18:25 (19-04-2011) | La Gaceta
La Audiencia Nacional estudiará, en una vista prevista para el próximo 3 de mayo, el recurso presentado por la asociación Dignidad y Justicia contra la decisión del juez Pablo Ruz de no llamar a declarar como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
El magistrado instructor negó ordenar la citación del número dos de Interior al considerar que el testimonio de Camacho "no es determinante" para la investigación de los hechos.
El juez ordenó el pasado 1 de febrero identificar a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA.
Camacho fue identificado como uno de los titulares de los números de seguridad pero Ruz consideró que el tráfico de llamadas que mantuvo con dos de los imputados se debía a "una relación orgánica y funcional" entre los interlocutores y, por tanto, era "irrelevante".
"No puede presumirse, con mínima solidez o rigor indiciario, que dichos contactos telefónicos no obedecieran o se ajustaran al normal proceder entre los interlocutores con motivo de sus responsabilidades oficiales", justificaba el juez su decisión de no citar al secretario de Estado.
La asociación Dignidad y Justicia presentó un recurso de apelación contra esta decisión considerando que "no respondía" a la línea de investigación llevada por el actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
Los magistrados de la Sección Segunda serán ahora los encargados de determinar si respaldan los argumentos del juez instructor de no citar a Camacho o se inclinan por revocarlos y ordenar, por tanto, que preste testimonio. El encargado de la ponencia será el juez Ángel Hurtado
La Sección estudiará también otro recurso, en este caso, el presentado por la defensa del inspector José María Ballesteros, imputado en la causa.
Los abogados del policía han solicitado que Ruz retire a su defendido las medidas cautelares que le ha impuesto, que conllevan la comparecencia de Ballesteros los días 1 y 15 de cada mes en las dependencias judiciales más cercanas a su domicilio.
En la causa están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y otro de revelación de secretos (con un máximo de 3 años) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco; y el inspector José María Ballesteros.
En este caso, como en otros en los que no interesa al gobierno, son hasta cansinos los jueces. Pues claro que hay que llamar a declarar al número 2, y al número 1, osea a toda la escala de mando, porque todos lo sabían.
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