sábado, 15 de enero de 2011

Un informe cuestiona la ley que obliga a retirar símbolos franquistas



10:14 (15-01-2011) | La Gaceta

El Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana informa al ayuntamiento de que la presencia de estos escudos “no exalta la represión”. Rita Barberá solicitó el dictamen. El PSOE tilda el dictamen de “torpedo” contra la norma estatal.

S. S. Madrid

El Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunidad Valenciana –una especie de Consejo de Estado a nivel autonómico– ha remitido un informe al ayuntamiento de la capital del Turia en el que considera que la eliminación de la simbología franquista “no es un deber jurídicamente exigible a las Administraciones Públicas”. En el escrito, que ha generado gran revuelo en el consistorio valenciano, el órgano asesor sostiene que la presencia de escudos del anterior régimen político que había en España “no supone por sí misma la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil ni de la represión de la dictadura, tal y como exige el artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica”. Aunque tal conclusión no es vinculante, sí que choca frontalmente con esta norma revisionista con la que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero quiere llevar a cabo su particular cruzada arquitectónica. Y lo que es más, puede ser utilizada como pretexto para justificar una campaña de rebelión contra la polémica ley por parte de otros ayuntamientos y Administraciones locales.

El Consell aprobó el informe en pleno y sólo contó con los dos votos particulares emitidos por Vicente Cuñat Edo y Ana María Castellano Vilar. El Ayuntamiento de Valencia, con Rita Barberá (PP) al frente, había planteado sus dudas sobre si el escudo de España oficial entre 1938 y 1981 está incluido o no en el ámbito de aplicación del citado artículo 15 de la norma estatal. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia presentó el pasado junio una moción en la que instaba a la retirada de los símbolos franquistas localizados en las fachadas de los colegios municipales Teodoro Llorente, Padre Manjón y San Juan de Ribera, además de las referencias del anterior régimen en la Cruz de los Caídos, situada en Porta de la Mar. Enquistado el debate (Barberá se vio obligada a suspender el pleno durante cinco minutos) sobre si la Ley de Memoria Histórica afectaba a dicho escudo, el portavoz de los populares, Alfonso Grau, hizo la propuesta de encargar un dictamen al Consejo Jurídico Consultivo, como así fue finalmente.

Identidad propia

En concreto, el CJC explica en el informe que “todo escudo o símbolo heráldico tiene por objeto representar gráficamente determinados valores con una finalidad identitaria de su usuario”. Y en esta línea, subraya que “la simbología que se incluyó a la sazón en el escudo de España pretendió representar el ‘nuevo Estado’, que surgió con la ‘revolución nacional de 1936”. Tales incorporaciones al escudo, detalla el texto, consistieron en la adición de un águila de San Juan –“elemento ya utilizado en los escudos hispánicos del Renacimiento”– y el haz y el yugo de los Reyes Católicos que la Falange había adoptado como emblema. Dicha simbología, destaca el dictamen, por su propia naturaleza, “es expresiva de unos valores que asumía como deseables un régimen autoritario”. No obstante, matiza el Consejo, “este régimen, por definición, partía de premisas distintas a las que son propias de un Estado democrático constitucional como es el español actual”. Con todo, el órgano asesor considera que estos símbolos lo que exteriorizan gráficamente es el “cambio histórico que supuso al finalizar la Guerra Civil el paso de un régimen republicano constitucional a uno dictatorial”.

Ambigüedad

De este modo, establece que no puede derivarse de la Ley de Memoria Histórica la “obligación imperativa” de retirar los escudos discutidos, máxime cuando, además, “el legislador podría haber establecido dicha obligatoriedad” con una “descripción expresa” de los símbolos a eliminar o sustituir. Desde el PSOE los ataques no se han hecho esperar al calificar de “argumentación preocupante y perversa” el dictamen del Consell, un “torpedo” contra la norma estatal, apuntan.

1 comentario:

  1. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos de zp, es lo mejor que nos puede ocurrir. Eso si, también de sus secuaces, que no tiene ninguno desperdicio.

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