Un imputado por genocidio en España, en el séquito recibido ayer por Interior

A. ROMERO / M. MARRACO / Madrid

Benslimane, jefe de la gendarmería marroquí, no fue detenido pese a que también lo reclama un juez francés por la muerte de Ben Barka

El séquito marroquí al que recibió ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, incluía al general Hosni Benslimane, imputado por el genocidio saharaui en la Audiencia Nacional y contra el que un juez francés dictó orden de detención por el asesinato en París del opositor Ben Barka, en 1965.

El septuagenario general, emparentado con la familia real marroquí, ocupa el cargo de comandante en jefe de los gendarmes desde 1972, tras el golpe de Estado fallido contra el rey Hasán II.Su nombre no sólo está a la cabeza de la gendarmería marroquí. En España, Benslimane es el primero de la lista de 13 imputados por el presunto genocidio saharaui que investiga la Audiencia Nacional. En un auto dictado el 29 de diciembre de 2007, Baltasar Garzón le describía como «el superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en el año 1976». En 2005, el Gobierno le condecoró con la Gran Cruz de la orden de Isabel la Católica.Sigue en página 6

Benslimane fue uno de los miembros del séquito del ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, recibido por el vicepresidente Rubalcaba. Pese a su condición de imputado por España y buscado por Francia, el alto mando marroquí pasó por Madrid sin que se ejecutara la orden de detención gala ni fuera conducido a la Audiencia Nacional para declarar.

Tras la suspensión de Garzón, el juez responsable de la investigación sobre el genocidio saharaui es Pablo Ruz, al margen de lo que suceda con la nueva querella presentada ayer sobre los recientes sucesos de El Aaiún.

En el auto dictado en 2007, además de abrir la investigación, Garzón ordenaba que se notificase a los imputados el contenido de la querella. En su escrito, los querellantes afirmaban que Benslimane era el «general de la Gendarmería Real al que Hasán II encomendó la modernización de la Gendarmería Real para poder controlar a las Fuerzas Armadas Reales».

Además de la campaña presuntamente genocida de Smara, el auto de Garzón imputa a Benslimane una desaparición concreta. «[Fue] entre otros, el causante de la desaparición de Mohamed Salem Uld Hamdi», dice el juez.

Los querellantes explican que Salem Uld Hamdi, que tenía DNI español, «fue secuestrado por la gendarmería marroquí en febrero de 1976 en Smara, y fue conducido directamente al cuartel militar en la misma ciudad». Añade que, «según testimonio de los que fueron detenidos con él y posteriormente liberados, fue trasladado a un lugar desconocido, y desde entonces se desconoce su paradero».

Fuentes jurídicas indican que la Audiencia Nacional no ha dictado orden de detención contra los 13 imputados en el presunto genocidio. Sí, en cambio, llegó a dictarse una orden de búsqueda y captura en toda la zona Schengen emitida en el otoño de 2007 por el juez instructor francés Patrick Ramaël. Desde entonces, Benslimane se abstiene de viajar a Francia. Tras dos años de espera, la orden de detención gala llegó a los ordenadores de Interpol, aunque también entonces hubo peticiones para que se suspendiera.

En 2001 Benslimane ya había formado parte de una lista de 44 personas acusadas por la Asociación Marroquí por los Derechos Humanos de practicar la tortura durante los llamados años de plomo de Hasán II. Pese a ello, cuatro años más tarde el Gobierno de José Luis Rodríguez le concedió la Gran Cruz de la orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores por sus méritos en la lucha contra el terrorismo. Además de presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, preside el Comité Nacional Olímpico.

La querella que ha conducido a la imputación de Benslimane se presentó en la Audiencia Nacional en septiembre de 2006 por parte de cuatro familiares de víctimas del genocidio, así como diversas organizaciones, entre ellas la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis y la Asociación pro Derechos Humanos de España. La Fiscalía respaldó su admisión a trámite considerando que los hechos detallados podían suponer «un delito de genocidio, establecido en el artículo 2 del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y un delito de torturas». Antes de admitir a trámite la querella, y a pesar de lo prolijo de la misma, Garzón exigió a los querellantes «una concreción mínima de hechos que se imputan a cada uno de los querellados y presunta participación de éstos con los hechos imputados». Así, la lista inicial de 34 querellados se quedó en 13 imputados. Ambas las encabezaba el general recibido ayer por Interior.. M. / Madrid