lunes, 16 de mayo de 2011

Interior evitó investigar indicios de fraude urbanístico de la familia de Conde-Pumpido



07:31 (16-05-2011) | La Gaceta

El Ayuntamiento de Marbella renunció a sus derechos en favor de Banoa, administrada por la sobrina del fiscal general. Dejó de ingresar para el consistorio el 15% que la ley impone en concepto de plusvalías.

Roberto R. Ballesteros. Madrid

La operación Malaya castigó a un elevado número de personas por participar en delitos que llevaron a la quiebra del Ayuntamiento de Marbella durante la época del GIL. Sin embargo, no todos los indicios fueron investigados. La Policía se incautó de una serie de documentos durante los registros efectuados en el consistorio el 9 de marzo de 2001 que implican a más personas en supuestos delitos y que en ningún momento fueron rastreados ni por las fuerzas de seguridad ni por la Fiscalía. Se trata en concreto de los papeles que se hayan en la caja número 26 de estas incautaciones y que ahora salen a la luz gracias a la denuncia interpuesta por el abogado Antonio Urdiales ante la Fiscalía Anticorrupción.

En su escrito, el letrado, que defendió a un acusado en la operación Malaya pero que ahora está fuera del proceso, pone de manifiesto que Blanca Conde-Pumpido, sobrina del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, firmó un convenio con Julián Muñoz, entonces alcalde del Ayuntamiento de Marbella, “ventajoso” para ella y perjudicial para el consistorio y, por lo tanto, para los ciudadanos.

En virtud de dicho acuerdo, el ayuntamiento recalificó un terreno propiedad de la empresa Banoa, administrada por Blanca Conde-Pumpido, en una de las zonas más exclusivas de España (Puerto Banús), donde se asentaba un cine. Modificó su uso, que pasó de equipamiento cultural a comercial y oficinas, lo cual permitió a Banoa vender el terreno a otra empresa (Inversiones Varsand), que construyó locales y viviendas de lujo. Asimismo, elevó la edificabilidad del terreno de los 4.800 metros cuadrados aprovechables que la ley le asignaba en 1992 (PGOU 1986) a los más de 9.300 metros cuadrados que se construyeron finalmente por Inversiones Varsand cinco años después.

El convenio –firmado el 23 de septiembre del año 1996– enriqueció a Banoa, pero también empobreció al consistorio por lucro cesante, tal y como apunta el denunciante, que entiende que son este tipo de operaciones –similares a las de Crucero Banús– las que han llevado a la quiebra del Ayuntamiento de Marbella.

El consistorio asumió el coste de urbanizar la parcela, que le correspondía a Banoa (valorada en más de 90.000 euros), a cambio de otro terreno, tasado en 36.000 euros, y varias parcelas más de dominio público, cuyo valor así pues era cero o próximo a cero. También se hizo cargo de los costes derivados de la demolición del edificio que albergaba los cines y perdió, por lo tanto, un activo cultural. Asimismo, el ayuntamiento renunció al 15% de la edificabilidad que legalmente le corresponde por las plusvalías (artículo 26 de la Ley del Suelo).

Consiguientemente, Banoa se benefició de esa renuncia, lo que podría entenderse como que el valor de su terreno se incrementó en un 15%.

La posterior venta del terreno a Inversiones Varsand se produjo oficialmente por 1,2 millones de euros, un precio que el letrado califica de “irrisorio” en su escrito y que entiende que, según el valor del suelo en la zona de Puerto Banús en aquella época, debió superar los 10 millones de euros. No en vano, recuerda que la parcela de Crucero Banús (de 532 metros cuadrados edificables que luego se duplicaron) se vendió a la empresa de Juan Antonio Roca por cuatro millones de euros.

La denuncia resalta también que la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento concedió la licencia de obras en contra del informe técnico municipal. Cómo es posible, se pregunta el abogado, que “una obra de tal envergadura con licencia de obras en contra de la legalidad” y situada a escasos metros del terreno que dio lugar a la operación Crucero Banús “escape del control de la Administración competente”, más aún cuando la Junta de Andalucía “supervisó su cambio de uso y calificación”. Según el denunciante, se ha producido un delito fiscal, otro de blanqueo de capitales y tres más de fraude al municipio, prevaricación y falsedad.

Todo el desarrollo de los acontecimientos se produjo, además, mientras el marido de Blanca Conde-Pumpido, José María Fuentes, ocupaba los cargos de concejal del Ayuntamiento de Marbella y vicepresidente de la empresa municipal de limpiezas Emlimarsa.

Esta es la segunda vez que se evita investigar una presunta corrupción relacionada con Blanca Conde-Pumpido. La primera la contó LA GACETA el pasado 19 de diciembre. Una conversación telefónica intervenida por la Brigada de Asuntos Internos de la Policía a dos altos mandos del cuerpo revelaba la implicación de la sobrina del fiscal general en el caso Malaya. Uno de los funcionarios le informaba al otro de que habían descubierto que el marido de Blanca Conde-Pumpido, José María Fuentes González, estaba relacionado con la operación y había que investigarlo. En concreto el funcionario le contaba a su superior jerárquico que Fuentes González era socio de Óscar Benavente, testaferro de Juan Antonio Roca, en una empresa domiciliada en la casa de Blanca Conde-Pumpido. El superior le respondió a su subordinado que iba a “hacer unas gestiones” y que no hiciera nada porque iba a informar de ello al “fiscal Anticorrupción”. La citada empresa nunca se investigó dentro del caso Malaya.

1 comentario:

  1. Como siempre, los de la kgb y sus "amigos" de la casta, haciendo favores a los de siempre.

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