LA NUEVA JUEZA-ESTRELLA

MERCEDES ALAYA / El Mundo

Rigurosa, «cortante» y «muy poco sevillana». Va siempre impecable, pero no es coqueta. No aparenta sus 47 años. Así definen a la magistrada que instruye el caso de los ERE

COTE VILLAR

Mercedes Alaya tiene la piel blanca como la leche y unos ojos verdes que siempre procura maquillar para no restarle fuerza a su mirada. Es de sus pocas coqueterías. La casualidad en los repartos judiciales ha querido que al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que ella es titular, le hayan tocado los dos procesos con mayor repercusión mediática de los últimos años en Sevilla. Por un lado, la investigación de las fallidas cuentas del Betis; por otro, las presuntas irregularidades de la gestión de Mercasevilla. Tirando del hilo de este último caso, la magistrada se ha topado con el ya conocido como caso ERE, que amenaza con triturar la hegemonía socialista en Andalucía de las últimas tres décadas.

Así pues, entre los béticos, los socialistas, y el enfrentamiento que mantiene la magistrada con la Junta de Andalucía -que no le está facilitando el trabajo precisamente-, la juez ha pasado a ser una suerte de Garzón o de Marlaska a la andaluza. Es decir, una jueza-estrella, cuya foto se enhebra en las páginas de los periódicos día sí y día también. «Aunque ese protagonismo la horrorice», como reconoce una colaboradora suya.

Mercedes Carmen Alaya Rodríguez nació en Sevilla un 20 de junio de 1963, la más pequeña de una familia ecijana de tres hermanas. Estudió Derecho en la capital hispalense, donde ha desarrollado casi por entero su carrera profesional. La determinación con la que lleva a cabo las instrucciones de sus casos son dos cualidades que la acompañan desde muy joven: Aprobó las oposiciones a judicatura, de las más complicadas que existen, con apenas 25 años.

CAUTA

«Le costaba que la tomaran en serio, yo creo que por eso luego ha desarrollado un carácter más cortante. Imagínatela, nunca ha aparentado la edad que tiene, menos cuando era una veinteañera en el Juzgado de Carmona. Tenía que ponerse muy firme y demostrar con su trabajo que no era ninguna cría», explica un funcionario de aquella etapa.

Comenzó su carrera judicial en noviembre de 1988, en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Carmona (Sevilla). Allí estuvo dos años. En 1990 pasó al Juzgado de Primera Instancia número 4 de Fuengirola (Málaga). Aunque sólo estuvo dos años allí, fue la primera vez que la magistrada salió en la prensa, al procesar en 1990 al alcalde de la localidad, Sancho Adam, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. El edil, socialista, cargó a las arcas municipales tres facturas médicas privadas por valor de 42.000 pesetas. Fue condenado por este hecho en sentencia firme por el Tribunal Supremo cuatro años después.

Para entonces, Alaya ya había vuelto a Sevilla, al Juzgado número 20. En junio de 1998, pasó a desempeñar la plaza de juez de instrucción número 6 de la capital andaluza, de donde ya no se ha movido. Allí, en su desvencijado despacho del Prado de San Sebastián, acuciada por las torres de documentación que generan los casos que está llevando, pasa jornadas maratonianas. Sobre todo con sus dos casos estrella, el presunto delito societario de Manuel Ruiz de Lopera y los ERE que traen de cabeza al Partido Socialista. Una curiosidad, ese mismo despacho lo ocupó el magistrado Ángel Márquez, el que fuera el juez instructor del caso Juan Guerra.

La magistrada Alaya es una mujer discreta, dicen que ahora todavía más «porque hay quien anda preguntando sobre su vida privada para ver qué le pueden sacar». Por eso, los funcionarios judiciales y compañeros de Alaya apenas dan datos sobre ella. Que es una mujer discreta, siempre impecable aunque no víctima de la moda. Que es «muy poco sevillana». Que tiene mucho carácter y que en ocasiones es «muy cortante». Está casada con Jorge Castro García y tienen una hija. Viven en un chalé de 180 m2 en una zona residencial nueva de Sevilla.

La magistrada se protege con razón. Una imputada por el caso Mercasevilla intentó que Mercedes fuera recusada porque su marido, Jorge, había sido auditor del mercado central de Sevilla hasta 2002. El caso Betis también le ha costado una inspección del Poder Judicial, al presentar el antiguo máximo mandatario del club una queja por supuestas dilaciones en la investigación. De ambos ha salido airosa.

El caso ERE es el que ha sacado a Mercedes del anonimato. Desde 2001 hasta el pasado año, la Junta de Andalucía dispuso de forma arbitraria y al margen de la normativa vigente de unos 700 millones de euros para pagar prejubilaciones a trabajadores de empresas en crisis, lo que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero calificó como fondo de reptiles. La instructora apunta a una posible «trama» de tráfico de influencias para saquear las arcas de la Administración andaluza.

Tras revisar las pólizas de 5.982 trabajadores prejubilados en 68 expedientes de regulación de empleo, la Consejería de Empleo ha constado la existencia de 183 irregularidades, de los que 72 son intrusos. Son personas que nunca pertenecieron a las empresas por cuyo ERE cobran una prestación, entre los que hay nueve militantes socialistas.

La jueza es vehemente -lo demuestran sus autos, que algunos han comparado con editoriales de periódicos-, muy dura en sus interrogatorios y «no le gusta delegar». No parece un ídolo de masas, pero ya hay una comunidad en Facebook dedicada a su persona. Al grito de «¡¡Qué grande es usted!!» y «¡¡Dios salve a Mercedes Alaya!!» más de 1.300 fans la animan a seguir con sus numantinas instrucciones. Aunque a ella le horrorice.