El acusado fue sentenciado por dirigir una red de narcotráfico y coches robados, pero el Supremo anuló la pena por unas escuchas telefónicas ilegales
El arresto se produjo en 1998, tras una operación de venta de anfetaminas a 'narcos' franceses
¿Puede un ertzaina condenado a 12 años por dirigir una banda de narcotraficantes y ladrones internacionales de coches reincorporarse a la Policía vasca porque un tribunal le ha absuelto en segunda instancia por un defecto formal? Sí, cuando «la verdad material no coincide con la verdad jurídica». Es decir, cuando las decisiones de los jueces dejan libre a un acusado de narcotráfico, en cuya casa se encontraron armas y drogas, porque las escuchas telefónicas del caso no fueron legales. El consejo de la Ertzaintza estudia hoy el caso de un 'berroci' -uno de los agentes que formaron el nucleo fundacional de la Ertzaintza- al que en los informes policiales consideran un capo de la droga pero al que los jueces del Supremo anularon la condena por un defecto de forma. El Departamento de Interior planteará la decisión de expulsarle del Cuerpo pese a que no hay sentencias en su contra.
El caso se inició en junio de 1998. El Cuerpo Nacional de Policía, con mandato de la Audiencia Nacional, llevó a cabo una redada en diversos puntos de España para desmantelar una red de narcotraficantes compuesta, principalmente, por ertzainas y agentes de la propia Policía Nacional. Según la acusación judicial, uno de los máximos responsables de la red era un patrullero vasco destinado en Bilbao. El agente no sólo se dedicaba a la venta de estupefacientes, sino que se encargaba también de comprar coches robados en Francia, volver a matricularlos de forma ilegal y venderlos en la capital vizcaína.
La red no era una simple organización de 'camellos'. El día del arresto, el ertzaina acababa de organizar una venta de anfetaminas a 'narcos' franceses en Zaragoza por un valor de 100.000 euros. Al registrar su vivienda y un negocio de venta de vehículos, encontraron los datos falsos de decenas de automóviles robados en Francia que vendía de forma ilegal. La Audiencia Nacional le condenó en 1999 a 11 años de prisión por tráfico de drogas y a 1 año por receptación. En su poder se encontraron armas ilegales y estupefacientes. El grupo contaba con contactos en Colombia y Galicia, así como en la Costa del Sol, donde fueron detenidos algunos de los miembros de la trama delictiva. Manejaban alrededor de 7.000 permisos de circulación franceses robados en comisarías del país vecino.
Datos contaminados
El 'berroci' -al que el resto de traficantes apodaban 'el zipaio'- y el resto de condenados recurrieron ante el Supremo la sentencia. El alto tribunal decidió entonces absolver a todos los imputados al entender que parte de la investigación se basaba en unas escuchas telefónicas autorizadas por un juez sin estar suficientemente motivadas. El Supremo consideró que dado que esta intervención no era legal, el resto de los datos de la investigación ya estaban contaminados y por lo tanto no se podía condenar a ninguno de los imputados. En la misma sentencia absolutaria, notificada el pasado mes de febrero, se ordenaba destruir la droga incautada en la operación y deshacerse de las armas ilegales que guardaban los miembros de la trama.
Tras la absolución del Supremo, la unidad disciplinaria de la Ertzaintza se enfrentaba a un dilema. El agente tenía derecho a solicitar el reingreso en el Cuerpo, pero ello hubiera supuesto readmitir a un policía vasco con claras relaciones con el mundo del narcotráfico. Desde 1998, cuando ingresó en prisión, había estado apartado de la Ertzaintza.
Para evitar esta situación, el Departamento de Interior ha preparado un argumento jurídico complejo, con la intención de que se tengan en cuenta sus contactos evidentes con el narcotráfico y no la sentencia absolutoria.
Como resalta el propio expediente de Interior, que se valore «la verdad material y no la verdad jurídica». Para ello, los miembros de la unidad de Asuntos Internos ha realizado una investigación en la que han interrogado a los propios agentes del Cuerpo Nacional de Policía que dirigieron las pesquisas contra el 'berroci', quienes han considerado evidente su conexión con los clanes mafiosos. De la misma forma, se ha investigado su patrimonio, sin que se haya podido aclarar el origen de más de una treintena de automóviles -muchos de ellos de gama alta- que estaban a nombre de él o de su familia.
Asimismo, se le ha pedido que aclare cómo consiguió el dinero para pagar todos estos vehículos con un sueldo de cuatro millones anuales de las antiguas pesetas o cómo pudo pagar una fianza de cien millones de pesetas en 1998. Entre otros asuntos, se le acusa, además, de haber dañado la imagen de la Policía vasca. Otra de las imputaciones que existen contra él es el haber vulnerado el Estatuto al no cumplir los preceptos que en la Ley de Policía le obligan a perseguir el delito.
Los investigadores, en este caso, no han incluído ni una sola de las acusaciones que dependían de las escuchas anuladas. El caso se verá hoy en el consejo de la Ertzaintza, el órgano que, entre otras funciones, regula las sanciones disciplinarias en la Policía vasca.
Estos garbanzos negros, hay que echarlos fuera del saco, si no, corrompen a los demás.
ResponderEliminar