Controlar etarras no, avisarles sí

ROBERTO BENITO / Madrid / El Mundo

El PP carga contra la política antiterrorista vinculando la fuga de Troitiño con el chivatazo

PSOE y PP volvieron a hacer ayer de la lucha antiterrorista causa de disputa política a propósito de la huida del etarra Antón Troitiño, que continúa en paradero desconocido después de haber sido excarcelado por un error judicial.

Los populares, a través de su coordinador de Justicia e interlocutor habitual del PP con el Gobierno en temas de terrorismo, Federico Trillo, criticó duramente que el Ministerio del Interior no haya sido capaz de tener localizado a Troitiño desde que salió de la cárcel el pasado día 13, a pesar de que entraba dentro de lo previsible que la Audiencia Nacional subsanase su error y ordenase el reingreso en prisión del etarra, como finalmente ha hecho.

Preguntado sobre este asunto, Alfredo Pérez Rubalcaba explicó el miércoles que, tras su excarcelación, Antón Troitiño era «un hombre libre con todos sus derechos intactos» y «seguirle hubiera sido ilegal». Ayer, Trillo rechazó este argumento, asegurando que, una vez que la Fiscalía recurrió el auto de excarcelación, el Gobierno «tenía todas las razones para haber procedido al seguimiento e incluso a la detención preventiva del etarra».

Esta misma idea fue repetida por el partido durante todo el día. No sólo fue Trillo, sino por ejemplo el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, que incidió en que «se podía haber actuado antes para asegurar la acción de la Justicia».

Sin embargo, la que se expresó con más dureza contra el vicepresidente del Gobierno fue la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que en declaraciones a este periódico descalificó los argumentos empleados para justificar la huida del etarra Troitiño, asegurando que «así funciona la legalidad para Rubalcaba: es ilegal controlar terroristas, pero es legal avisarles de que van a ser detenidos».

Con esta crítica, Sáenz de Santamaría relacionó la fuga de Troitiño con el caso Faisán y criticó así de forma general la política anterrorista del Gobierno. Para muchos populares el chivatazo no fue sólo una ilegalidad presuntamente cometida por altos cargos de Interior, sino que simboliza las concesiones que el Gobierno hizo a ETA durante el proceso de paz; y para algunos, la fuga de Troitiño podría tener lecturas similares en el contexto actual.

Sin ser la postura oficial del partido, que formalmente mantiene su apoyo al Gobierno en la lucha antiterrorista, a nadie se le escapa que hay una corriente interna que está convencida de que Zapatero y Rubalcaba nunca han roto del todo los contactos con el entorno etarra y nunca han renunciado a la negociación.

Sea o no así, lo cierto es que el avance de la investigación judicial del chivatazo, los intentos de la izquierda abertzale por estar en las elecciones municipales de mayo y ahora la fuga de Troitiño han resquebrajado la unidad en torno a la lucha antiterrorista que el Gobierno y el principal partido de la oposición mantenían desde el final del proceso de paz en 2007.

Rajoy y 'Josu Ternera'

Desde el PSOE se reaccionó ayer fundamentalmente rescatando unas declaraciones pronunciadas por Rajoy en 2002 cuando era vicepresidente del Gobierno a propósito de la huida de Josu Ternera.

El ex dirigente etarra y entonces diputado en el Parlamento vasco protagonizó en noviembre de 2002 una sonada escapada cuando fue llamado a declarar como imputado por el Tribunal Supremo. Entonces, como ahora, hubo una agria polémica sobre la actuación de la Justicia y Rajoy defendió así la postura mantenida por el Ejecutivo de Aznar: «El Gobierno no puede vigilar a nadie sin autorización judicial; si lo hace, podría ser acusado de una actividad delictiva».

Como estas palabras se parecen bastante a las que pronunció el miércoles Rubalcaba, el diputado socialista Pedro Sánchez, que ayer ejerció de portavoz del PSOE, acusó al PP de «cinismo político grave» por «criticar hoy lo que defendía cuando estaba en el Gobierno». Con ello, no sólo equiparó el caso de Josu Ternera con el de Troitiño, sino que acusó a los populares de utilizar la lucha antiterrorista con fines políticos.

SANTIAGO GONZÁLEZ

Como humo se ha ido

El ministro del Interior es uno de esos seres privilegiados que, sin necesitarlo, se apuntaron al optimismo revelado por Zapatero a los suyos el día en que el Congreso rechazó la admisión a trámite del plan Ibarretxe para pasmo de los entendidos o, simplemente, de los lógicos: un gobernante no puede ser optimista sobre sus congéneres; todo el Estado de Derecho y el Derecho mismo descansan sobre la máxima pesimista que Hobbes tomó de Plauto: «Homo homini lupus».

Si hay alguien entre los gobernantes que debe ser especialmente pesimista respecto a este material con que se hacen los sueños es el ministro del Interior y, muy especialmente, este ministro del Interior. ¿Pues no va ahora y dice que la Policía no podía vigilar a Troitiño desde que fue puesto en libertad por orden judicial? Mire don Alfredo, no joda. Un servidor ha sostenido que no eran usted ni su Gobierno responsables de la puesta en libertad de este paradigma de asesinos hasta para Arzalluz. Recuerde cuando nuestro viejo de la Montaña separaba la ETA buena, la nacionalista de Txomin Iturbe, de la ETA mala, la marxista-leninista de los Troitiños, la ETA maketa, para entendernos.

Pero una cosa es la responsabilidad de la excarcelación, de la Audiencia Nacional y en última instancia del TC, y otra, la de la fuga, que es de usted y de su Gobierno, don Alfredo. Está mal que se lo señale un profano, pero la tarea de la Policía, además de represiva, es preventiva: vigilan a los sospechosos, por si acaso. Una cosa es que un madero no pudiera entrar sin mandamiento en la casa de Antonio Troitiño aquella noche y otra muy distinta no ponerlo bajo una discreta vigilancia para evitar que volviese a llover sobre mojado tras los chaparrones de Iñaki de Juana y Josu 'Ternera'; este último fugado cuando su cargo era ocupado por Rajoy, que también culpó al juez. Se me ocurre una solución: ¿por qué no encarga la búsqueda del prófugo y la de De Juana a Eguiguren, que ya se dio maña para encontrar a Ternera cuando ustedes lo necesitaron para el proceso?

Cuando al jefe de Troitiño en el comando Madrid, el también asesino múltiple Iñaki de Juana Chaos le fue concedido el progreso de grado y la prisión atenuada, invocó usted «razones legales» para una decisión que reivindicó «personalmente» en persona, si me permite el pleonasmo. Confundió, espero que deliberadamente, el imperativo legal, aquello a lo que la ley obliga, con lo que la ley permite por no prohibirlo expresamente. ¿Quiere usted decirnos que el CNI que espió a la Izquierda Abertzale, antes Batasuna, a partidos de la oposición y al mismísimo Rey de España, no está autorizado para hacer un discreto seguimiento a este espejo de asesinos múltiples? ¿Qué el mismo policía que entró en el bar Faisán aquella florida mañana de mayo de 2006 para dar el queo a Elosua de que le andaba buscando la madera, no podría seguir a una distancia prudencial a Troitiño, porque esto sería ilegal, según viene a señalar con acierto la portavoz de la oposición? Es que no sé cómo decírselo, ministro. Aun a sabiendas de que me repito, no joda. Dicho sea con el mayor de los respetos, naturalmente.

JOAQUÍN MANSO / Madrid

El TS avala la vigilancia que Interior dijo que era ilegal

Troitiño podría haber sido seguido para 'salvaguardar intereses públicos', según un auto dictado en 1995 por el caso de espionaje a Mario Conde

Tribunal Supremo avaló en 1995 los seguimientos subrepticios que ordenó el Gobierno sobre un individuo que estaba en libertad y no pertenecía a una organización terrorista, ni había cometido 22 asesinatos, ni se presumía que podía fugarse al pesar sobre él una petición fiscal para regresar a prisión tras pasar 24 años encerrado. Se trataba del banquero Mario Conde y la Sala argumentó que la vigilancia a la que se le sometió era legal porque pretendía «salvaguardar intereses públicos relevantes conectados con la seguridad pública general».

El vicepresidente Pérez Rubalcaba, que también estaba en aquel Ejecutivo, dijo el martes que «habría sido ilegal» vigilar al etarra Antón Troitiño, que sigue prófugo.

El director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, pagó en 1992 67 millones de pesetas de los fondos reservados a la agencia de detectives norteamericana Kroll para que espiase al entonces presidente de Banesto, Mario Conde, y le informase de todas sus actividades.

Kroll elaboró un dossier -que recibió el sobrenombre periodístico de informe Crillon, porque fue en ese célebre hotel parisino donde Roldán se reunió con los detectives- en el que se incluían, entre otros puntos, referencias a las reuniones que Conde había mantenido con ejecutivos de JP Morgan, de la compañía petrolífera BP o de la aseguradora AGF, pero también a una crisis matrimonial del banquero porque «su esposa, Lourdes Arroyo, descubrió que estaba teniendo una aventura».

Roldán presentó una denuncia ante el juez Baltasar Garzón en 1995, que el Supremo aceptó investigar, en la que atribuía el encargo al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra -él lo negó-, y el ex director de Seguridad del Estado Julián Sancristóbal admitió que él mismo libró el pago con cargo a los fondos reservados.

La Sala Penal, en un auto que redactó el magistrado progresista José Antonio Martín Pallín, concluyó que no había delito en los seguimientos a Mario Conde: «Estimamos que existe una cobertura legal para la utilización de fondos reservados en actividades que pretenden salvaguardar intereses públicos relevantes que se pueden conectar perfectamente con la seguridad pública general».

Eso sí, para que esa actividad de vigilancia sobre Mario Conde fuese legal, debía evitarse la invasión de sus derechos fundamentales. En una resolución posterior, la Sala dejó claro que «el informe, llamado Crillon, existió y ha sido aportado y reconocido como auténtico, pero la investigación se limitó a facetas de tipo económico y no parece acreditado que afectara a aspectos personales o referidos a la intimidad del investigado, ni se ha podido constatar que se autorizaran escuchas ilegales o que se procediese a la interceptación de la correspondencia o que se emplease cualquier otro procedimiento prohibido».

En esta misma línea, el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat -miembro del Consejo Editorial de este diario- consideró ayer que «si el auto de libertad de Troitiño no es firme porque estaba recurrido, vigilarle es un trabajo perfectamente legal que puede hacer la Policía si existe un interés a proteger por el Estado, siempre que se limite a sus actividades públicas y no haya afectación a su intimidad, ni se entre en su domicilio, ni se le fotografíe en lugares privados ni se le someta a pinchazos telefónicos». «Si no fuese legal, no existirían, por ejemplo, los detectives», manifestó.

En sentido opuesto, a juicio del abogado y ex magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, «un recurso del fiscal no puede producir un efecto suspensivo sobre un auto de libertad por liquidación de condena, y los seguimientos policiales ya serían una perturbación en los derechos fundamentales».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO el análisis sobre la vigilancia a Troitiño.

E. M. / Madrid

Troitiño no se fugó hasta que el fiscal recurrió su libertad

Los expertos de la lucha antiterrorista consideran que Antón Troitiño no se va a incorporar a las filas operativas de ETA. Lo más probable, dicen, es que permanezca oculto a la espera de que la presión policial se relaje y trate de huir a Sudamérica. Si es que no se ha ido ya.

Sorprendentemente, Troitiño no se fugó inmediatamente después de saber que el fiscal había recurrido su puesta en libertad. Probablemente creyó que los tribunales no se iban a reunir hasta después de las vacaciones o que el Gobierno no se iba a atrever a detenerlo en el sur de Francia, y permaneció allí hasta el martes, según algunas fuentes consultadas. Y, a pesar de que los agentes franceses y españoles, con algunos de los datos recabados por el CNI, tenían esa pista sobre su paradero, el terrorista logró escabullirse en medio de un cúmulo de despropósitos que no hicieron más que empeorar la situación.

Así, los tres jueces de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional dictaron una orden internacional de busca y captura con algunas imprecisiones, y se encontraron con un juez francés que, una vez más, anteponía la corrección en los procedimientos y el interés por entender la legislación penitenciaria española a la rapidez para detener a un etarra.

Aun así, la orden de arresto internacional no tenía por qué haber sido necesariamente efectiva porque sólo sirve para detener a un delincuente que fuera detectado en lugares públicos. La justicia española ni siquiera solicitó una orden de entrada y registro en los domicilios donde se suponía que podía estar Troitiño, perteneciente a una de las estirpes más sangrientas de ETA -su hermano y su sobrino también constan en la nómina de la banda-. Y no lo hizo porque, según el Gobierno, los jueces franceses no las conceden.

Alfredo Pérez Rubalcaba señaló el miércoles en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que los problemas judiciales, que en ocasiones requirieron de gestiones que duraron unas seis horas, no habían influido en la situación de Antón Troitiño.