La Fiscalía subordina la causa sobre el Sáhara a la investigación marroquí

MANUEL MARRACO / Madrid/El Mundo

Ve delitos de lesa humanidad, pero pide no admitir las querellas sin preguntar a Rabat

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que los recientes acontecimientos en El Aaiún encajan en varios delitos de lesa humanidad, pero deja en manos de Marruecos la decisión de abrir una investigación en la Audiencia Nacional.

Así se desprende del escrito remitido ayer por el Ministerio Público al juez Ismael Moreno, que ahora debe resolver si admite a trámite las dos querellas presentadas por hechos vinculados al desalojo del campamento Dignidad, el pasado 8 de noviembre.

La propuesta del fiscal Pedro Martínez Torrijos al magistrado es que, antes de pronunciarse, libre una comisión rogatoria preguntando a Marruecos si ya ha puesto en marcha una investigación, algo que cerraría la puerta a la jurisdicción española.

Y Marruecos ya ha abierto esa investigación, según comunicó su ministro del Interior a Alfredo Pérez Rubalcaba en su reciente visita a Madrid. Así lo transmitió expresamente el vicepresidente primero del Gobierno en la rueda de prensa posterior: «La Fiscalía [marroquí] ha abierto una investigación [...] Vamos a esperar a que termine para ver los resultados», dijo Rubalcaba, haciendo un resumen de la vía por que ahora parece discurrir la Fiscalía dirigida por Javier Zaragoza.

Otra cosa es que esa investigación sea, como exige la ley española y refleja el fiscal, «eficaz»; sobre todo teniendo en cuenta que uno de los querellados es el propio ministro que anunció la investigación, al que acompañan los de Exteriores y Defensa, además del gobernador de El Aaiún y un mando policial.

El principio de subsidiariedad -la Justicia del lugar del delito es preferente- es el único escollo para que España abra una investigación, Los otros dos requisitos se cumplen sobradamente: que los hechos encajen en un delito de persecución universal y que exista un vínculo con España.

Respecto al primer aspecto, el fiscal considera que, pese a su «imprecisión», las querellas describen delitos de lesa humanidad, recogidos en el artículo 607 bis del Código Penal. En este caso, relacionados con asesinatos, traslados forzosos y detenciones ilegales.

Martínez Torrijos, fiscal coordinador de las causas de jurisdicción universal, lo resume así: «La actuación policial se dirige contra un colectivo muy determinado, asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para ser considerado grupo nacional o étnico [...]. En segundo lugar, la operación policial, al menos aparentemente, no tiene otra finalidad que suprimir el asentamiento Gdeim Izik, Campamento de la Dignidad, sin que se aprecien otras motivaciones diferentes. En tercer lugar, se ha aportado un mínimo de prueba de las violaciones de los derechos humanos denunciadas».

En cuanto a la conexión española, resulta evidente, dado que Baby Handay Buyema -el saharaui fallecido en torno al cual gravitan las dos querellas- era de nacionalidad española. Es más, el fiscal apunta que «no es descartable la existencia de otras víctimas de nacionalidad española, sobre todo si atendemos a la especial relación del pueblo saharaui con la nación española». En este punto, el escrito añade un aspecto que podría apuntar a la insuficiencia de la investigación marroquí, al hacer referencia a «la falta de información sobre el número y la identidad de las víctimas».

Una rápida respuesta de Rabat explicando que ya investiga los hechos contrastaría con lo sucedido en la causa que mantiene imputados a 13 altos cargos marroquíes por el presunto genocidio saharaui. El juez Baltasar Garzón la abrió en 2007 y desde entonces Marruecos se ha negado a responder a las reiteradas peticiones de colaboración en la línea de la propuesta ahora por la Fiscalía.

Al margen de las precauciones que se hayan podido tomar en un asunto tan delicado, lo cierto es que la fórmula empleada por la Fiscalía ha sido la habitual en otros casos de jurisdicción universal: antes de pronunciarse sobre la jurisdicción española debe comprobarse si la jurisdicción preferente ya está en ello.

No ocurrió así en la querella ya admitida por genocidio. En esa ocasión el fiscal del caso respaldó la apertura inmediata de la investigación, sin esperar a que Marruecos informara sobre sus propias investigaciones.