M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid/ El Mundo
Pese al esfuerzo del fiscal Carlos Bautista por restar relevancia a lo que pudiera aportar Camacho en su declaración, lo que no hace es negar la mayor. Es decir, mantener, como ha hecho el vicepresidente y responsable de Interior, que el entonces director general de la Policía no informó a su jefe directo de la mayor operación policial contra la red de extorsión de ETA. Una operación que, además, se producía en plena tregua y que incluía en la lista de futuros detenidos a un miembro de la Ejecutiva del PNV.
De acuerdo con los autos del magistrado Pablo Ruz, ambos contactaron telefónicamente en tres ocasiones el 3 de mayo de 2006, víspera del chivatazo, y otras dos el mismo día de los hechos. El fiscal considera que esas las llamadas fueron «ajenas» a la delación y que una eventual declaración de Camacho al respecto «ni añade ni quita nada a la secuencia telefónica señalada por el equipo investigador, ni aporta nada al esclarecimiento de los hechos». Por contra, dice que «las llamadas del secretario de Estado obedecen a la lógica y natural relación diaria entre órganos ministeriales y son ajenas al contexto de tiempo y lugar en el que se desarrollan los intercambios de llamadas de los imputados».
Finalmente, resalta que no existe en los 19 tomos de la causa «ningún asidero que acredite ni la trascendencia de las llamadas ni la necesidad de conocer su contenido, máxime cuando en las mismas fechas, 3 y 4 de mayo, se está desarrollando una operación antiterrorista de la que, necesariamente, el secretario de Estado se Seguridad debe estar al corriente».
Estas últimas palabras chocan con la negativa con la que el Gobierno respondió el pasado día 11 a una pregunta parlamentaria del Partido Popular: «¿Mantuvo algún contacto el secretario de Estado de Seguridad el día 3 de mayo de 2006 con el director general de la Policía en relación con la acción conjunta hispano-francesa contra la red de extorsión etarra prevista para el día siguiente?».
El 'no' de Interior fue ratificado ayer mismo por el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, quien preguntado sobre el caso Faisán al término del Consejo de Ministros, afirmó que se remitía a sus respuestas en el Congreso.
La declaración testifical de Camacho ya fue rechazada hace dos semanas por el juez instructor, que se apoyó en un nuevo informe policial que considera sus llamadas intrascendentes para el caso.
La decisión fue recurrida por Dignidad y Justicia, lo que llevó al instructor a pedir el parecer del fiscal. Este primer recurso de reforma debe resolverlo el propio Ruz, mientras que el de apelación también interpuesto recae en la Sala de lo Penal, que podría corregir la decisión del magistrado.
Al margen del asunto Camacho, la Fiscalía se pronunció en otro escrito sobre las nuevas diligencias reclamadas por las partes. El Ministerio Público pide al juez que rechace practicar un careo entre el investigador principal del chivatazo, Carlos Germán, y el ex responsable de la Unidad Central de Inteligencia José Cabanillas, superior de aquél en el momento del chivatazo.
La diligencia ha sido reclamada por Dignidad y Justicia atendiendo a unas contradicciones entre ambos que el fiscal describe como «colaterales y accesorias». Bautista añade que los careos son un instrumento de «escasa o nula utilidad».
En una reciente comparecencia como testigo, Cabanillas arremetió contra Germán y afirmó que le había propuesto destruir la grabación en la que se desvelaba la existencia del chivatazo.
El fiscal sí respalda, en cambio, que el investigador del chivatazo vuelva a comparecer como testigo, tal y como pide la AVT. Eso sí, matiza que el momento de la comparecencia no es ahora. «La prudencia aconseja su ejecución en un momento posterior, debiendo esperarse a la prueba de todas las diligencias pendientes, especialmente las de la pieza secreta, habida cuenta, además, que en la causa se van aportando informes del equipo investigador que, por su contenido, resuelven muchas de las cuestiones que pudieran plantear las partes», dice el fiscal.
Del mismo modo, considera innecesaria la petición de Dignidad y Justicia de que declaren miembros del Área de Especial Seguimiento, ya que dejaron de controlar las grabaciones sobre el bar Faisán -centro de la red de extorsión- «bastante antes» del chivatazo.
Finalmente, rechaza la petición de otro de los imputados, el jefe superior de Policía del País Vasco, de dejar sin efecto varias de las diligencias encomendadas por el juez instructor al equipo de Germán.
Pues claro que camacho lo sabía, desde el ministro hacia abajo, lo sabían todos, incluso zapatero lo sabía. Estas operaciones se las comentan unos a otros, verdad??.
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