El juez Ruz deniega el archivo del chivatazo y ordena más diligencias

M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid/ El Mundo

Pide a la Guardia Civil que investigue si el vídeo de la entrada al bar Faisán se manipuló

La investigación sobre el chivatazo policial a ETA dio ayer un paso clave hacia el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz dictó un auto que contradice el criterio fiscal de que la investigación estaba «agotada» y rechaza su petición de archivar la causa contra el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector.

No sólo eso. Ruz transforma las diligencias en sumario por la gravedad de los delitos que detecta -colaboración con banda armada y revelación de secretos- y ordena una batería de nuevas diligencias a practicar en un plazo de 15 días.

«Nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención, junto con las posteriores diligencias policiales y judiciales, de determinadas personas», dice. El objetivo más directo era el etarra José Antonio Cau, que el 4 de mayo de 2006 iba a pasar a España a recoger dinero de la extorsión de manos del dueño del bar Faisán, Joseba Elosua. Pero «mediante la delación policial» también se buscaba «evitar la detención» de otras nueve personas. Entre ellos estaba el del dirigente del PNV Gorka Aguirre, que hubiera sido arrestado el día que el entonces líder del partido, Josu Jon Imaz, se reunía con José Luis Rodríguez Zapatero.

Foto de la cadena de mando implicada en el caso Faisán: Zapatero, Rubalcaba, Antonio Camacho, Victor García Hidalgo, Telesforo Rubio, Enrique Pamiés y José María Ballesteros

El bloque más delicado de nuevas diligencias se centra en el vídeo de la cámara instalada para controlar el acceso al Faisán, en Irún. La cinta que llegó a la Audiencia tenía varios cortes que coincidían con las horas de entrada o salida de quien entregó a Elosua el móvil desde el que fue avisado. Ante el «carácter excesivamente genérico e inconcreto» del informe policial sobre su posible manipulación, el juez reclama a la Guardia Civil uno nuevo sobre la «intencionalidad o accidentalidad» de los cortes. También inquiere sobre si sería posible de algún modo recuperar las imágenes que faltan. En esta misma línea, el magistrado pide a la Policía que analice las grabaciones de los cinco días previos y posteriores, para comprobar si también aparecen cortes o si la cinta clave es la excepción.

Las suspicacias del magistrado parecen claras cuando, finalmente, pide que le informen de la cadena de custodia de la cinta durante los nueve meses que tardó en llegar a la Audiencia Nacional

En otro apartado de su escrito, el juez pide al jefe superior que identifique al confidente con el que supuestamente se iba a encontrar el día del chivatazo, una cita que le sirve a él y al otro policía imputado como coartada para sus movimientos y llamadas. Resalta que la ley tiene medios para garantizar el anonimato -«en caso de existir realmente»- de quien el jefe superior describe como «un miembro en activo de ETA».

También, el magistrado ordena volver a tomar declaración como testigos a dos policías de la Brigada de Información de San Sebastián cuyas palabras contradicen lo declarado por otros testigos y por los imputados. En el apartado de testificales, el juez también interrogará a un periodista sobre una conversación con el jefe superior.

Otro bloque de pesquisas va dirigido a precisar la hora del chivatazo y las características del lugar. Así, pide a la Policía que aclare si la puerta del bar que vigilaba -había otra que no- era la misma por la que Elosua asegura que salió el policía que le abordó. Para facilitar la reconstrucción de lo sucedido, también reclama un croquis del lugar y, si es posible, «una infografía animada que refleje la secuencia de los hechos». También pide un «un estudio pericial fisionómico» de quienes se ve en la cinta accediendo al bar, para comprobar si sus características encajan con las de uno de los imputados.

En cuanto al tráfico de llamadas, clave contra los imputados, pide ampliar sus informes a la Policía y a los peritos de Telefónica. En particular, quiere saber el método empleado para descartar llamadas y si se analizaron los números anónimos y las llamadas que pudieron emplear repetidores distintos al que generalmente da cobertura al bar Faisán.

El juez ha dictado el auto tras la llegada de documentación reclamada a Francia, última diligencia pendiente hasta ahora. Ruz, al igual que el fiscal, explica que la mayor parte de ese material no aporta nada nuevo, pero deja a salvo los nueve folios declarados secretos. De ellos, a su juicio, sí se desprenden nuevas diligencias que vendrían a sumarse a las ordenadas ayer.

El largo y tortuoso 'caso Faisán'

>4 de mayo 2006.- La Policía interviene una conversación telefónica en el vehículo de Joseba Elosua, dueño del bar Faisán, en la que un policía le alerta de que está siendo investigado en el entramado de extorsión de ETA.

>20 de junio 2006.- Una operación contra esta trama se salda con la detención de 12 personas, siete en Francia y cinco en España.

> El 22 de junio de 2006, EL MUNDO desvela las pesquisas abiertas por el magistrado Grande-Marlaska en relación a una posible filtración de la Policía sobre su investigación del entramado de financiación etarra.

> Julio de 2006.- Garzón regresa de EEUU a la Audiencia Nacional y coge las riendas de todos los asuntos pendientes en el Juzgado 5 que instruía Grande-Marlaska.

>16 de mayo 2008.- El ex dirigente del PNV Gorka Aguirre asegura ante Garzón que «jamás» ha actuado como mediador de ETA en el pago del impuesto revolucionario».

>19 de mayo 2008.- El presidente del PNV Iñigo Urkullu, el ex presidente Xabier Arzalluz y el responsable del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar, declaran ante Garzón en relación con la investigación que se sigue contra el aparato de extorsión de ETA.

>24 de octubre 2008.- Garzón procesa a 24 personas en relación con el aparato de extorsión de ETA y retira la imputación por estos hechos a otras 11, entre ellos el ex dirigente del PNV Gorka Aguirre.

>5 de octubre 2009.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide a Garzón el archivo del caso del chivatazo.

>24 de octubre 2009.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, anuncia en Bilbao que su partido se personará en la investigación de la posible filtración al dueño del bar Faisán.

>29 de octubre 2009.- Dignidad y Justicia, que actúa como acusación en el 'caso Faisán', pide a Garzón que no archive la investigación y solicita que la Guardia Civil investigue.

>15 de febrero de 2010.- La Audiencia Nacional ordena al juez Garzón más diligencias.

>17 de febrero de 2010.- El jefe de la investigación ratifica ante Garzón el informe en el que incriminó al ex director de la Policía Víctor García Hidalgo y a otros dos mandos policiales.

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, anuncia solicitar el procesamiento de Garzón por obstrucción a la Justicia

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, anunció ayer que su partido estudia acusar a Garzón de «haber entorpecido» la investigación. «No es casual que esté como está por esas tres causas» en el Supremo, añadió. En su opinión, al «haberse removido el principal obstáculo», en referencia a la suspensión del juez, «se va a llegar ahora al fondo».

El juez suspendido Baltasar Garzón declaró ayer en Valencia que él re

P&R

FERNANDO LÁZARO / MANUEL MARRACO / Madrid

El juez apuesta por 'cazar' al pájaro

Desde que el 4 de mayo de 2006 se produjera el chivatazo a ETA, el sumario ha pasado ya por las manos de tres jueces y son muchas las dudas que aún existen.

¿Qué consecuencias tiene este auto del juez Pablo Ruz?

Cuando menos, la causa queda reactivada. En el momento en el que el Ministerio Fiscal apostaba por archivarla, el instructor no sólo no cede a esta pretensión, sino que ordena una serie de diligencias que suponen la revisión de la gran mayoría de las pesquisas realizadas por el juez Garzón.

¿Estas nuevas actuaciones pueden arrojar luz sobre la autoría material del chivatazo?

El juez, desde luego, entiende que hay material para seguir analizando e investigando. Pero, además, maneja como base de trabajo los informes policiales realizados sobre el movimiento de llamadas que se produjo alrededor del bar Faisán el día 4 de mayo de 2006, el día en que agentes alertaron a Joseba Elosua.

¿Cuál es la diferencia entre la actuación de Ruz y la de Garzón?

Baltasar Garzón regresó de Estados Unidos antes de tiempo para retirar de las pesquisas a Grande-Marlaska, quien llegó a tener ofertas tentadoras para abandonar la instrucción. Grande-Marlaska quería esclarecer el asunto cayera quien cayera. El ritmo de Garzón era distinto. De hecho, cuando apareció el móvil de tarjeta prepago que utilizaba uno de los imputados (el ex director de la Policía y alto cargo del PSE, Víctor García Hidalgo) vinculado al de dos etarras del llamado proceso de paz, abrió una nueva pieza secreta. Divide y guarda secreto. Y la instrucción parada. Parece que el ritmo de Ruz es más profesional y, tras una detallada lectura del sumario, le ha dado un tremendo empujón.

¿Finaliza este auto con las actuaciones de la comisión enviada por Le Vert?

Para nada. Este escrito se pronuncia sobre asuntos pendientes. Pero quedan aún por resolver los ansiados nueve folios que el juez ha declarado secretos y que pueden aportar luz para «el total esclarecimiento de los hechos». Están en manos del fiscal para que informe si hay que hacer nuevas diligencias.

¿Cuándo y por qué se apartó a la Guardia Civil de las investigaciones sobre el caso?

Fue Grande-Marlaska quien, al conocer que se había producido un chivatazo, puso en marcha una doble investigación: la de la Policía Nacional y la de la Guardia Civil. Y fue justo al regresar de Estados Unidos cuando Garzón apartó a la Guardia Civil. Las relaciones de este juez con ese cuerpo no eran buenas. Dejó las pesquisas únicamente en manos de la Policía.

¿Por qué el fiscal apuesta por el sobreseimiento de la causa?

Pese a que hay tres imputados en la causa, el que fuera director de la Policía Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector destinado en Vitoria, el representante del Ministerio Público entiende que sólo hay indicios sobre la implicación de éstos, pero que no hay pruebas. Y desde 2009 defiende el archivo. No considera definitivos los informes científicos de la Policía en los que se señala como única llamada posible al Faisán la realizada por los imputados.

¿Y el papel de las acusaciones?

No tienen un trabajo fácil. Ni siquiera pueden acceder a la documentación, como en el resto de sumarios. Tienen que tomar nota de todo. Pero, en cualquier caso, muchas de las peticiones que ahora concreta Ruz fueron planteadas por las acusaciones y rechazadas, entonces, por Garzón. Ya en una ocasión anterior tuvo que reconvenirle la sala al negarle el juez todas las peticiones de prueba a las acusaciones. Quien dijo que no a la presencia de la Guardia civil en el pleito fue Garzón, a petición de Dignidad y Justicia. Ahora, Ruz utiliza de nuevo al Instituto Armado.

¿Es creíble que dos policías, motu proprio, ayudaran a ETA?

De ninguna manera. Los agentes que estuvieran implicados en esta trama actuaron, seguro, siguiendo órdenes de sus superiores. En uno de los casos es también probable que ni siquiera supiera para qué tenía que darle un teléfono móvil al dueño del bar Faisán.

¿La orden del chivatazo lleva más a Interior o al PSE?

Esta parte de la investigación está muy verde. En el sumario figura un teléfono móvil perteneciente a la Subsecretaría de Interior y utilizado por el secretario de Estado de Seguridad. Desde allí se realizan y se reciben llamadas de los teléfonos con tarjeta prepago utilizados por los imputados. Estos datos pueden apuntar al Departamento de Rubalcaba. Pero también está imputado el que fuera director de la Policía Víctor García Hidalgo, destacado dirigente de los socialistas vascos.

¿Le puede afectar esta causa a Rubalcaba?

Sin duda. Si las nuevas aportaciones arrojan más luz de sospecha sobre el Ministerio del Interior puede influir claramente si, además, se convierte en el candidato del PSOE en las próximas elecciones generales.

speta el «criterio» de cada magistrado para instruir una causa, pero insistió en que, mientras él estuvo al frente del 'caso Faisán', «se agotaron todas las diligencias» que se debían practicar y que todo lo que tenía que hacer, «se hizo»