Marlaska constató negligencia de la Policía en el 'caso Faisán'

FERNANDO LÁZARO / Madrid/El Mundo

En un duro escrito al comisario general de Información, Telesforo Rubio, y a su 'número 2', les preguntó por la tardanza en notificarle el chivatazo y el retraso de 10 días en investigar al dueño del móvil usado para alertar de la redada a Elosua

Su escrito destila no sólo un fuerte malestar, sino una denuncia de lo que entiende que, cuando menos, es una actuación negligente. Y una actuación que perjudicó gravemente las investigaciones que se podían haber llevado a cabo en las primeras horas tras destaparse el chivatazo policial a ETA.

En apenas dos folios, el que fuera el primer instructor del sumario, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, puso negro sobre blanco las graves negligencias policiales que se produjeron los primeros días tras aquel 4 de mayo de 2006 en que se perpetró la delación al jefe de la trama de extorsión de ETA, Joseba Elosua. En el escrito, de siete puntos, pide explicaciones a los responsables de la Comisaría General de Información.

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El juez reclamó las explicaciones oportunas fundamentalmente al que, en aquellas fechas, era el comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas. También se dirigió con la misma finalidad a su superior, el comisario Telesforo Rubio.

La diligencia está fechada el 22 de mayo de 2006 y es una contestación a un escrito remitido ese mismo día por la Comisaría General de Información, en el que se le adjuntaba otro «escrito-informe» del 15 de mayo elaborado por el jefe accidental de la UCI, Cabanillas.

Grande-Marlaska fue tajante y claro: exigió que en un margen de 24 horas se le diera respuesta a siete cuestiones que suscitaban sus dudas sobre la actuación policial. Es decir, un trámite de urgencia.

El juez preguntó a los mandos policiales las razones por las que, «tal y como se reconoce en el informe, habiendo tenido ambos funcionarios públicos conocimiento de la filtración al menos desde el mediodía del viernes 5 de mayo de 2006, no se comunica en ninguna forma con este titular hasta el mediodía del lunes 8 de mayo, habiendo transcurrido 72 horas». El juez entendía que, «dada la gravedad de los hechos» [el chivatazo policial a ETA], era necesaria una actuación «inmediata». Y constataba que los mandos reprendidos disponían «tanto del teléfono profesional del instructor como de su móvil, más aún cuando en un hecho como el referido es imprescindible la actuación inmediata y el establecimiento de un protocolo de actuación urgente».

Pero no fue ésta la única recriminación del instructor inicial del caso Faisán a los mandos de Información. Reclamaba en el punto 2 del escrito que se le informara de «cómo incluso en el mediodía del día 8 de mayo, el comisario José Cabanillas únicamente se limita a personarse en este juzgado, acompañando una copia de la transcripción de audio del vehículo donde se observaba la filtración y sin ningún tipo de informe oficial en tal sentido ni protocolo de actuación ni diligencia a practicar, debiéndose exigir por este instructor que se pusiera oficialmente en conocimiento a la mayor brevedad posible».

El juez destapó las prisas que existían para investigar este caso y que la Policía parecía no haber detectado.

Asimismo, Grande-Marlaska pidió que se le informara de «por qué ese informe o protocolo lo es de fecha 15 de mayo, tal y como se infiere del informe que antecede, y no se hace llegar personalmente hasta el día de la fecha (22 de mayo), independientemente de que no haya existido comunicación personal». El juez se quejaba de que la Policía tardara una semana en remitirle los primeros informes sobre este caso, considerado por el instructor de la máxima importancia.

Además, Grande-Marlaska exigía a los mandos policiales que indicaran las razones «por las que el comisario jefe accidental pueda entender que las 16.30 horas del 4 de mayo, fecha en la que estaba preparada la operación [se refiere a la que se iba a llevar a cabo contra la trama de extorsión de ETA del bar Faisán y que se vio frustrada por el chivatazo], podía entenderse que era una hora intempestiva para llamar a este instructor, quien estaba pendiente en todo momento del desarrollo de las actuaciones; más aún, cómo pueden entenderse intempestivas las horas siguientes, cuando incluso se conoce posteriormente la filtración y no existe ninguna llamada, sino una visita al despacho transcurridas más de 72 horas». Y remata su malestar profundo: «Que se explique cómo una ceremonia tal como la imposición de condecoraciones tiene la preferencia ante hechos de esta significación».

Grande-Marlaska no entendía que no existiera un «protocolo de actuación para hechos similares», sobre el control inmediato de los teléfonos que pudieran estar afectados. Pero, no obstante, el magistrado transmitió su sorpresa por el hecho de que la Policía no hubiera ya intentado localizar en aquel momento al autor de la llamada. «Que se afirme por qué no se intentó localizar a este titular y, en caso de ser infructuoso, haberlo diligenciado y ponerlo en conocimiento inmediato del juzgado de guardia para actuar a la mayor diligencia». El juez denunciaba que la Policía esperó hasta el día 15 para poner en marcha una investigación, cuando ya el día 8 tenían todos los datos sobre la mesa.

Pero, además, en su última conclusión pide, en cuatro renglones demoledores, explicaciones a estos mandos policiales sobre cómo llegan a «determinadas conclusiones» [en las que apuntaban la posible implicación del agente que posteriormente investigó el chivatazo] «cuando no se ha practicado diligencia». Fernando Grande-Marlaska estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional cuando se produjo el chivatazo.

El magistrado, además de ordenar a Carlos G. y a su equipo de la Comisaría General de Información que se hicieran cargo de las pesquisas sobre la delación, también activó a un grupo de agentes de la Guardia Civil para que realizaran una investigación en paralelo.

Tras sus primeros pasos, todo el que conocía el caso tuvo claro que este magistrado no iba a parar y que pensaba tirar de la manta. Por este motivo, algunos idearon maniobras para tratar de paralizar a este juez en una investigación que se podía volver, en cualquier momento, políticamente peligrosa. Y le llegaron cantos de sirena, ofertas sobre una importante mejora profesional. Le ofertaron ocupar la plaza de juez de enlace en Londres, un puesto muy apetecible y ansiado por la profesión judicial.

Pero Grande-Marlaska no bajó la guardia y evitó siquiera contestar a la oferta que le llegó a través de compañeros de la carrera judicial. Siguió dando pedales y tratando de resolver uno de los mayores escándalos policiales de la legislatura. Pero el titular de la plaza, el magistrado Baltasar Garzón, aceleró su regreso a la Audiencia Nacional, su vuelta de Estados Unidos. Y nada más llegar se hizo cargo del sumario. Una de sus primeras decisiones fue poner fin a la participación de la Guardia Civil en las pesquisas. Todo el peso del caso quedó en manos del equipo policial dirigido por Carlos G. La instrucción judicial se llevó al ralentí. No obstante, el grupo de agentes de la Comisaría General de Información, que no debían dar datos a sus superiores por órdenes de los jueces instructores, continuaron realizando su investigación sobre los teléfonos que se utilizaron en la zona del bar Faisán en el momento en el que se presumía que se había producido el chivatazo.

Elevaron al juez varios informes sobre los análisis de los números de teléfono sospechosos. Y llegaron a conclusiones: que, entre otros mandos policiales, los presuntos autores del chivatazo pudieron ser el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, y un inspector que en aquellas fechas estaba destinado en Vitoria y se dedicaba a la lucha contra el terrorismo islamista. Pero el fiscal, en su informe, no consideró concluyentes los datos aportados por los agentes.

No obstante, la instrucción, que una vez suspendido Garzón quedó en manos del juez Pablo Ruz, no está concluida. El magistrado, que está estudiando de forma muy detallada todos los tomos de las investigaciones, está a la espera de un informe que puede resultar clave: las aportaciones de la juez francesa Laurence Le Vert. Y es que Francia se negó a realizar la actuación conjunta contra la trama de extorsión de ETA poco después de que se produjera el chivatazo. Y el juez le reclama desde hace meses que le explique por qué. Ese porqué puede desvelar una de las grandes incógnitas: ¿quién y cómo convenció a la magistrada francesa para que no realizara la operación?

Los protagonistas del escándalo

>Fernando Grande-Marlaska. Fue el primer instructor de la causa del chivatazo policial a la organización terrorista ETA. Estaba al frente de la operación contra la red de extorsión de los terroristas cuando surgió la delación del bar Faisán. El magistrado de la Audiencia Nacional pidió explicaciones a los responsables de la Comisaría General de Información por lo que entendió que fue un extraño retraso en comunicarle información sensible. Encargó las investigaciones al equipo de policías de Carlos G. y a otro de la Guardia Civil.

>Comisario accidental de la UCI. José Cabanillas, 'número dos' de Información, era a quien el inspector jefe Carlos G. reportaba las informaciones sobre la trama de extorsión. Comunicó a Grande-Marlaska el chivatazo tres días después de que se produjera. Remitió el 15 de mayo un informe al juez en el que lanzaba sombras de sospecha sobre Carlos G. y sus subordinados y dejaba entrever que podía tener algún interés en que no se concretara la operación contra el dueño del Faisán y presunto jefe de la trama, Joseba Elosua.

>Comisario de Información. Fue quien ordenó que se informara al juez de que en la baliza del coche de Elosua había quedado registrada una conversación de la que se desprendía que se había producido el chivatazo. El juez le sacó del caso por el retraso con que recibió los datos desde su comisaría. Rubalcaba le apartó de la Comisaría General de Información. Está destinado en Moscú, como enlace del Ministerio del Interior.

>Inspector jefe Carlos G. El agente 16.586 dirigía el grupo conjunto con Francia en las investigaciones sobre la trama de extorsión. Es el mando al que Marlaska le encargó la investigación sobre el chivatazo, pese a que sus superiores en la comisaría le habían colocado como uno de los sospechosos. En sus informes, apuntó como responsables de la delación al que fue director de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior del País Vasco y a un inspector de Vitoria.

FERNANDO LÁZARO / Madrid

El comisario jefe de la UCI señaló al investigador

Envió un informe en el que trató de desprestigiar a Carlos G.

Uno de los mandos policiales a los que el juez Grande-Marlaska tiró de las orejas por su gestión durante los primeros días tras el chivatazo policial a ETA elevó un informe al magistrado arremetiendo contra uno de sus agentes.

En dicho informe, elaborado el 15 de mayo de 2006 y entregado al juez una semana después, el 22 de mayo, el comisario accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas, arremetió contra el agente que dirigía la operación contra el entramado de extorsión de ETA, el entonces inspector jefe Carlos G.. Con este informe, compuesto de una docena de folios y que está incluido en el sumario, el comisario lanzaba sombras de sospecha y trataba de desprestigiar la labor que hasta ese momento había realizado Carlos G.. El juez, en su contestación, le reclamó datos que avalasen su tesis. Se preguntaba el juez cómo era posible que le remitieran un informe con conclusiones sobre los hechos «cuando no se ha practicado ninguna diligencia».

Y es que el informe remitido por Cabanillas apenas aportaba indicios sobre la mala gestión de Carlos G. en las investigaciones sobre la trama de extorsión. En el documento se trataba de desprestigiar preventivamente al agente. No obstante el juez Grande-Marlaska encargó precisamente a este inspector jefe las pesquisas sobre el chivatazo, además de a un equipo de agentes de la Guardia Civil.

En su escrito, Cabanillas acusaba a Carlos G. de ser «reticente en diversos momentos a la realización» de la operación contra el entramado de cobro del impuesto revolucionario, «argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de la tregua, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre».

Cabanillas indicaba en su escrito que «en el despacho del propio juez, tanto durante la mañana del día 3 de mayo como por la tarde, en presencia del magistrado de enlace francés, en diversos momentos, expresó que era un asunto 'muy gordo' y que el propio juez no iba a tener tiempo para leer el documento de análisis que presentó, contestándole el juez que no dudara de su capacidad».

Según el informe del jefe accidental de la UCI, «tras salir de la reunión con el juez y en presencia del conductor del comisario que suscribe, dijo que con esta operación tanto él como el comisario que ahora informa iban a salir 'crucificados' por las implicaciones políticas que conllevaba su realización».

Este mando acusaba también a Carlos G. de remitir al juzgado un oficio sin haberlo visado él, con lo que trataba de dar a entender que este mando de la Comisaría General de información funcionaba «por libre» y que toda su actuación en las investigaciones sobre la extorsión de ETA estaba bajo sospecha.

También resaltó la falta de entendimiento entre Carlos G. y el responsable del equipo de investigación francés con el que se había cerrado la operación del bar Faisán. Este comisario aseguraba que, cuando le preguntó a Carlos G. sobre el incidente, le contestó: «No lo llamaría una discusión, sino exposición de puntos de vista jurídicos sobre el delito flagrante». Esta discusión se produjo ante la negativa de Francia de actuar contra los sospechosos de integrar la trama de extorsión de ETA.

Cabanillas detalló en su informe del 15 de mayo que el 5 de ese mismo mes, al día siguiente del chivatazo, Carlos G. le dijo que le tenía que contar «algo muy grave», pero que tenía que ser en persona. «Le pedí que subiera al despacho. Me informó verbalmente de que en la baliza se había recogido» el chivatazo.

«Expresó que se sentía traicionado porque si desde la superioridad no se quería hacer nada, con habérselo dicho a él hubiera sido suficiente, y ya lo habría arreglado él evitando esa situación; igualmente afirmó que el día 4, cuando iba para el juzgado, se enteró de que ese día el presidente del Gobierno iba a recibir a Imaz y él ya se temió que algo iba a ocurrir para impedir el servicio».