'Estábamos en guerra: vosotros matabais, nosotros deteníamos'

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid / El Mundo

El enviado del Gobierno asumió la dialéctica etarra en la reunión posterior al robo de las pistolas de Vauvert / No sólo no rompió la negociación sino que prometió la excarcelación de uno de los secuestradores de Ortega Lara

El Gobierno adoptó la liturgia y la dialéctica de ETA en las negociaciones mantenidas con la organización hasta el punto de considerar una guerra el acoso terrorista de los pasados 40 años y de establecer un régimen de reciprocidad de cesiones. «Antes de iniciar el proceso, estábamos en guerra», dijo, «vosotros hacíais unas acciones y nosotros otras. Vosotros matabais y secuestrabais... nosotros deteníamos y abríamos procedimientos judiciales».

Éste es un fragmento -muy representativo de cómo se planteó el proceso desde los acuerdos de base establecidos en 2005- de la conversación mantenida entre ambas partes el 27 de octubre de 2006, según las actas de ETA. Cuatro días después de que la banda robase 350 armas en Vauvert.

El abrazo del Parlamento. Aunque las reticencias de Eusko Alkartasuna -aliada de la antigua Batasuna- complicaron su gestación, el Parlamento vasco firmó ayer una declaración institucional por la que todos los grupos se solidarizaron con Benjamín Atutxa -en la imagen, abrazado por el presidente del PSE, Jesús Eguiguren-, el ex concejal socialista de Eibar al que quiso secuestrar y asesinar el comando Vizcaya. El texto, leído por la presidenta de la Cámara, Arantza Quiroga (PP), afirma que dicho intento «vuelve a evidenciar en toda su desnudez el horror» de la banda terrorista y la necesidad de acabar «cuanto antes» con la barbarie y de seguir avanzando en la deslegitimación del terrorismo.

El encuentro resultó tenso porque la intención del Ejecutivo era concienciar a la banda de las repercusiones que iba a tener en el proceso de negociación la comisión -apenas cuatro días antes- del robo de 350 pistolas en la localidad francesa de Vauvert. Se estableció un intercambio de reproches entre iguales; el enviado del Gobierno amagó dos veces con la ruptura, pero tras consultar dos veces -el etarra supuso que habló con el presidente Zapatero-, no la sustanció.

Al final, a pesar de que fue ETA la que amenazó al Ejecutivo por su intención de detener a los autores del robo, se trató de la puesta en libertad de detenidos recientes y de un grupo de presos etarras enfermos. Entre estos reclusos se encontraba Jesús Uribetxeberria, uno de los secuestradores de José Antonio Ortega Lara. En esas circunstancias, el Gobierno también aseguró que iba a cambiar al fiscal del caso De Juana Chaos porque se negaba a pedir sólo de dos a cuatro años de prisión.

Cuando el representante del Gobierno escuchó el nombre de Uribetxeberria, preguntó: «¿Es el de Ortega Lara, ¿no?». Y los etarras, en su papel de rechazar la consideración de terroristas, le respondieron: «¿Cómo? Habría que decir que es el que tiene cáncer, ¿no?» [el etarra sigue preso hoy en el centro penitenciario de León].

En este encuentro estuvo presente un representante del Gobierno (Go-4), uno de la banda y el mediador designado por la fundación Henry Dunant.

La reunión fue solicitada por la organización, que pretendía abordar cuestiones técnicas; pero cuando el Gobierno manifestó que tenía un asunto que tratar, la banda concedió: «El portavoz de ETA manifiesta que es él quien ha convocado el encuentro y tiene un orden del día al efecto, pero entiende que podrá acomodarlo y da su consentimiento para que comience la reunión».

El Gobierno sospecha que la banda ha realizado el robo y quiere «un reconocimiento del hecho por parte de ETA y que se abra un proceso de explicaciones»; no considera que sea un «accidente» y sostiene que «es la ruptura del proceso de paz en cuanto a que éste se basaba en no detenciones y no aprovisionamiento de armas». El enviado del Ejecutivo razona: «Vosotros creéis que sólo nos movemos si nos presionáis y que de lo contrario estamos parados, pero estáis equivocados: el robo significa un bloqueo de nuestras posibilidades, políticas y logísticas en lo que respecta a Francia y a Suiza».

PETICIÓN DE EXPLICACIONES

«Existe un teléfono de seguridad, pero Francia se encuentra en una situación incontrolada y únicamente acepta no realizar detenciones si se mantiene el alto el fuego; y Suiza facilita [el paso de los etarras negociadores] en la medida en el que la tregua tenga credibilidad», explica el intermediario del Ejecutivo, que asegura que «esto va a tener efecto en el tema de los presos».

«Si es posible, detendremos a los autores e incautaremos las pistolas, y no podemos garantizar que no vayan a producirse detenciones colaterales para llegar a los autores, aunque intentemos limitarlas», dicen los enviados, que siguen mostrando su enfado porque «éste es un robo cuya planificación lleva meses».

Es aquí cuando se hace alusión a que antes del proceso se estaba en «guerra». «Los efectos de vuestras acciones eran inmediatos, matabais y morían, secuestrabais y cobrabais el rescate», pero «los efectos de nuestras armas perduran: son los procedimientos judiciales y los cumplimientos de condenas...». «No se pueden confundir las acciones anteriores al alto el fuego y las posteriores», dicen para distinguir entre la posibilidad de soltar o mediar judicialmente a presos detenidos antes de la tregua o hacerlo después.

Y a partir de ahí el enviado del Ejecutivo se ve impelido a dar explicaciones sobre las detenciones realizadas por el Gobierno. «Los casos de queja que los mediadores nos han presentado son anteriores al alto el fuego (de las tres últimas no tenemos noticia, y lo de las herriko tabernas es un asunto de 2003; las citaciones de Etxerat y Askatasuna datan de hechos de 2005, el tema de los 37 procesamientos es anterior también). La operación [los tres arrestos] ha sido inoportuna; no hemos sabido controlar el momento, pero no se puede decir que es del Gobierno y todo esto no hace inevitable el robo. Además, la nueva remesa de cartas es un incumplimiento de garantías», dice.

ETA CONTRAATACA

ETA contraataca y presenta las detenciones y los casos de ingreso en prisión habidos desde septiembre, uno por uno. El Gobierno vuelve a dar explicaciones y ETA responde que los acuerdos «no contemplan ninguna detención, y si se producen son incumplimientos; y en relación con los procedimientos judiciales que vienen de antiguo, ETA no va a admitir que ello se convierta en una dinámica, en un goteo constante sobre el proceso».

«Vosotros veréis cómo, pero eso se tiene que congelar», dice la banda, y vuelve a recordar los «incumplimientos» de dos días de octubre especialmente complicados. «¿Con estos hechos estáis marcando una posición de ruptura?», preguntan; «estáis llevando el proceso a una situación insostenible», acusan. «Ante este panorama lo que podemos pensar es que no tenéis voluntad, que no queréis desarrollar el proceso o que no podéis, no tenéis capacidad. Ninguna de las dos es buena. Así pues, ¿con quién tenemos que negociar, con [el magistrado de la Audiencia Nacional] Bermúdez?», provocan.

En uno de esos rifirrafes, para acreditar que el Gobierno está comprometido, el interlocutor se refiere al caso chivatazo y argumenta: «En relación a la operación llevada a cabo por Marlaska y en relación a lo que manifestasteis en septiembre, os diré que, por dar el aviso, está encausado un alto policía de San Sebastián y casi el jefe de seguridad del PSOE».

Pero la bronca sigue hasta recordar ETA que, ya en junio y en septiembre, se avisó de la gravedad de la situación «por vuestros continuos incumplimientos», hasta advertir que si esa dinámica continúa, «las consecuencias pueden ser imprevisibles». Y lejos de dar explicaciones sobre el robo de armas, asegura que «no va a permitir que sea utilizado como el pretexto para bloquear el proceso, ni que sea esgrimido como un chantaje, ni va a admitir amenazas como las realizadas por Zapatero al repetir lo duro, largo y difícil que será el proceso».

DOS LLAMADAS A GORBURU

ETA precisa que está dispuesta a continuar con el proceso, pero siempre que se respeten los acuerdos adoptados al inicio porque, según dice, ha sostenido el alto el fuego cada día a lo largo de estos siete meses [elude la continuidad de la extorsión y la intensificación del terrorismo callejero].

«El enviado del Gobierno se ausenta para hablar por teléfono», anuncia el acta.

A su regreso, comunica a ETA que el Ejecutivo «reafirma su voluntad de seguir en el proceso», pero le advierte de que ha de «mover ficha para salir de esta situación», le informa de que si se le ocurriera «reconocer públicamente el robo y argumentara sus razones, la situación de bloqueo sería total», y le pide que muestre su buena voluntad abandonando el envío de cartas y los chantajes económicos.

La banda responde furibunda recordando que su interlocutor ha cometido «noventa y pico contravenciones e incumplimientos», asegura que la situación es «insostenible», que no acepta las amenazas y que, si siguen los arrestos, «la banda actuará en esa lógica».

«Si entre vuestra gente hay quien piensa que se puede desarrollar el proceso bajo la premisa de que ETA está débil, os vais a equivocar», dice.

«Si es posible se va a detener, y otro acto de este calibre significaría la ruptura del proceso», responde el Gobierno. La banda pregunta «si ha entendido bien cuando el Gobierno ha dicho que otro suceso así supondría la ruptura».

Su interlocutor se frena. «Pido un receso para llamar por teléfono con el fin de aclarar ese término», dice, y en el acta consta que la organización supone que se ha ido a hablar con Gorburu, el alias que han asignado al presidente del Gobierno.

El mediador, que ve lo crítico de la situación, dice constatar que ninguna de las partes quiere romper y anima a encontrar una solución.

El representante del Ejecutivo rectifica y explica que, «siguiendo el consejo de los intermediarios, habrá que evitar el término ruptura, y en su lugar afirmamos que el robo ha provocado un bloqueo que no permite avanzar en el proceso; que el Gobierno se ratifica en que no ha incumplido ni garantías ni acuerdos porque las detenciones por hechos delictivos durante el alto el fuego no venían incluidas; que vamos a intentar detener a los autores del robo y que cualquier acción de ese calado hará muy difícil la continuación del proceso». «El Gobierno entenderá que ETA no tiene voluntad de continuarlo».

ETA insiste en su agresividad y en sus posiciones y el Gobierno propone celebrar una reunión antes de fin de año, de modo que los mediadores -en ese mismo planteamiento de equiparación- aseguran entender que «las dos partes se sienten heridas y maltratadas» y, como facilitadores, «pedimos a las dos partes que eviten actos que puedan tensionar más la situación».

AMENAZAS Y CESIONES

A pesar de todo, al final, en dos minutos de receso, ETA tiene la desfachatez de preguntar por el compromiso adquirido de soltar a los detenidos ese mes de octubre y a los enfermos. Y los enviados del Gobierno le dan explicaciones. Respecto a los últimos arrestados, sostiene que tenían «ideas sobre como enfocar el tema antes del robo, pero que ahora no pueden hacer nada, aunque se compromete a una libertad provisional para Mayorga y Peña, acusados de quemar un cajero tras la tregua.

En cuanto a los enfermos, sobre Aguirre Aguiriano se informa que por el 104.4 [del Reglamento Penitenciario] podría salir en libertad provisional; Bautista Barandaia acababa de ser trasladado a Pamplona y se anuncia que en diciembre podrá estar en libertad condicional. Foruria está en situación de preventivo y el Gobierno se ofrece para intervenir ante el Tribunal. «Rego, acercamiento». Etxeandía, acercamiento y solicitud del Ejecutivo al tribunal.

Respecto a De Juana Chaos, el Gobierno insiste en que «el robo bloquea situaciones que se podrían encauzar; teniendo en cuenta el ataque del PP», pero añade: «Por nuestra parte, se quita el fiscal del caso porque se niega a rebajar la petición fiscal, situándola de dos a cuatro años, que posibilitaría su libertad».

ETA recuerda que De Juana ha abandonado la huelga de hambre. «Nosotros hemos cumplido con nuestra parte; si no sale en libertad, ETA no acepta esta situación y actuará en consecuencia», amenazan de nuevo. Y finalmente, se aborda el caso de Uribetxeberria. «¿Es el de Ortega Lara?», pregunta el enviado del Gobierno. «Habrá que decir que es el que tiene cáncer, ¿no?», precisa con soberbia el etarra.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO el análisis de Casimiro García-Abadillo.

Madrid

«Se está cumpliendo lo que dicen las actas»

Con tanta contundencia como claridad, Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), tildó ayer las actas de ETA de «una vergüenza nacional más», afirmó que no puede «fiarse» de un Ejecutivo capaz de mentir e incidió en que sí puede, en cambio, «creer» el contenido de los papeles de 'Thierry' sobre las negociaciones ETA-Gobierno, toda vez que se «está cumpliendo» lo que en ellos se dice.

Durante la presentación de la manifestación que han convocado para el próximo sábado 9 de abril en Madrid, Pedraza reiteró: «Tenemos que creer en esas actas». Y mantuvo que el contenido de las mismas «hiela la sangre», pues a su juicio demuestra «hasta dónde fueron capaces de llegar algunos en su aplicación de esa política de negociación», informa Efe.

La presidenta de la AVT lamentó especialmente que el Gobierno haya «sido capaz de seguir negociando» con la banda terrorista tras el atentado con el que ETA rompió la tregua al volar parte del aparcamiento de la T-4, algo que «no tiene justificación y jamás podrá ser olvidado».

Pedraza demandó que «lo mínimo que puede hacer el ministro del Interior es dimitir», y manteniendo el tono de toda su comparecencia, lanzó un golpe más al Gobierno afirmando que si bien «no hay que dar credibilidad a ETA», tampoco «nos podemos fiar» del Ejecutivo, pues «está claro que durante la legislatura pasada estuvieron negando algo que luego se vio claro que estaban haciendo», en referencia a los encuentros que recogen los papeles de 'Thierry'.

En referencia a la petición de Maixabel Lasa, directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco y de Rodolfo Ares, consejero de Interior vasco, para que mostrasen «generosidad» en favor de la legalización de Sortu, Pedraza afirmó que «nadie puede pedirnos a las víctimas generosidad; y, desde luego, nadie puede pedirnos que confiemos en un Gobierno que fue capaz de todo lo que hizo: mentir, pisotear la ley y traicionar la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo».