dice Fornet, abonando la tesis de que el cobrador de ETA Joseba Elosua era un colaborador policial
SANTIAGO GONZÁLEZ
18/07/2011
¿Impune o implume?
El último de los gritos de apoyo que el candidato necesita es Barrionuevo-Rubalcaba, le même combat. De hecho, el primer ministro del Interior socialista había pasado al reino de las sombras y de la discreción. En el que todavía es su partido, Garzón es un juez amigo. De hecho, ni siquiera Felipe G. se acuerda ya de las vieja rencillas, pelillos a la mar. En abril ironizaba sobre la causa que aguarda a Garzón por las escuchas ilegales del caso Gürtel: «El juez juzgado antes que los corruptos a los que quería juzgar, no está mal como modelo».
No acierta Barrionuevo al comparar a Ruz con Garzón. En rigor, a Garzón ni siquiera se le puede comparar consigo mismo. Él había acunado el sumario del Faisán que recibió de Grande-Marlaska hasta el límite del sueño eterno, mientras Ruz lo despertó al reemplazarlo en la Audiencia Nacional.
Se ha generalizado en la España gubernamental una forma curiosa de razonar sobre la imputabilidad de según qué delitos a según quiénes. ¿Cómo pueden colaborar con ETA personas que han luchado durante años contra el terrorismo?, se preguntan. Hace una década la pregunta era: ¿cómo se puede condenar a un hombre con la hoja de servicios de Galindo en la lucha contra ETA?
Recuerden al general Rodríguez Galindo. Desde Intxaurrondo desplegó una actividad metódica, sostenida, incansable, contra ETA. Él fue el responsable principal de la detención de unos 120 comandos y de la caída de la cúpula de ETA en Bidart, 'Pakito', 'Txelis' y 'Fiti', el 29 de marzo de 1992. Pero entre unas cosas y otras, un día ordenó el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala, según la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2003 lo condenó a 71 años por estos cargos. ¿Su brillante hoja de servicios debería dotarlo de impunidad?
Hay una analogía entre el delito de Galindo y el caso Faisán, aunque el asesinato de terroristas es un delito de naturaleza distinta (y más grave) que la colaboración con banda armada. De ahí que a Galindo le cayeran 71 años y a los tres del Faisán ya implume no les puedan caer más de 10. Lo explicó genéricamente y antes del chivatazo José Ramón Recalde, a comienzo de los años 90, en un artículo de prensa. Hay dos maneras de magrear la ley en la política antiterrorista: por debajo de la mesa o por encima. El primer procedimiento es la guerra sucia; el segundo, la negociación política.
El pasado de los tres procesados por el Faisán no avala sus presuntas llamadas de alerta aquel 4 de mayo, aunque es doctrina oficiosa en el Gobierno y su partido que la negociación que el chivatazo protegía es la causa de la derrota de ETA. ¿Está ETA derrotada, cuando los independientes de Bildu han tomado las instituciones guipuzcoanas? ¿Su último comunicado es un acto de disimulo interno? ¿Cómo se expresarán cuando estén contentos?
Las hazañas de estos que dicen ser socialistas, que no lo son. Encima con prepotencia y aires chulescos, en definitiva, es lo que les va a estos de la casta.
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