FERNANDO LÁZARO / LUIS F. LÓPEZ
12/05/2011 / El Mundo
Estaba fuera de duda que desde el juzgado que instruye la operación Galgo se miraban con recelo ciertas pesquisas de la Guardia Civil. Pero un último paso resalta ese malestar, pues se ha plasmado de forma fehaciente, negro sobre blanco. Esta misma semana, la juez Mercedes Pérez Barrios ha notificado a las partes y a los investigadores una providencia en la que deja en muy mal lugar al Poder Ejecutivo, en concreto, al Ministerio del Interior, que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, acusa claramente a la Guardia Civil de tomar partido contra Marta Domínguez, campeona del mundo de 3.000 metros obstáculos (2009).
Según consta en el escrito, la juez reclama al Instituto Armado que «mantenga la objetividad» en sus iniciativas sobre la atleta. En una dura argumentación notificada a la Fiscalía y a las defensas de los imputados, la instructora responde a varias peticiones planteadas por la Guardia Civil -las pesquisas sobre Marta Domínguez y el resto de encausados en la operación Galgo están en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil-.
Los agentes habían pedido a la juez que reconsiderara algunas decisiones relacionadas con los test de laboratorio del material incautado durante la redada del pasado 9 de diciembre. Entre sus peticiones, el Instituto Armado exigía a la magistrada que diera «el valor legal oportuno» a algunas de las pruebas de laboratorio que la instructora no consideró pertinentes. La Guardia Civil también le requirió que reconsiderase su decisión de anular el análisis en el laboratorio de Colonia de la muestra de oro, sustancia clave en la investigación que Marta hizo llegar al atleta Alberto García. Se trataba de la única evidencia que vinculaba a la palentina con el tráfico de sustancias prohibidas en el deporte.
Los investigadores sospechan que se trata de un producto dopante, algo que no pudieron confirmar los análisis de la Agencia Española del Medicamento ni de la Agencia Estatal Antidopaje. En ese momento, el Consejo Superior de Deportes (CSD), sin autorización judicial, decidió enviar el oro a Colonia, suponiendo que allí si daría positivo. De hecho, debe seguir sospechándolo y por eso, el pasado jueves, el nuevo secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, decía: «No descarto que el resultado de Colonia aparezca en algún momento a través de un medio de comunicación». Sería la enésima filtración encaminada a condenar mediáticamente a Marta.
Lo cierto es que, cuando la magistrada descubrió que el oro se había enviado sin su conocimiento, ordenó paralizar cualquier análisis -en su primera fase también había dado negativo por dopaje-, ante la constatación de que se había roto la cadena de custodia judicial de la prueba. No obstante, la Guardia Civil, como si de una parte más se tratara, pedía en su escrito a la juez que rectificara, con referencia a que habría «indicios de criminalidad» de las personas investigadas -en este caso, además de Marta, su representante, José Alonso Valero- .
Ante esa solicitud, la juez responde con una dura providencia, pues entiende que los agentes se extralimitan. Mercedes Pérez Barrios les precisa que sólo deben realizar las gestiones que autorice ella; reafirma que son los agentes quienes están a sus órdenes y les exige que «se abstengan» de hacer valoraciones sobre el proceso o de decirle qué tiene que hacer. En resumen, les recuerda su «deber de objetividad» en las pesquisas y que tienen que limitarse a informarle. De forma velada, la magistrada advierte a la Guardia Civil que, si sigue por ese camino, las actuaciones dejarán de estar en sus manos. Del escrito se desprende que la instructora adivina una intromisión del Poder Ejecutivo en el Judicial.
En su último escrito, Mercedes Pérez Barrios pide además datos sobre el proceder del Consejo Superior de Deportes en la concesión de las becas ADO. ¿Por qué? En contra de la posición de la Federación de Atletismo, el CSD decidió congelar la beca ADO de los atletas implicados en la operación, como Reyes Estévez o Nuria Fernández. Esa decisión, jurídicamente cuestionable, fue tomada bajo la autoridad de Jaime Lissavetzky, el ahora candidato socialista a la Alcaldía de Madrid
«A Marta se le debe una explicación»
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, cree que Marta «no tiene que justificarse de nada». «Es una estupenda persona y una atleta brillantísima que, como ha reconocido la Justicia, no tiene que justificarse de nada», dijo ayer Herrera en un encuentro digital con los seguidores de la edición de internet de EL MUNDO de Castilla y León. En opinión del representante del PP, «son otros los que le deben, y en general a todos los ciudadanos de Castilla y León, una explicación del por qué tanto daño gratuito, tanto escándalo sin fundamento, tanta actuación excesiva».
Ahora la kgb verde, deberá dar explicaciones a la juez. Si es que, siempre pasa lo mismo, por hacer caso a los de la casta.
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