FERNANDO LÁZARO / Madrid
El varapalo es tremendo. El rejonazo judicial al Ejecutivo, histórico. En apenas 22 folios, la Justicia pone patas arriba la decisión del Gobierno de prohibir a los agentes de la Guardia Civil manifestarse. La Subdelegación del Gobierno en Madrid entendía que la protesta convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) tenía un «marcado carácter sindical». Prohibió la manifestación aduciendo que el propósito de la misma era «un acto público dirigido a afiliados, familiares y simpatizantes bajo el lema: 'Basta de abusos con los guardias civiles. Condiciones laborales y profesionales dignas, ya'».
Esta decisión provocó un gran rechazo por parte de los organizadores, tanto que, en una rueda de prensa, aseguraron sentirse tratados por el Gobierno peor que los terroristas. El Ministerio del Interior reaccionó abriéndoles un expediente disciplinario por falta muy grave.
Pero ahora, la Justicia ha dado la razón a los organizadores, ha avalado a AUGC y UO en su derecho a manifestarse. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aduce, citando sentencias del Tribunal Constitucional, que los guardias civiles tienen derecho de reunión y de libertad de expresión.
«Si existe esta relación instrumental entre el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión, y este último es expresamente reconocido a los guardias civiles en el artículo séptimo de la ley orgánica que regula sus derechos y deberes (...), no podemos sino reiterar que los guardias civiles son titulares de ambos derechos fundamentales», asegura el auto.
El TSJM afirma que la manifestación solo podría prohibirse si tuviera carácter político o sindical. Y aquí es donde el tribunal marca claramente la línea. Los magistrados firmantes consideran, también citando sentencias del Constitucional, que las actividades de las asociaciones de guardias civiles se enmarcan claramente en el marco de la defensa de su profesionalidad y no de actividades sindicales.
Y para remachar su decisión, los jueces citan la propia Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la Guardia Civil aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoce el asociacionismo profesional a los agentes. Es decir, el tribunal avala su decisión de permitir la manifestación de los agentes en la legislación aprobada por el mismo Gobierno que ahora la prohíbe.
Además, marca el criterio que muy probablemente, a partir de ahora, se seguirá para diferenciar lo que son convocatorias con marcado «carácter sindical y las que se enmarcan dentro de las reivindicaciones profesionales. No fija jurisprudencia, pero sí una línea futura de interpretación.
«Resulta por lo tanto evidente, a juicio de la sala, que profesional y sindical son dos realidades distintas, al menos a efectos de la normativa que examinamos», indica la sentencia.
El tribunal madrileño entiende que la prohibición «excede el límite legal, vulnera un derecho fundamental y ha de ser declarada nula de pleno derecho (...) procediendo reconocer el derecho de reunión -y manifestación- de los actores para la defensa y promoción de sus intereses profesionales».
Los jueces recuerdan que se han producido otras dos concentraciones convocadas por las mismas asociaciones que no fueron prohibidas por el Gobierno y que los medios de comunicación reflejaron que sus «eran puramente profesionales». Denuncia que la Administración no ha explicado las razones que le han llevado «a este cambio de criterio, algo que se escapa a este tribunal y que constituye un extremo esencial para posibilitar la revisión jurisdiccional de la decisión aquí impugnada».
Finaliza la sentencia: «A los efectos de la limitación del derecho de reunión de los guardias civiles, carecen de tal naturaleza [sindical] las de promoción de sus intereses profesionales en la medida en que las desenvuelven al margen de la actuación de cualquier organización sindical».
La satisfacción entre los organizadores es enorme porque consideran que el tribunal ha fijado «las reglas del juego» para el futuro.
Entienden que, además, será muy útil el texto judicial de cara a la defensa de los expedientes abiertos por Alfredo Pérez Rubalcaba contra los dirigentes de las asociaciones. Recuerdan que su convocatoria para mañana está viva. No se había paralizado en ningún momento pese a la prohibición. Únicamente se optó, de manera preventiva, por celebrarla en un recinto cerrado, en Rivas Vaciamadrid, ya que así no se necesitaba el visto bueno de la Administración. Finalmente, mañana se darán cita más de 10.000 agentes, familiares y simpatizantes de AUGC y UO en Madrid con el recorrido inicial previsto, que partirá a las 12 del mediodía de la glorieta del Presidente García Moreno y finalizará ante la Dirección General de la Guardia Civil.
Menos mal, que de vez en cuando se le ponen trabas al gobierno, aunque solamente sea en estos temas, esperemos que en otros de más envergadura, tomen la misma decisión acertada.
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