Delincuencia de estado

15 de Enero de 2011 - 11:16:41 - Luis del Pino / Libertad Digital

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 15/1/2011

El FBI, la famosa agencia federal de investigaciones americana, nació en 1908. Su nombre original era BOI y no adoptaría su nombre definitivo hasta 1932. El más conocido de sus directores fue, sin duda alguna, John Edgar Hoover, que llevó con mano de hierro las riendas del FBI durante la friolera de ¡48 años!

Cuentan que una de las razones de su larga permanencia en el cargo y de que sobreviviera al mandato de tantos presidentes distintos es que Hoover lo sabía todo de todos, gracias a la información que el FBI obtenía. Vamos, que no había político en Washington que no supiera que probablemente Hoover contaba con un amplio dossier sobre él.

De hecho, los dos últimos años de la vida de Hoover, y de su mandato al frente del FBI, se vieron salpicados por el escándalo, cuando unos desconocidos entraron en 1971 en una de las sedes del FBI y robaron numerosos documentos sobre las actividades ilegales de la agencia, que después filtraron a distintos medios de comunicación.

Cuatro años más tarde, el Senado de los Estados Unidos nombró un comité, el denominado comité Church, para evaluar las actividades encubiertas llevadas a cabo por los distintos servicios de información americanos, entre ellos el FBI. Y las conclusiones de aquel comité (que ocupan miles de páginas y se encuentran disponibles en Internet) fueron demoledoras: con el pretexto de velar por la seguridad nacional, el FBI había estado violando de manera continuada la Constitución y la Ley, a lo largo de los años, con operaciones encubiertas de espionaje, de desinformación y de manipulación de la opinión pública.

El FBI se dedicaba sistemáticamente, por ejemplo:

- a infiltrarse en todo movimiento que fuera considerado peligroso o simplemente sospechoso, como por ejemplo los movimientos por los derechos civiles de los negros o de las mujeres.

- a crear organizaciones falsas de lucha por los derechos civiles, dirigidas por personal del FBI, con el fin de dividir a ese tipo de movimientos.

- a propalar rumores y a enviar falsas cartas de amenaza, para que se enfrentaran entre sí las organizaciones de lucha por los derechos de los negros.

- a enviar cartas anónimas a los cónyuges de los líderes de esos movimientos, acusándoles de supuestas infidelidades, para crear problemas domésticos que restaran tiempo a los dirigentes de esas organizaciones.

- a presionar a las empresas para que despidieran a las personas que militaban en esas organizaciones.

- a presionar a las universidades y organizaciones culturales para que no permitieran las conferencias o actos de los movimientos por los derechos civiles o de sus líderes.

- a publicar falsas noticias, a través de periodistas adictos, con el fin de desacreditar a esas organizaciones o a sus líderes.

- a falsificar y repartir folletos de esas organizaciones, con el fin de sembrar la confusión o minar su prestigio.

- a fabricar, con la complicidad de otros cuerpos policiales, pruebas falsas con las que poder encarcelar a líderes o miembros de organizaciones sospechosas.

- a promover altercados, mediante agentes infiltrados, en las manifestaciones convocadas por esas organizaciones, para transformarlas en protestas violentas y desacreditar así a los convocantes.

- a intervenir, sin orden judicial, las comunicaciones telefónicas y postales de todo aquel que se considerara sospechoso.

- a realizar registros y colocar micrófonos, sin orden judicial, en las sedes de los movimientos por los derechos civiles o en los domicilios de sus líderes.

- etc, etc, etc

Quizá un buen resumen de cómo se las gastaba el FBI para tratar de neutralizar a las organizaciones que luchaban por los derechos civiles sea la serie de operaciones que la agencia dirigida por Hoover puso en marcha para desactivar al reverendo Martin Luther King. En palabras del propio comité del Senado americano, lo que se hizo con Martin Luther King "traspasó el límite de la decencia humana más fundamental".

Las operaciones del FBI contra el campeón de los derechos de los negros se iniciaron en diciembre de 1963, cuatro meses después de la famosa marcha sobre Washington que Martin Luther King organizó. A lo largo de los dos años siguientes, el FBI sometió a King a seguimientos físicos, tomando fotografías de cuantas personas se reunían con él, y sometió a escrutinio sus finanzas, buscando sin éxito alguna información con la que desacreditarle.

Como no lograron encontrar nada que achacarle en el terreno económico, se dedicaron a plantar micrófonos en las habitaciones de hotel que Martin Luther King iba ocupando durante sus desplazamientos por todo el país, para tratar de grabarle en algún desliz extramatrimonial.

Y tuvieron éxito, porque llegaron a mandarle a King una cinta de audio con una de esas grabaciones, junto con una carta en la que invitaban veladamente al líder negro a suicidarse, si quería evitar que la cinta se hiciera pública.

Como King no se amilanó, el FBI filtró la cinta a los medios de comunicación y a los líderes de las organizaciones que apoyaban a King, e incluso a la propia familia de éste. Aunque tampoco eso les sirvió, porque el defensor de la igualdad racial no cejó en su lucha.

Cuando Martin Luther King recibió el Premio Nobel de la Paz, el FBI llegó a presionar al cardenal Spellman para evitar que el Papa le recibiera en audiencia.

Las presiones, las intimidaciones y el espionaje continuaron hasta el mismo día del asesinato de Martin Luther King, ocurrido el 4 de abril de 1968.

Ayer conocimos dos noticias que demuestran que en España los servicios de información, manejados por el poder político, están alcanzando cotas de degeneración que poco tienen que envidiar al FBI de Hoover.

Por un lado, conocimos un auto del juez Pablo Ruz, encargado de la investigación del llamado caso Faisán, en el que se da cuenta de la recepción de los documentos enviados por la jueza francesa Laurent Levert. El juez Pablo Ruz ha decretado el secreto de sumario sobre una parte de esos documentos recibidos desde Francia, con el fin de realizar nuevas averiguaciones que permitan determinar qué miembros de las Fuerzas de Seguridad alertaron a ETA de la operación que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión.

Por otro lado, conocimos también que la unidad antiterrorista de la Ertzainza se habría dedicado a espiar a ciudadanos particulares y a miembros del PP vasco, entre ellos el padre de Santi Abascal.

Estas informaciones se unen a los datos, por todos conocidos, sobre los ímprobos esfuerzos realizados desde nuestros servicios de información para desactivar las organizaciones que en la pasada legislatura canalizaron la oposición de las víctimas y de los ciudadanos a la negociación con ETA. O a los datos sobre los seguimientos a Manuel Pizarro. O sobre la implantación de nuevos sistemas de escucha de comunicaciones que no cuentan con el oportuno control judicial. O sobre el espionaje a los controladores. O sobre las intoxicaciones contra determinados movimientos cívicos distribuidas a través de los medios adictos. O sobre los pagos a piratas de toda calaña que secuestran a españoles por esos mundos de Dios. O sobre las intoxicaciones destinadas a impedir que la sociedad española conozca la autoría real del 11-M...

Como en Estados Unidos en la época de Hoover, en España se utiliza políticamente a los servicios de información, se incumple la Constitución, se espía a los ciudadanos, se menosprecian los controles judiciales, se realizan seguimientos a particulares, se infiltran movimientos cívicos, se utiliza a medios adictos para manipular a la opinión pública y se cometen flagrantes delitos.

Y, sin embargo, fíjense en la diferencia fundamental que existe entre las actividades delictivas de Hoover y las que aquí se cometen. Mientras que el FBI de Hoover se dedicaba a violar la Ley en nombre de la seguridad nacional - es decir, supuestamente por el bien del país -, en España se viola la Ley para someter a marcaje, no a los terroristas que atentan contra la convivencia, no a los nacionalistas que buscan destruir el estado, no a los grupos violentos que no respetan la libertad de expresión en la aulas universitarias, no a los piratas que secuestran españoles, no a los políticos corruptos que saquean las arcas del estado, no a los asesinos del 11-M... sino que a quien se persigue, se espía, se coacciona o se intenta manipular es, precisamente, a aquellos que luchan porque no se vulnere la Constitución; a aquellos que piden que se respete el derecho de las víctimas a la Memoria, la Dignidad, la Justicia y la Verdad; a aquellos que tratan de que la Nación no se cuestione ni se cuartee.

El que los servidores del Estado - como en la época de Hoover - cometan delitos para tratar de neutralizar a quienes son considerados una amenaza para el Estado resulta deleznable y repugnante. Pero ¿qué calificativo podemos emplear para aquellos servidores del Estado que - como en España - cometen delitos para ayudar, directa o indirectamente, a quienes buscan precisamente destruir el Estado?