jueves, 20 de enero de 2011

Extraco también logró obras en Extremadura


DAVID VIGARIO / Mérida/ El Mundo

Se presentó de la mano de Arcoex, afín al PSOE regional

Corresponsal

Zapatero embustero

Los tentáculos de la constructora gallega Extraco, que preside Pablo Prada -amigo personal del gerente del PSOE, Xoán Cornide-, se extienden hasta Extremadura de la mano de Arcoex, otra empresa bajo sospecha por beneficiarse de adjudicaciones millonarias tras entrar en ella como accionistas el ex presidente del PSOE de Extremadura Federico Suárez y un ex director general, Antonio Olivenza Pozas, como desveló EL MUNDO el pasado 9 de enero.

En total, la Consejería de Fomento otorgó en 2010 tres obras por valor de 3.372.143,88 euros a estas empresas, que concurrieron de forma conjunta. No hay constancia de que antes de la llegada de los ex altos cargos socialistas al Consejo de Administración de Arcoex, Extraco se presentara a concurso alguno en Extremadura.

La primera adjudicación se produjo, según el Diario Oficial de Extremadura, el 8 de enero de 2010 para la «prolongación de la carretera EX321 circunvalación de Zafra, tramo EX320-N-432» a la UTE formada por Arcoex y Extraco. La concedió, como en los otros casos, la Consejería de Fomento y el importe fue de 1.063.848,76 euros. El modelo de financiación corresponde en exclusiva a la Junta de Extremadura.

En el mismo mes, se publicó la adjudicación de la obra de «refuerzo del firme de la carretera EX204, tramos Torrecilla de los Ángeles-Pinofranqueado e intersección La Pesga, límite provincial de Salamanca». Supuso 2.308.041,56 euros, también pagados en su totalidad por la Junta.

En tercer lugar, la Consejería de Fomento resolvió el 23 de junio de 2010 adjudicar a la misma UTE la «implementación de instalaciones en los demostradores experimentales del proyecto Edea» por 253.556,26 euros financiados, en parte, con fondos europeos.

EL MUNDO ha publicado que Arcoex recibió jugosos contratos de la Junta de forma continuada desde que se incorporara a ella, primero como apoderado y luego como socio, Antonio Olivenza Pozas, ex diputado nacional y ex senador que fue director general de la Consejería de Bienestar Social cuando la dirigía Leonor Flores. Ésta es, a su vez, esposa de Federico Suárez, presidente del PSOE extremeño hasta 2008 y mano derecha de Ibarra durante casi 30 años, además de presidente de la Asamblea de Extremadura hasta junio de 2007. Suárez se incorporó a Arcoex como accionista y miembro del Consejo de Administración el 21 de junio de 2010.

El artículo 6 de la Ley autonómica de Incompatibilidades 5/1985 prohíbe a los ex altos cargos licitar y/o recibir adjudicaciones en los dos años tras su cese. Olivenza fue nombrado director general por Leonor Flores, que dejó su cargo el 20 de julio de 2007, pero la sociedad recibió en los dos primeros años cinco adjudicaciones y llegó a 22, algunas puestas en duda por el Tribunal de Cuentas, hasta 2010, por 9.371.279 euros.

La Junta de Extremadura señaló ayer que las adjudicaciones a Arcoex «siempre han estado ajustadas a la más estricta legalidad vigente» y que la empresa «no está incursa en ninguna causa de prohibición para contratar con las administraciones públicas». Pero Luis A. Hernández Carrón, portavoz del PP, mostró en rueda de prensa un documento que acredita que Olivenza firmó el 31 de enero de 2008, menos de dos años después de su cese, una certificación de una obra de la Junta como apoderado solidario de Arcoex.

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