CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid
30/06/2011/El Mundo
PP y PSOE presentaron ayer en el Congreso sendas propuestas de resolución, aparentemente antagónicas, en relación con la actuación de Bildu en las diputaciones y ayuntamientos vascos y navarros.De la distancia que separa a los dos grupos dan buena cuenta los enunciados de dichas propuestas; la popular, «para la defensa de la democracia en las instituciones vascas y navarras»; y la socialista, para el «acatamiento de todas las resoluciones judiciales»; la primera, en alerta frente a Bildu; la segunda, en defensa de su legalización por parte del Tribunal Constitucional.
Así, de hecho, se cuidó de explicar su propuesta el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Eduardo Madina, «tras asistir en las últimas fechas», dijo, «a la mayor campaña de ataque directo y de desprestigio al Constitucional por parte de la derecha a propósito de las últimas resoluciones emitidas, y de las barbaridades que se han dicho sobre los magistrados».
Madina puso el acento en la defensa del TC, pese a que el breve texto de la propuesta socialista número 89 también contempla una advertencia a los ediles de Bildu: «En relación con las últimas decisiones de las más altas instancias jurisdiccionales, el Congreso de los Diputados manifiesta el máximo respeto y acatamiento de todas las resoluciones judiciales, así como la obligación que a todos los poderes públicos corresponde de cumplir y hacer cumplir la ley».
Muy al contrario, en la presentación de su propuesta de resolución, la portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, puso el acento en el cúmulo de «circunstancias» que apuntan ya al incumplimiento de la ley por parte de los cargos electos de Bildu y que, sobre el papel registrado ayer por su Grupo, son seis: «El acoso a concejales del PP y el PNV, como en el caso de Elorrio; la retirada de símbolos constitucionales en los ayuntamientos; la prohibición de acceso a los escoltas en consistorios gobernados por Bildu; la presencia de destacados dirigentes de Batasuna en las tomas de posesión y en los equipos directivos de los Gobiernos de Bildu; los discursos reivindicativos de las posiciones defendidas por ETA-Batasuna que se escuchan en boca de los nuevos electos de Bildu, y, muy especialmente, la negativa a condenar la violencia terrorista de ETA y pedir su disolución».
En su exposición de motivos, el PP llega a afirmar que todos ellos son «indicios» que avalan la tesis del Supremo, esto es, «que los electos independientes de Bildu no son sino una continuación de Batasuna».
Sin embargo, la beligerancia popular se detiene prácticamente en este punto. Porque, en un texto tan medido o más que el socialista, la propuesta rebaja las expectativas abiertas por Rajoy en su discurso de la víspera en el Debate sobre el estado de la Nación, y elude por completo una exigencia explícita de desalojo o expulsión de los electos.
De hecho, y a diferencia de lo apuntado por Rajoy, la propuesta popular ni siquiera apela a la «incompatibilidad sobrevenida» que la reciente reforma de la Ley Electoral recoge para expulsar a los ediles de sus cargos. Muy probablemente, según los expertos, porque esto sólo es posible previa ilegalización de Bildu.
Sea como sea, los populares son muy cuidadosos con el Constitucional, al rescatar del texto de su sentencia la referencia a «una panoplia de instrumentos de control a posteriori», contenida en las últimas reformas legales, y para la que, según el texto popular, «sobran argumentos».
En definitiva, lo que textualmente propone el PP es que el Gobierno «extreme la vigilancia sobre la conducta y las manifestaciones de los electos de Bildu, a fin de evitar que utilicen las instituciones democráticas para continuar la estrategia marcada por Batasuna ETA». Y ello, «desde la lealtad al Pacto Antiterrorista», lo que significa que Rajoy no está dispuesto a romperlo si el Gobierno desatiende su petición.
El Grupo Socialista no ignoró la propuesta popular, y decidió enmendarla para reducir el reclamo al Gobierno de que «vigile» por el de que «impida las amenazas», asegurando, eso sí, el respeto a las víctimas. También remarca la necesidad de respetar la sentencia que permitió su concurrencia en las elecciones. El PP la calificó de «inaceptable».
JAVIER ORTEGA / OLGA R. SANMARTÍN / Zaragoza / Madrid
30/06/2011
Las ciudades derrotadas protestan por la decisión
Mientras Bildu se probaba ayer frente al espejo el traje nuevo de pacifismo que le ha valido a San Sebastián la capitalidad europea de la cultura en 2016, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, fraguaba por teléfono una rebelión de ciudades indignadas. El dirigente socialista habló con los regidores de las candidaturas derrotadas -Córdoba, Burgos, Segovia y Las Palmas- para hacer frente común. Por un lado, van a presionar al Gobierno para que trate de invalidar la concesión y fuerce a repetir todo el proceso. Por otro, tienen la intención de poner en marcha una red de ciudades culturales, una iniciativa parecida a la que en 2008 crearon los municipios ingleses que perdieron frente a Liverpool.
«El Ministerio de Cultura tiene una posibilidad, que es la de no tramitar el expediente, y Zaragoza va a solicitar que no tramite ese expediente y devuelva el informe a los miembros del jurado para que realicen de nuevo una evolución con la exclusión del criterio político», decía ayer un Belloch que daba cuenta de su «enfado». Si Cultura no les hace caso y la opción donostiarra sigue adelante, advirtió, irán «a los tribunales».
Belloch, como otros alcaldes, denuncia que en la decisión han influido criterios políticos, cuando las bases europeas de la convocatoria establecen que se deben tener en cuenta aspectos culturales. La Comisión Europea reconoce sin reparos que el principio de «la no violencia ha sido un criterio importante para elegir a la ciudad», pero defiende que la elección se ha llevado a cabo «bajo el procedimiento establecido y por expertos independientes».
Pero no es esto lo que piensan los alcaldes, y tampoco algunos miembros del Gobierno, como la ministra de Medio Ambiente (e impulsora de la candidatura de Córdoba), Rosa Aguilar, que ve un «grave error» que se haya tenido en cuenta el argumento político de la pacificación, o el vicepresidente Manuel Chaves, que considera «sorprendente» la designación.
El alcalde de Burgos, Javier Lacalle (PP), dijo que hará una «petición formal» de información al Comité de Selección y al Ministerio. «Nos parece obligatorio que se den las explicaciones oportunas, que se digan los criterios que se han empleado para despejar cualquier tipo de duda. Dudas que tenemos hoy en toda España y, de forma especial, en las ciudades candidatas. Esperamos que se puedan hacer públicos todos los criterios y toda la puntuación de la ciudad elegida», defendió.
También el primer edil de Córdoba -la candidata favorita-, el popular José Antonio Nieto, anunció «acciones». «Si ha pesado más la política que el proyecto cultural, si la voluntad política ha sacrificado la esencia de las bases y su raíz, vamos a defender los intereses de Córdoba. No es una amenaza pero, si se han visto vulnerados por alguna razón, tenemos que hacerlo», advirtió.
Fuentes del proyecto Córdoba 2016 denuncian el «oscurantismo» que ha girado en torno a la votación. De hecho, el bufete de abogados Mariano Aguayo ha decidido impugnar la capitalidad por «ilegal». La firma asegura que ha solicitado ya a Cultura las actas del acuerdo por el que el jurado ha propuesto a San Sebastián «por motivos» ajenos a la legislación europea.
En Segovia, que perdió por seis a siete frente a la capital guipuzcoana, sus responsables políticos no son partidarios de la impugnación, como tampoco lo son en Las Palmas, pero unos y otros expresaron igualmente su decepción. Óscar López, secretario general del PSOE de Castilla y León, consideró: «No comparto el fallo del jurado, que considero estrepitoso; es un claro error». «No sé si alguien algún día dará alguien una explicación seria a lo que ha sucedido, pero yo tengo que seguir manifestando mi sorpresa», añadió el alcalde, Pedro Arahuetes, independiente en la lista del PSOE.
Mientras, el PP se ponía también del lado de las ciudades derrotadas y sólo Antonio Basagoiti, presidente de los populares en el País Vasco, mostraba su «alegría» por la designación.
Con información de Teresa Sanz, Toñi Caravaca, J. Maiques y Darío Prieto.
O. R. S. / Madrid
30/06/2011
El vicepresidente del jurado y la paz
Emilio Casinello, vicepresidente del jurado que optó por San Sebastián, dirige el Centro Internacional de Toledo para la Paz, una fundación sin ánimo de lucro que, como se define en su web, «tiene como objetivo contribuir a la prevención y resolución de conflictos, la gestión de crisis y la consolidación de la paz». Es decir, una organización que ejerce de mediadora en conflictos, como lo es el centro Henry Dunant (que medió con ETA). Fuentes parlamentarias europeas expresaron ayer su extrañeza por la victoria repentina de San Sebastián, «cuando todo el mundo daba por hecho que iba a ser Córdoba»Madrid
30/06/2011
Detienen a un etarra en Francia y otro escapa
El individuo, cuya identidad no se había facilitado al cierre de esta edición, conducía un Peugeot 307 e iba acompañado por otra persona que huyó y a la que buscaban de madrugada las fuerzas de seguridad francesas.
Según las mismas fuentes, en el momento de la detención se produjo un forcejeo entre el detenido y los agentes. El arrestado, que se identificó como miembro de ETA, fue trasladado a dependencias policiales. Entretanto, la policía francesa puso en marcha un amplio despliegue para detener al presunto terrorista huido.
Esta nueva operación se produce tan sólo 12 días después de la detención del también etarra Iñaki Atxalandabaso, quien fue arrestado en la región francesa de Chambery cuando viajaba en un tren procedente de Turín. En el momento del arresto, trasladaba numeroso material electrónico para la confección de artefactos explosivos.
Efectivamente lo que les faltaba, la guinda del pastel con mucha, mucha gracia.
ResponderEliminarPor lo demás, otro que va al trullo, uno menos para el reparto.