Las víctimas claman contra la negociación con ETA

LÁZARO / Madrid

Exigen al Congreso que incluya en la Ley la prohibición expresa de abrir procesos de diálogo con terroristas

Quieren que quede negro sobre blanco. Y que además se incluya en una ley que sea ratificada por el Parlamento. Quieren ponerle cerco a cualquier intento de diálogo, de negociación, de cesión ante los terroristas. Las asociaciones de víctimas fueron ayer tajantes. Durante sus comparecencias en el Congreso de los Diputados para valorar la futura Ley de Víctimas del Terrorismo, la reclamación fue expresa: incluir en el preámbulo de esta normativa una expresa prohibición a negociar con ETA.

Y la propuesta, lanzada desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, descolocó a los portavoces en la Comisión de Interior del Congreso; tanto que, después de la comparecencia, tuvieron que salir los responsables de los grupos del PP y del PSOE a pronunciarse. Una de ellas, la popular Soraya Sáez de Santamaría, aseguró que su formación «intentará trasladar» al texto final de la ley las peticiones de las víctimas.

Pero, por su parte, el portavoz socialista no fue tan claro y contundente, y se limitó a reiterar que «no hay ni va a haber la más mínima posibilidad de dialogar con ETA». El dirigente socialista sólo apuntó que en su momento el partido decidirá si atiende o no la propuesta de las víctimas. El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, consideró «discutible» y «cuestionable» la petición de las víctimas.

La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, y el de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, fueron los que lanzaron el reto a los parlamentarios. No solo exigieron que no se negocie con ETA, sino que reclamaron que se incluyera en el texto que jamás habrá un «precio político o económico», ya que consideran que jamás «el fin justifica los medios».

Diferentes asociaciones de víctimas comparecieron ayer en el Parlamento, en la Comisión de Justicia e Interior, para pronunciarse sobre el proyecto de Ley de Víctimas que se está aún tramitando.

Pedraza aseguró que la defensa de la dignidad de las víctimas va más allá de su reconocimiento y debe implicar «no hacer concesiones de ningún tipo a los terroristas». Reclamó que la exposición de motivos de la ley recoja expresamente la imposibilidad por parte de los gobiernos «del pago de cualquier tipo de precio, tanto económico como político, a los terroristas». «El fin nunca justifica los medios y cuando hablamos de negociar con terroristas menos aún», advirtió Pedraza.

Daniel Portero defendió que se incorpore en el preámbulo que las Cortes no volverán a aprobar ninguna resolución que permita emprender un proceso de negociación con terroristas. De hecho, la anterior autorización, aprobada durante el proceso que mantuvo Zapatero con ETA, aún no ha sido retirada.

Portero recordó los «lamentables acontecimientos» que provocaron la ruptura de la unidad política durante la pasada legislatura, además de la «incertidumbre y confrontación de los demócratas», y apuntó que todo ello debería llevar a un acto de reflexión de los representantes políticos que sirva para recuperar el espíritu de unidad y consenso que inspiró el Pacto Antiterrorista.

«El terrorismo es un problema de Estado que no debe ser objeto de confrontación entre partidos políticos ni entre colectivos de víctimas -enfatizó-, y las víctimas deben recuperar su importante papel en la derrota el terror, constituyéndose en auténticos referentes morales y en protagonistas de la movilización de la sociedad civil por las libertades y contra el terrorismo».

Repasó, además, los puntos concretos del borrador de la ley y propuso la creación de un Catálogo de la Indignidad a través del Abogado del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales que recoja todas las calles, parques o plazas con nombres de terroristas.