SEBASTIÁN TORRES / ANTONIO SALVADOR
Sevilla/ El Mundo
González Byass, bodega jerezana en la que Fernández entró como botones en 1971 y a la que siguió vinculado como trabajador en excendencia, planteó en 2008 un ERE extintivo para 94 trabajadores con más de 54 años «por causas organizativas y productivas», que afectó al propio consejero. La curiosidad es que la fecha de ingreso de Fernández en la empresa que figura en la documentación del ERE facilitada a la Junta no es 1971, sino el 15 de julio de 1956, su día de nacimiento. Sigue en página 4
Los controles internos de los que alardea la Junta no dieron resultado en el caso de González Byass. El listado con los datos de los prejubilados que la bodega jerezana envió adicionalmente a la Delegación de la Consejería de Empleo en Cádiz el 23 de abril de 2008 incluye al menos un error de bulto: la fecha de nacimiento de Antonio Fernández es la misma que su supuesta antigüedad en la bodega (15 de julio de 1956). Nadie se percató en la Delegación de Empleo de este fallo.
Diversas fuentes consultadas ayer por este periódico aseguraron que haberle atribuido a Fernández casi 15 años más de vinculación contractual con la empresa no ha tenido ninguna repercusión a la hora de calcularle las prestaciones que le corresponden como prejubilado.
El factor antigüedad no computa a estos efectos, es absolutamente neutro. La condición que sí debía cumplir el antiguo consejero de Empleo para poder adherirse al ERE era tener los 54 años cumplidos durante la vigencia del plan.
En este sentido, Antonio Fernández no había cumplido aún los 52 años cuando se aprobó el ERE en 2008, si bien consta como fecha de baja el 15 de julio de 2010. En las mismas circunstancias se encontraban otros prejubilados.
Además, como viene informando EL MUNDO, la aprobación del ERE se produjo cuando Fernández era aún máximo responsable de la Consejería de Empleo. En concreto, González Byass presentó el expediente ante la autoridad laboral el 21 de abril de 2008 y fue aprobado ocho días después al ser consensuado por la dirección de la empresa y los sindicatos.
Fernández ha venido sosteniendo que no tuvo nada que ver con esta tramitación dado que, al tener la compañía menos de 200 trabajadores, la aprobación del ERE era competencia del delegado de la Consejería de Empleo en la provincia en la que estaba radicada la empresa. En este caso, la firma la puso su subordinado en Cádiz, Juan Bouza.
A preguntas de este periódico, el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ya reconoció que «no habría actuado de la misma forma» que su antecesor. En otras palabras, no se habría adherido a un ERE siendo titular del departamento que debía aprobarlo y con un incentivo de 19,75 millones de euros de fondos de la propia Consejería para garantizar el sueldo de los prejubilados.
Fuentes próximas al ex consejero dijeron que Fernández estaba obligado por «imperativo legal» a sumarse al ERE por su situación de excedencia forzosa, concedida en el año 1981 por González Byass para que pudiera incorporarse como profesor a la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz y para poder desarrollar posteriormente su actividad política desde 1983 hasta noviembre de 2010.
Antonio Fernández se adhirió a la prejubilación sin intención alguna de dejar de trabajar. No sólo permaneció casi dos años como consejero de Empleo, sino que después continuó como diputado en el Parlamento andaluz hasta su elección como presidente del consejo regulador del Vino de Jerez. Éste es el cargo por el que actualmente cobra su sueldo.
La Junta asegura que Fernández no ha percibido aún ni los 30.000 euros que le corresponderían en concepto de indemnización por despido -a razón de 20 días por año trabajado con un tope máximo de 360 días y que corría por cuenta de la compañía- ni las prestaciones financiadas por la Administración (en torno a los 300.000 euros) mediante una póliza de rentas formalizada con Vitalicio Seguros.
Se da la circunstancia, además, de que la Junta de Andalucía incentivó este expediente de regulación de empleo (número 16/08) antes de que González Byass lo presentara formalmente ante la autoridad laboral.
En concreto, y como adelantó EL MUNDO el 10 de febrero, la dirección general de Trabajo y Seguridad Social -dependiente de la Consejería de Empleo- concedió la ayuda sociolaboral de 19,75 millones de euros cinco días antes de que González Byass solicitara la autorización para la extinción de 94 contratos.
Fuentes del sector de la previsión social dijeron que lo «normal» es que las ayudas se aprueben antes de que se presente ante la autoridad laboral el expediente de regulación de empleo. «El comité de empresa no firma el ERE si no tiene las ayudas garantizadas», aseguraron.
No es éste el criterio que siempre ha seguido la Consejería de Empleo. Este periódico ha confirmado al menos un caso de expediente de regulación de empleo incentivado por la Junta en el que la concesión de la ayuda sociolaboral era posterior a la presentación de la autorización, como sugiere el procedimiento más lógico.
No obstante, hay que tener presente que, según el informe de la Policía Judicial, la Junta de Andalucía ha venido incentivando prejubilaciones en los últimos 10 años sin atenerse al procedimiento que marca la normativa de subvenciones.
C. TORRES / A. SALVADOR / Sevilla
'Fondo de reptiles' para Mario Conde
El «fondo de reptiles» de la Junta andaluza iba a servir para dar subvenciones encubiertas por un millón de euros a una empresa de Mario Conde situada en una de las zonas -la sierra norte de Sevilla- más premiadas por la persona que la Policía considera clave en la trama de los ERE, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Finalmente, esas ayudas se truncaron por la destitución de Guerrero en 2008.
Para evitar que fuera Conde quien apareciera como perceptor de esas ayudas, y la consiguiente repercusión política, las subvenciones al ex banquero iban a llegar a través de una almazara (molino de aceite) presidida por una persona del entorno familiar del ex consejero de Trabajo José Antonio Viera, actual líder del PSOE de Sevilla.
El proyecto consistía en financiar la ampliación de una almazara en la que Conde molturaría la aceituna de su finca Los Carrizos, en Castilblanco de los Arroyos. Con anterioridad, esta almazara sevillana había recibido 1.050.000 euros del «fondo de reptiles», entre otras ayudas públicas.
Los hechos se remontan a 2006, cuando Conde buscaba una fórmula que le permitiera abaratar los gastos de la molturación de la aceituna ante la imposibilidad de construir una almazara propia en su finca por restricción medioambiental. El presidente de la almazara, Eduardo Lora, ofreció un trato irrechazable para los cooperativistas de la Sociedad Agraria de Transformación Virgen del Espino de El Pedroso. Se trataba de que Conde ampliara la almazara y corriera con todos los gastos corrientes de la molturación a cambio de producir allí su propio aceite, que se vende bajo la marca Los Carrizos.
Lora era el ex marido de la entonces mujer del consejero de Empleo. Sus relaciones, difíciles al principio, se estrecharon con el tiempo, como demostró el hecho de que juntos acudieran a una reunión a la almazara para prometer la subvención de 600.000 euros del «fondo de reptiles». Lora también es socio del ex concejal socialista José Enrique Rosendo, que gestionó cerca de ocho millones de euros de subvenciones del «fondo de reptiles» en distintas sociedades, y cuyo padre, ex alcalde de El Pedroso, aparece como falso prejubilado en el ERE de Cydeplast. Guerrero, el alto cargo de la Junta que controlaba esos fondos por valor de casi 700 millones de euros en 10 años, también fue regidor de El Pedroso.
Las negociaciones entre Conde y la almazara fraguaron en un contrato que se firmó entre dos sociedades, en las que ejercen como administradores y apoderados los hijos del ex presidente de Banesto, y la dirección de la cooperativa. En virtud de aquel acuerdo, la familia Conde se comprometía a financiar las obras de ampliación y a comprar la maquinaria necesaria para que el molino tuviera capacidad para moler los cuatro millones de kilos de aceitunas al año procedentes de la fincas de Castilblanco de los Arroyos y de otra que tiene en Ciudad Real. El contrato incluía una cláusula por la que las subvenciones públicas que pudieran recibirse se destinarían a resarcir la inversión acometida por los Conde.
Según explicó Lora entonces a los cooperativistas, la Junta iba a incentivar la ampliación de la almazara y ésta transferiría posteriormente el dinero a la empresa de Conde. De acuerdo con las explicaciones de Lora, no era políticamente correcto que la Administración subvencionara directamente al ex banquero, condenado por el caso Banesto.
Conde explicó a este diario que esas subvenciones para financiar un 60% o 70% de la inversión estaban previstas, pero nunca llegaron. Aclaró que la inversión para ampliar la almazara corrió a cargo de su empresa, que pidió un crédito con su finca como aval. Como la maquinaria y las nuevas instalaciones quedarían en propiedad de la cooperativa, era ésta, su legítima dueña, la que debía pedir esas subvenciones.
Siguen las corruptelas en el cortijo de andalucía por el psoe. Vaya chollo tenían montado o tienen montado los pájaros.
ResponderEliminarQuien tuvo retuvo y guardó para la vejez.