El 'Faisán' sobrevuela sobre Rubalcaba

A FONDO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO / El Mundo

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

Escuchar a Felipe González siempre es interesante. Sin las ataduras del que aspira a lograr el poder, sabedor de su influencia en amplios sectores de la militancia socialista, dice lo que muchos piensan sin medias tintas. Lo cual no quiere decir que lo que diga lo diga al tun tun o sin un fin claro y preciso. Todas sus puntadas llevan hilo.

Hace unos días dijo en la cadena Ser que a Zapatero se le está acabando el tiempo de la duda. Que debe decir cuanto antes si va a ser el candidato o no. Y añadió: decir que no, es su responsabilidad; decir que sí, es su responsabilidad y la del partido.

Hay que meterle prisa al presidente. Que diga pronto que no será el candidato. Que cumpla lo que muchos dieron por hecho cuando nombró vicepresidente primero a Rubalcaba: que era, a su modo interesado de ver, la manera de designar sucesor, de irse poco a poco, dejando las riendas del Gobierno al valorado ministro del Interior.

La vieja guardia del PSOE, nucleada en torno a Rubalcaba, creía jugar con un calendario holgado. La idea era que el presidente anunciara que no se presentaría a las elecciones generales de 2012 antes de las municipales y autonómicas de mayo. Algunos barones, en clave sucesoria, habían pedido públicamente a Zapatero que desvelara el secreto antes de esa cita electoral, para que, argumentaban, no se convirtieran en un plebiscito sobre el presidente. Una forma poco sutil de decirle que comenzaba a ser un estorbo.

Rubalcaba, envalentonado por las encuestas, apoyado por los restos del felipismo, jaleado por el Grupo Prisa, visto por algunos arribistas como el posible salvador ante la catástrofe que vaticinan las encuestas, movió todos los hilos. Reuniones con líderes autonómicos, con personas de peso en el grupo parlamentario, en fin, preparó el terreno para la entronización.

Pero Rubalcaba, como González, sabe que el presidente é mobile qual piuma al vento. Y, tras unos meses de letargo, le vieron levantar el vuelo en enero, como si se estuviera replanteando su decisión.

Por eso, el silencio impuesto, que sobrevino tras el varapalo a Jáuregui por hablar demasiado, ha durado tan poco. González animó el cotarro y, después, Barreda, Fernández Vara, etcétera, han vuelto a la carga con su argumentario habitual.

La presión, que irá en aumento, tiene un objetivo: forzar a Zapatero a definirse antes de las municipales y autonómicas.

En su ascenso imparable, Rubalcaba sólo teme una cosa: las consecuencias para él de la resurrección del caso Faisán.

Algún ministro le ha oído comentar al titular de Interior: «Es el único asunto que me preocupa de verdad, mi talón de Aquiles».

La decisión del juez Ruz de reactivar el caso, adormecido convenientemente por Garzón, ha hecho perder los nervios a un hombre de natural templado.

Rubalcaba ha utilizado sus resortes en torno a la Fiscalía y, naturalmente, en el seno de la Policía.

Las pruebas, dos hechos especialmente relevantes: el cambio de actitud del fiscal, que pasa de pedir el archivo de la causa a avalar la decisión del juez de continuar con la investigación allá donde la dejó Grande-Marlaska, y la declaración del comisario jefe de la UCI, José Cabanillas, en la que imputa a su subordinado, el investigador del chivatazo, Carlos G., la intención de destruir la prueba principal del caso.

Cabanillas no sólo ha pretendido desacreditar al policía cuyas pesquisas han llevado a imputar al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, en el soplo a Joseba Elosua para que éste y sus compinches de ETA eludieran una operación para detenerlos; ha querido, en el mismo embate, desprestigiar al juez de la Audiencia Nacional que ordenó investigar el chivatazo, al revelar que recibió una llamada de Garzón que habría tenido consecuencias en la paralización del operativo contra los etarras.

Los movimientos de Rubalcaba para evitar que el caso Faisán termine afectándole, justo en el momento en el que se perfila como sucesor a Zapatero, están provocando cierto malestar en el ámbito judicial. Hasta tal punto, que el ministro Francisco Caamaño ha expresado sus quejas a un grupo reducido de ministros.

La reactivación del chivatazo no sólo se produce en el peor momento para Rubalcaba, sino que llega cuando la nueva Batasuna pretende su legalización, que cuenta con la oposición frontal del PP.

El chivatazo es la demostración de una forma de actuar que consiste en justificar cualquier medio con tal de conseguir un fin. Las actas del etarra Thierry, incluidas por la juez Le Vert en la documentación entregada a la Audiencia Nacional, que forman parte de los nueve folios declarados secretos por el juez Ruz, son la prueba de la ignominia. Durante la negociación entre el Gobierno y ETA, el negociador Gómez Benítez, vocal del Consejo General del Poder Judicial y protegido del juez Garzón, argumenta el chivatazo como prueba de buena voluntad del Gobierno.

Pensar que un hecho tan grave como es avisar a los responsables del cobro del impuesto revolucionario que iban a ser detenidos por la Policía es cosa de un mando sin conexión política, es absurdo.

Tanto como pensar que el escalón máximo de la delación es el director general de la Policía.

La lógica dice que debía haber una orden dada por el único que la podía dar, el ministro, y que consistía en poner todos los medios para que «no se jodiera el proceso», tal y como le dijo el desconocido interlocutor al dueño del Faisán.

El nerviosismo lleva a cometer errores. Y los hombre inteligentes, y Rubalcaba lo es, suelen meter la pata por un exceso de confianza o por un acto de soberbia. Echar basura sobre el investigador, ahora comisario, Carlos G., no ha sido una decisión inteligente. Decir que quiso hacer desaparecer la prueba clave del caso es absolutamente contradictorio con su trayectoria. Los que siguieron de cerca su trabajo saben cómo se alegró cuando detuvieron al etarra José Antonio Cau con un recibo, que demostraba la extorsión de ETA, en el bolsillo. Saben también cómo desconfió desde un principio de su jefe Cabanillas y cómo asumió con entereza el riesgo que suponía señalar con el dedo a los máximos responsables policiales.

De nuevo, el Estado de Derecho se enfrenta a un reto colosal. Sobre las espaldas del juez Ruz pesa ahora la responsabilidad de seguir hasta el final con el caso, aunque ello signifique también el final para un hombre tan poderoso como Rubalcaba.