El Mundo
RADIOGRAFÍA DE LA ECONOMÍA
Pregunta.- El paro subió en 2010 en más de 370.000 personas. Ya hay casi 4.700.000 parados, la cifra más alta de la Historia. ¿Cree que este dato echa por tierra los esfuerzos y el optimismo del Gobierno?
Respuesta.- Me temo que las declaraciones del Gobierno y la realidad son incompatibles. Los datos de la EPA son estremecedores, son la prueba de cargo contra la política de Zapatero. En los próximos años, no puede haber más prioridad ni más objetivo que la creación de empleo.
P.- El Fondo Monetario Internacional prevé para este año un crecimiento de la economía española del 0,6%. El Gobierno estima que será del 1,3%. ¿A quién cree usted: al FMI o al Gobierno?
R.- Las previsiones son previsiones. Pero es preocupante que el FMI rebaje su propia previsión sobre el crecimiento en España porque lo hace al mismo tiempo que revisa al alza la estimación del resto del mundo.
P.- Si se cumple la previsión del FMI, significaría que el paro, que el propio Gobierno sitúa en un 20%, sería superior a esa cifra.
R.- La opinión del Gobierno es que se reducirá el paro, pero muy levemente. Prevé, aproximadamente, 100.000 puestos de trabajo. En efecto, eso sería con un crecimiento del 1,3%. Pero las previsiones del Gobierno son muy discutibles.
P.- Usted no cree que se vayan a cumplir.
R.- El consenso de todo el mundo es que el PIB crezca en 2011 entre el 0,5% y el 1%. Probablemente estemos cerca del 1%. Pero tiene poco sentido que yo dé una previsión. Me gustaría que creciera más de lo que dice el consenso de los expertos.
P.- ¿Cree que hay alguna posibilidad de que el presidente del Gobierno recupere su credibilidad?
R.- Lo veo francamente difícil porque el presidente se equivocó en el diagnóstico y en las medidas. Durante mucho tiempo nos dijo que no había crisis económica, luego nos dijo que éramos los que estábamos mejor preparados, luego nos dijo que saldríamos de la crisis antes que nadie, durante mucho tiempo habló de brotes verdes... Por tanto, se equivocó. Llegó incluso a afirmar, cuando todo el mundo estaba haciendo sus deberes y saneando su sistema financiero, que España tenía el mejor sistema financiero del mundo y que eso no nos afectaba. Fíjese ahora cuáles son las consecuencias. Luego se equivocó en las medidas: aumentó el déficit público, en contra de nuestra opinión, de una manera verdaderamente notable hasta superar el 10% sobre el PIB. El crecimiento de la deuda pública ha sido espectacular. Durante mucho tiempo, no hizo reformas. Después planteó reformas, y ahora plantea reformas sobre las reformas.
P.- ¿No cree que ahora el presidente es más creíble que hace un año?
R.- La confianza se pierde en poco tiempo y cuesta muchísimo recuperarla. En este momento, el presidente tiene sobre la mesa dos asuntos, la reforma del mercado laboral y la del sistema financiero, que son las reformas de las reformas. Es una autoconfesión de incapacidad.
P.- El presidente dice que habla mucho con usted, que tiene buena relación con usted. ¿Eso se nota en las medidas de política económica?
R.- Que la gente hable es bueno. Que haya diálogo es bueno. Pero mi posición no ha cambiado. Sólo apoyaré todo aquello que crea que va a ser bueno para los intereses generales de los españoles.
P.- ¿Cree que Zapatero es un lastre para la economía española?
R.- Mantengo que el principal problema para recuperar la confianza en España es el Gobierno y su presidente. Cuando nuestras empresas acuden a financiarse fuera y les sale muy caro, no es por el problema de nuestros grandes bancos, es porque hay desconfianza, pero no en España, sino en su Gobierno.
P.- ¿Hay riesgo de que España sea intervenida como Grecia o como Irlanda?
R.- Tengo la convicción y la esperanza de que no sea así. Creo que España no va a ser intervenida. El Gobierno ha tenido que tomar muchas decisiones por presiones de fuera. Zapatero no actúa por convicciones propias, sino por presiones ajenas, lo cual es muy grave. Pero, en cualquier caso, España es un país con unos enormes fundamentos, ha acreditado capacidad para crecer, ha acreditado capacidad para tener un déficit público equilibrado, una deuda pública razonable... las empresas españolas son muy potentes, hay trabajadores cualificados. España es un gran país. La desconfianza no la genera España, la genera su Gobierno.
P.- ¿Cree que España necesitará alguna línea de crédito especial del FMI?
R.- Espero que no sea necesario y que España pueda financiarse como lo ha hecho siempre.
P.- El ex presidente Aznar ha dicho que España está intervenida de hecho. ¿Usted está de acuerdo?
R.- El problema es lo que signifiquen las palabras. Si me dice usted que España está intervenida como Grecia o Irlanda, es evidente que no, y Aznar no quiso decir eso. Ahora, si me dice usted que el Gobierno actúa por presiones de fuera, yo le digo que sí. El día 5 de mayo del pasado año, me reuní con el presidente Zapatero, le advertí de que había que reducir el déficit público, me dijo que no y luego, el 7 de mayo, viernes, y el 9 de mayo, domingo, en dos reuniones de jefes de Estado y de Gobierno y del Ecofin se le impusieron a España determinadas obligaciones. Por eso, el día 12, el señor Rodríguez Zapatero compareció en las Cortes y, sin decirle nada a nadie, anunció un recorte muy considerable del gasto público. Es la demostración palmaria de que el Gobierno actúa porque desde fuera se le hacen indicaciones.
P.- El presidente Zapatero dice que España, para recuperar un ritmo de creación de empleo similar al que tenía antes de la crisis, necesita cinco años de reformas. ¿Si usted ganara las elecciones, ese plazo sería más reducido?
R.- No tengo la más mínima duda.
P.- ¿En cuantos años cree usted que la economía española volvería a crecer sólidamente si ganara las elecciones?
R.- Pues es difícil que se pueda decir. Pero yo recuerdo que en el año 1996 había un 22% de paro, tuvimos que tomar medidas y, sobre todo, fuimos capaces de generar confianza y, a partir de ahí, crecimos.
P.- ¿Si ganara las elecciones en 2012, con un Gobierno presidido por usted, digamos que en 2014, España podría volver a crecer sólidamente y a crear empleo?
R.- Ese sería el objetivo. Estoy absolutamente convencido de que se podría conseguir. En dos años podemos arreglar la economía.
LAS REFORMAS
P.- La ministra Salgado presentó esta semana su propuesta de reforma del sistema financiero y estimó en 20.000 millones de euros las necesidades de capital del sistema. ¿Cree usted que esta cifra es adecuada, responde a la situación real de bancos y cajas?
R.- Eso quien debe de saberlo es el Banco de España, y a mí no me lo ha comunicado. Ni a mí, ni al conjunto de la opinión pública. Lo que sí parece es que los mercados no se lo han creído.
P.- ¿Y usted se lo cree?
R.- A mí me gustaría que el Banco de España me explicara por qué son 20.000 y no son las cifras que manejan otros. Una de las cosas que necesitamos, la más importante, es transparencia.
P.- Se refiere a transparencia con ustedes también.
R.- Sí, si, transparencia con todos.
P.- Las cajas que necesiten dinero público para sanearse tendrán consejeros nombrados por el Gobierno. Eso supone una nacionalización, ¿está usted de acuerdo?
R.- Lo que está haciendo el Gobierno no es acertado. Me gustaría explicar cuál es mi posición. Lo dije ya en una conferencia que pronuncié en Madrid en julio de 2010 y es lo que propongo también ahora. En primer lugar, la normativa contable y la regulación deben lograr que las entidades valoren adecuadamente sus activos. Éste es el principal problema de la banca en todo el mundo y España no es una excepción. De poco sirve recapitalizar las entidades y reestructurarlas si no se reconocen las pérdidas latentes que hay en el balance. Por tanto mi posición es: primero, transparencia; después, saneamiento y, finalmente, recapitalización. Eso es lo que atraería capital privado. Por mucho que uno aumente el capital, si hay dudas sobre la valoración de los activos estaremos en la misma situación.
P.- Insisto en la pregunta, ¿usted cree que es una bueno que el Estado entre en las cajas de ahorro?
R.- Con la propuesta que hago podría haber inversores privados y, por tanto, no tendríamos que llegar a esa situación. Si hubiera que hacerlo, tendría que ser en situación límite y por un mínimo periodo de tiempo. Con la propuesta del Gobierno, las posibilidades de que se produzca son mayores, porque ¿qué inversor privado va a comprar ahora acciones de una caja si tiene dudas sobre su situación real? Nadie va a comprar, salvo que el precio sea irrisorio.
P.- ¿Usted ve alguna operación política?
R.- No, no quiero plantearme esa posibilidad.
P.- ¿Usted cree que tenemos un sistema financiero sólido?
R.- Tenemos un sistema financiero con grandes entidades, pero también hay entidades en dificultades. De hecho, lo más positivo del anuncio que ha hecho el Gobierno ahora es que, por fin, reconoce que hay un problema de verdad.
P.- ¿Ha pactado el Gobierno con usted esa propuesta?
R.- No, esa propuesta no se ha pactado con nosotros. Se nos ha remitido dos o tres días antes de ser anunciada, pero simplemente eso.
P.- Se les mandó, pero no se les dio opción a negociar...
R.- No, no, no, a nada. No se ha negociado nada con nosotros, ni con las cajas de ahorro.
P.- ¿No hay alguna posibilidad de modificarla...?
R.- Espero que no esté cerrada. Le voy a contar algo que es sumamente importante. Hay algunas cajas que han hecho un plan, de acuerdo con el Banco de España, hace muy poco tiempo. Esas entidades han saneado sus activos y eso les ha supuesto una bajada de capital. Ahora se encuentran con que el Gobierno les exige una subida de capital. Si no hubieran saneado sus activos, estarían por encima del 8% de capital, pero con los activos sin sanear. Como han saneado sus activos tienen un capital del seis y pico, aunque con activos saneados. No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido.
P.- ¿Cree que el gobernador del Banco de España ha actuado con diligencia?
R.- No voy a criticar al gobernador. Pero sí recuerdo una cosa: por primera vez, ni el gobernador ni el subgobernador se han nombrado por consenso.
P.- No ha habido diálogo con el gobernador...
R.- Sí ha habido diálogo.
P.- Pero ha servido de poco...
R.- Bueno, una cosa es que haya diálogo y otra es que cada uno vea las cosas de una manera.
P.- Hablemos de la reforma de las pensiones. El Consejo de Ministros ha aprobado el retraso de la jubilación a los 67 años. Los que hayan cotizado 38,5 años podrán jubilarse a los 65. La medida cuenta con el respaldo de los sindicatos. ¿Apoya usted esa medida?
R.- Hay cosas que veo positivas. Nuestra disposición es favorable al acuerdo y espero que nos permitan aportar nuestras propuestas para mejorarla. En los tres últimos años, el número de pensionistas ha subido más del 5% y el número de cotizantes ha bajado más del 8%. Ese es un problema. El año pasado mantuvimos un cierto superávit porque utilizamos los intereses del fondo de reserva. El primer problema para tener un buen sistema de pensiones es que haya gente trabajando y cotizando. Segundo, se dice que en España la gente se jubila a los 65 años. En el año 2009, que es el último dato del Ministerio de Trabajo, se incorporaron al sistema de perceptores de jubilación 190.000 personas, de las cuales sólo 90.000 tenían 65 o más años. Es decir, menos del 50%. Más del 20%, 40.000 personas, tenían 60 años o menos. Luego la prioridad es que si decimos que la gente se jubile a los 65, efectivamente se jubile a los 65.
P.- El Gobierno, la patronal y los sindicatos están negociando la reforma de la negociación colectiva, ¿usted cree que deberían desaparecer los convenios provinciales?
R.- Cuando se hizo la reforma del mercado laboral, nosotros planteamos 71 enmiendas. Dijimos, oiga, aquí falta lo más importante, la negociación colectiva. No se puede condenar a las empresas a una política laboral de talla única. Creo que debe haber convenios a nivel nacional que tengan en cuenta las necesidades generales de la economía nacional, y luego hay que ir a convenios de empresas. Esa reforma me parece muy importante y, si se hubiera producido, a lo mejor se hubiera evitado que se perdieran muchos puestos de trabajo.
P.- ¿Cómo ve usted la rectificación del Gobierno sobre el despido objetivo de 20 días?
R.- Es una rectificación más. Lo más importante es la claridad. Soy partidario de que ese despido se pueda aplicar a las empresas en pérdidas o a las que demuestren que no serían viables si no se aplica esa medida.
LAS PROPUESTAS
P.- Vamos ahora al terreno de las propuestas. Usted ha defendido la austeridad en el gasto. Pero, después de los recortes que ha hecho este Gobierno, ¿hay margen para meter más tijera?
R.- La primera prioridad de España es el crecimiento y el empleo. Si hay crecimiento, podríamos ahorrar mucho de la partida de gasto. Por ejemplo, de la del paro, que supone 30.000 millones al año. Todo el mundo tiene buenas intenciones y todos queremos un seguro mejor, mejores pensiones y mejor Sanidad. Pero las buenas intenciones hay que llevarlas a la práctica y convertirlas en crecimiento y empleo. Eso es lo que no supo hacer este Gobierno.
P.- De acuerdo, pero esas son las generales de la ley. Le insisto, ¿hay margen para recortar gastos sin rebajar servicios sociales?
R.- Sí, sí, hay margen. En España, según unos datos que publicó no hace mucho tiempo la Intervención General del Estado, hay casi 4.000 empresas públicas y entes públicos. Fíjese si ahí hay margen. También sobran asesores y personal de confianza en todas las administraciones.
P.- ¿Lo ha cuantificado usted?
R.- No, es muy difícil de cuantificar. Hay quien dice que eso es el chocolate del loro, pero a lo mejor hay que acabar con el chocolate de todos los loros. Y, sobre todo, hay que hacer una cosa que hemos propuesto, se ha debatido esta semana y nos han dicho que no: hay que modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y volver a una ley como la que teníamos nosotros, de déficit cero. Hay que fijar a todas las administraciones, a todas, techos de endeudamiento y techos de gasto. Además, hay que reducir a la mínima expresión las subvenciones nominativas. Las subvenciones deben ser pocas y dedicadas a la mejora de la actividad productiva y a inversiones en I+D+I. Hay un sinfín de empresas públicas que se endeudan extrapresupuestariamente. Hay que acabar con eso.
P.- ¿Si usted llega al Gobierno dará instrucciones a las comunidades autónomas en las que gobierna su partido para que prescindan de las televisiones autonómicas?
R.- Les daré la autorización para que pueda haber una gestión privada. Para eso hay que modificar la ley. Daré esa autorización.
P.- Y usted modificará la ley.
R.- Sí, sí, modificaré la ley. No le quepa la menor duda.
P.- Usted ha propuesto eliminar las duplicidades entre las administraciones central, autonómica y municipal, ¿cómo piensa hacerlo?
R.- El estado de las autonomías tal y como está diseñado en la Constitución debe mantenerse...
No modificaría para nada la Constitución en relación a las autonomías. El Estado tiene una serie de funciones que deben reservarse (política exterior, defensa, seguridad, política económica...) Las comunidades autónomas deben tener como función capital la gestión de los grandes servicios públicos. Ahora, qué haría yo. Primero: Ley de Estabilidad Presupuestaria e ir a por el déficit cero, en el Estado y en las comunidades autónomas. Segundo: unidad de mercado. Para los emprendedores, éste es un tema prioritario. Usted no puede tener 17 normas distintas en temas tan importantes como medio ambiente, grandes superficies, transportes, horarios... Tercero, el asunto al que usted se refería: eliminar muchas duplicidades administrativas. No tiene sentido que haya una agencia de alquiler del Estado, otra agencia de alquiler del ayuntamiento y otra de la comunidad autónoma. Cuarto: garantizar la igualdad de los españoles. No puede haber en una comunidad derecho a una prestación sanitaria concreta y en otra comunidad, que no exista el derecho a esa prestación sanitaria. Pero la clave es la reducción del enorme aparato administrativo.
P.- ¿Usted impedirá que las comunidades que no cumplan esos requisitos se endeuden?
R.- Nunca se puede poner a las comunidades en una situación imposible. Pero, desde luego, si se saltan unas normas que son iguales para todos, sí que lo haría. El déficit excesivo tiene que tener sus consecuencias. Habría que ser enormemente estricto a la hora de autorizar el endeudamiento.
P.- ¿Usted cambiaría el sistema de financiación que rige actualmente para las comunidades autónomas?
R.- Haría algunos retoques muy concretos, pero no se le puede dar la vuelta a todo.
P.- ¿Cambiaría la financiación para Cataluña?
R.- Si lo que se me plantea es el concierto económico, un régimen fiscal distinto, no lo haría.
P.- ¿Las decisiones sobre financiación se adoptarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?
R.- El Consejo de Política Fiscal tiene que seguir manteniendo sus funciones como hasta hoy.
P.- ¿Usted cree razonable que haya comunidades autónomas con su servicio exterior, con sus embajadas, por ejemplo?
R.- No. Yo soy partidario de que eso no sea así.
P.- ¿Es usted partidario de que las comunidades autónomas tengan su defensor del pueblo?
R.- Eso lo establecen sus estatutos. Yo le puedo decir que cuando fui vicepresidente de la Xunta de Galicia no creé la figura de defensor del pueblo. Ahora, mi opinión es que no hace ninguna falta que haya 17 defensores del pueblo en España.
P.- Hay ayuntamientos que no tienen dinero ni para pagar la nómina. ¿Cuál es la solución?
R.- Los ayuntamientos tienen que hacer como el resto de las administraciones, una política muy austera. Pero, a continuación, quiero decir que la deuda de los ayuntamientos es mínima comparada con la administración central. Se habla del Ayuntamiento de Madrid, pero sólo se ha endeudado para hacer grandes obras de infraestructura y, además, paga puntualmente sus créditos. Los ayuntamientos tienen una dificultad adicional, que son la institución más cercana al ciudadano. Por tanto, las comunidades deberían hacer un esfuerzo para transferirles algunas de sus competencias y recursos.
P.- Póngame un ejemplo...
R.- Servicios sociales. No tiene sentido que haya un Ministerio de Asuntos Sociales y que, además, haya consejerías de servicios sociales en todas las autonomías y, además, concejalías de servicios sociales. Ésa era una labor que debería ser, sobre todo en los grandes municipios, municipal.
P.- Una de las fuentes más importantes de gasto es la Sanidad ¿Usted sería partidario del copago?
R.- Mi posición hoy es que no hay que establecer el copago sanitario. Se puede reducir mucho gasto en medicamentos, que es prácticamente el 30% de la factura sanitaria, pero creo que España debe mantener su sistema del bienestar.
P.- ¿Rebajaría usted el IVA?
R.- Yo no lo hubiera subido. Pero lo que haría ahora es que sólo se pagara una vez que se hubiese ingresado la factura. Desde luego el IVA del sector turístico lo bajaría al 4%, porque es un sector capital para España.
P.- ¿Y el Impuesto de Sociedades lo rebajaría?
R.- Mi prioridad en materia fiscal es ayudar a todos aquellos que creen empleo. Por consiguiente, rebajaría el impuesto de sociedades cinco puntos, rebajaría los módulos...
P.- ¿Para todas las empresas?
R.- No, a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.
P.- ¿Y las cotizaciones a la Seguridad Social?
R.- Bajaría selectivamente algunas cotizaciones sociales, por ejemplo en el caso de empleo juvenil. La prioridad es el empleo.
P.- ¿Qué medidas, al margen de las fiscales, adoptaría para que las empresas pudieran crear empleo?
R.- La primera: generaría confianza. Presentaré en las Cortes un plan a cuatro años para que tenga un amplio apoyo parlamentario. Le diría la verdad a la gente. No improvisaría, ni rectificaría las medidas tomadas el día anterior.
P.- ¿Modificaría el Impuesto sobre la Renta?
R.- Hoy no es la prioridad, aunque, en cuanto pudiera, reduciría los impuestos al ahorro que ha elevado el Partido Socialista.
P.- ¿Recuperaría la desgravación para compra de vivienda?
R.- No le quepa la más mínima duda, pero ni la más mínima duda.
P.- Hablemos de la política energética. ¿Usted alargaría la vida útil de las centrales nucleares que cuenten con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear?
R.- Sí. Siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear afirme que cumplen las condiciones de seguridad, sí. Yo quiero que no se cierre Garoña. No la cerraré si llego al Gobierno.
P.- ¿La política nuclear será una prioridad de su Gobierno?
R.- En España lo que tenemos que hacer es usar todas las fuentes de energía que tenemos de forma razonable. Las centrales nucleares no están para cerrarse, sino para usarse. Además, la energía nuclear es bastante más barata que otras fuentes de energía, y en todo el mundo se trabaja en esa dirección.
P.- ¿Cree que sería necesario construir alguna central más?
R.- Creo que se podría aumentar la vida útil de algunas de las que ya están en funcionamiento. Aunque le digo que lo prioritario hoy es utilizar todas las fuentes de energía que tenemos, cosa que no estamos haciendo, como ocurre, por ejemplo, con las centrales de gas.
P.- ¿Usted cambiaría la política de subvenciones y ayudas a las energías renovables que cuesta 6.000 millones al año?
R.- Ya somos el cuarto país de Europa en el que la energía es más cara y tenemos un déficit tarifario monumental. En materia de energía lo primero es no hacer demagogia. Ahora hay unas reglas de juego que ha fijado el Gobierno y con arreglo a esas reglas de juego mucha gente ha invertido. Hay que hacer un esfuerzo para que el costo de las energías renovables no sea el que es y hay que hablar y dialogar con el sector. La culpa de todo esto no la tienen los que invirtieron ahí, o incluso los que especularon, la culpa es del Gobierno, que hizo mucha demagogia con este asunto.
P.- ¿Usted ve razonable que se recorten esas ayudas?
R.- Veo razonable diseñar un modelo global en el que las ayudas, si son necesarias, se adecuen a las inversiones realizadas.
P.- ¿Es usted partidario de dar algún tipo de subsidio a los parados de larga duración que no tienen prestación por desempleo?
R.- Es una competencia de las comunidades autónomas.
P.- Pero, ¿está usted de acuerdo?
R.- Sí, hombre, yo con lo que no puedo estar de acuerdo es con dejar morir a nadie de hambre. Eso no lo voy a hacer.
P.- Hay casi un 44% de paro juvenil. ¿Qué mensaje les da usted a esos jóvenes?
R.- Sé que la situación es terrible por la falta de horizonte, pero las cosas van a cambiar pronto. El mensaje es: no te rindas nunca. A los 20 años puedes caerte, puedes levantarte, puedes volver a caerte y puedes levantarte. No te rindas nunca, confía más en ti que en el ministro, en este caso ministra, de Economía que hay ahora.
P.- ¿Un Gobierno de izquierdas es mejor para las políticas sociales que uno de centro derecha?
R.- Absolutamente no. Pero, en política, no bastan las buenas intenciones. Quien mejor política social puede hacer es quien mejor gestiona la economía. Se ha demostrado que hemos sido nosotros.
P.- ¿Cuál sería su política respecto a la inmigración?
R.- Primero, una política europea común. Yo creo en Europa y creo en una política de inmigración común, en un espacio donde hay libre circulación de capitales, mercancías y personas, la política inmigratoria tiene que ser común. En segundo lugar, hay que cumplir la ley. Y, en tercer lugar, yo insisto en mi propuesta del contrato de integración. Quien venga a España debe firmar un contrato en el que asuma una serie de compromisos para tener los mismos derechos que tienen los españoles, la misma sanidad, la misma educación y los mismos servicios sociales. Pero lo que es capital es que asuma que está en un país que tiene unas normas, una Constitución. Esas normas responden a una historia, a unos valores y a unos principios que tiene que aceptar.
P.- Es decir, en ese contrato de integración los inmigrantes se tendrían que comprometer a respetar y aceptar la Constitución española.
R.- Aceptar la Constitución, las leyes, a hablar nuestro idioma, a adaptarse a nuestras normas...
P.- ¿Tiene usted claro cuál va a ser su equipo económico?
R.- Sí, y además le digo otra cosa: tengo la fortuna de que hay gente buenísima.
P.- ¿Esa gente está en la dirección del partido?
R.- Alguna sí y otra no. El único criterio que tengo para formar Gobierno es poner a los mejores.
La cercanía geográfica de Túnez facilitó el contagio de la ira popular. Argelia fue el primer país que tuvo que reprimir las pequeñas réplicas a las manifestaciones de su vecino, con concentraciones ciudadanas. El aumento de precios del país magrebí sublevó a pequeños grupos imitadores de los tunecinos, y la Policía tuvo que sofocar revueltas en las que murieron una veintena de personas. Varios hombres se quemaron a lo bonzo y se vivieron escenas de enfrentamiento en Argel
En Jordania se ha hecho realidad uno de los mayores temores de la zona: los islamistas se han alzado en líderes de las protestas, desposeyendo a las revueltas del componente ciudadano que tuvieron en Túnez. La semana pasada, más de 3.000 personas salieron a la calle en Ammán proclamando la necesidad de un cambio. Este domingo las protestas se repitieron, esta vez frente a las oficinas del primer ministro Samir Rifai. Los gritos exigiendo su dimisión se mezclaban con las acusaciones de corrupción: "nuestro Gobierno son un puñado de ladrones", proclamaban.
La teocracia saudita ha vivido sus primeras manifestaciones callejeras. La sólida represión islamista del rey Abdalá ha evitado que en otras ocasiones los ciudadanos se congregaran como protesta, pero ha sido distinto en esta ocasión. Con el monarca fuera del país –en Marruecos, recuperándose de una intervención- sus órdenes no fueron suficientes para evitar las réplicas a Túnez. El pasado viernes, Yeda fue escenario de protestas callejeras convocadas a través de Internet, elemento posibilitador de muchas de las concentraciones de esta ola revolucionaria en el mundo árabe.
Como y
En el país más pobre del mundo árabe, el descontento cristalizó en una manifestación de más de 16.000 personas el pasado jueves. Las proclamas dejaban claro que no era suficiente con un lavado de cara del régimen, y pedían la destitución de Ali Abdalá Saleh. A pesar de todo, el primer ministro Mamad Mujawar aún se resiste a aplacar la ira ciudadana con bajadas de precios, y ha escogido ignorar la ola de revoluciones.
Gadafi no ha titubeado al dar su apoyo al derrocado Ben Alí, pero el paso de los días y el transcurso de los acontecimientos han suavizado sus manifestaciones. Tanto es así, que ha abolido los impuestos sobre el arroz, el azúcar o las papillas, para sofocar la ira provocada por el incremento del precio de los alimentos. Se trata de un parche, aunque no de un síntoma de debilidad: Libia es el país con menos papeletas para perpetuar la revolución.
