El PSE comparte el voto particular del Supremo

IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria / El Mundo

Su portavoz en el Parlamento vasco dice en cambio que acatan cualquier decisión

El PSE, por medio de su portavoz, José Antonio Pastor, volvió a articular ayer en el Parlamento vasco un discurso ambiguo sobre la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos. Los socialistas vascos, por un lado, manifestaron su «respeto» por la decisión de la Sala del 61 del Supremo, que ha ilegalizado la marca de la izquierda abertzale al considerarla parte del entorno de ETA, pero, por otro, admitieron que «probablemente» comparten más la argumentación de los siete magistrados que, en un voto particular, denunciaron que no hay pruebas objetivas para dejar fuera de juego a Sortu.

Es la primera vez que los socialistas vascos realizan un juicio de valor de estas características a través de su portavoz oficial, aunque ya antes su presidente, Jesús Eguiguren, había aplaudido la «sinceridad» del nuevo partido en su apuesta por repudiar la violencia.

Enconar las relaciones

Hace unas semanas, el socio de Gobierno del lehendakari, Patxi López, el PP de Antonio Basagoiti, logró que los socialistas aparcaran una proposición no de ley que habían registrado para «celebrar» que la izquierda abertzale se haya decidido al fin a empezar a rechazar explícitamente la violencia «gracias a la firmeza del Estado de Derecho».

Se arguyó entonces -y se repitió ayer- que era mejor dejarla de lado para evitar enconar las relaciones con el PP, intransigente con cualquier amago de posibilismo procedente del PSE. Pero el PNV, en una hábil maniobra del experto parlamentario Joseba Egibar, aprovechó una interpelación al lehendakari sobre la legalización de Sortu -presentada después de la polémica generada por la propuesta socialista- para llevar a la Cámara una moción que obligue a sus contrincantes a poner las cartas sobre la mesa.

No salió la iniciativa de Egibar, que reclamaba, básicamente, un «pronunciamiento político favorable» a la legalización de Sortu: sólo Aralar, EA y EB-IU, sin mayoría, se alinearon sin fisuras con el PNV. Pero tampoco prosperó el contraataque de UPyD, que exigió dar un paso más de lo estipulado en la Ley de Partidos porque, según Gorka Maneiro, no son suficientes unos estatutos pulcros para ser legal, sino realizar una condena expresa de «la historia criminal de ETA».

El PSE no apoyó la iniciativa de UPyD aunque el propio lehendakari, en una sesión de control del 3 de diciembre, insistiera en que «no basta con presentar unos estatutos limpios en una ventanilla». Sí lo hizo el PP, lo cual evidenció por segunda vez en un mes las divergencias -siquiera mínimas- entre socialistas y populares en torno a Sortu.

Así, mientras Leopoldo Barreda (PP) aplaudió el pronunciamiento del Supremo porque «el fin de ETA será una realidad cuando nadie se preste a ser espectador, ni coro, ni comparsa, ni segundón, en los montajes que ellos organizan», Pastor (PSE), pensando en el recurso que Sortu presentará ante el Constitucional tras de formalizar ayer el incidente de nulidad ante el Supremo, pidió aceptar la decisión que la Justicia adopte «sea cual sea».

Con todo, el protagonismo del debate parlamentario fue para Egibar. En referencia a las «ilegalizaciones preventivas» o cuarentenas planteadas por el PP, el portavoz del PNV invocó una legalización preventiva para no dar «razones objetivas» a ETA para seguir matando. En la misma línea, EA, que actúa ya como socio de la izquierda abertzale, abogó por la inscripción de Sortu porque lo contrario «obstaculiza la normalización y la paz». Aralar, en cambio, no fue partícipe de esta argumentación. Aintzane Ezenarro pidió no vincular la inscripción con ningún «proceso» porque «es una cuestión de derechos políticos».