EL MUNDO / Madrid
La resolución de la Audiencia respalda la inicial sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Madrid, que en julio de 2010 concluyó que el trabajo periodístico de Rubio estuvo dirigido «en todo momento a informar al ciudadano sobre un grave atentado de candente actualidad que afectaba al interés general», en la línea de la doctrina de la Corte de Estrasburgo sobre la libertad de información.
Por publicar esa noticia, la Fiscalía llegó a pedir para el periodista una condena de tres años de cárcel -lo que habría implicado su ingreso efectivo en prisión- y otros tantos de inhabilitación para el ejercicio de su profesión. El Ministerio Público decidió no recurrir la absolución de Rubio en primera instancia, pero sí lo hizo la acusación particular que ejercía el confidente Cartagena.
La Federación de Asociaciones de Periodistas apoyó públicamente al subdirector de este diario desde el inicio del procedimiento. Entre otras cosas, porque Rubio llegó a ser multado con 1.000 euros por negarse a revelar sus fuentes, aunque esa sanción fue luego revocada.
La Sección 29ª de la Audiencia de Madrid argumenta ahora, principalmente, que «la conducta que se imputa a Antonio Rubio se realizó con la autorización del titular de los datos revelados [el confidente Cartagena]», siguiendo el criterio de los letrados de la defensa, Juan Luis Ortega y Cristina Peña.
La jueza Carmen Viñaras, que absolvió a Rubio en primera instancia, también argumentó que el confidente, «que incurrió en numerosas contradicciones y tenía problemas económicos, pueda alegar que se siente perjudicado por la noticia». «Lo que es claro es que, desde la publicación, Abdelkader siguió en contacto con el acusado, a quien consideraba 'su interlocutor periodístico', y le envió su currículum, que se presentaba como periodista y no denunció hasta dos años después», decía la sentencia.
Los tribunales han apoyado reiteradamente las informaciones de este diario sobre el 11-M. La Audiencia de Madrid ya desestimó en diciembre de 2010 una demanda del ex comisario jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, y elogió la «actitud pertinaz del citado periódico por esclarecer (o intentar que se esclareciera) qué había ocurrido realmente en los atentados del 11-M: qué explosivo había sido utilizado y de dónde podía haber procedido».
Antes, en septiembre de 2007, un juzgado de Mérida respaldó la «veracidad» de una noticia del vicedirector de EL MUNDO Casimiro García-Abadillo. Fue absuelto de una demanda del ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por informar de que éste proporcionó al ex secretario de Estado Rafael Vera «un despacho y un teléfono seguros en las cercanías de Mérida» para que, a lo largo del 12 de marzo de 2004, utilizase sus contactos policiales y judiciales para facilitar al PSOE información privilegiada sobre el 11-M.
Esto va bien. Parece que poco a poco la sensatez en los jueces va entrando, esperemos no se corrompa.
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