España necesita trabajadores... que trabajen

«ESTA CRISIS, la más grave de todas, ha dejado un desierto de parados sin parangón», recordó ayer Dominique Strauss-Kahn, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la inauguración de la Conferencia sobre el Empleo que se celebra en Oslo (Noruega) y en la que intervienen expertos y políticos de todo el mundo. En efecto, un informe del FMI y de la Organización Internacional del Trabajo presentado ayer cifraba en 30 millones el número de desempleados que ha generado la crisis en apenas tres años.

Y Strauss-Kahn seguro que pensaba en dos países: Estados Unidos y España, cuyas economías han provocado 10 de esos 30 millones de parados. Una situación mucho más preocupante en nuestro país, que soporta una tasa de desempleo superior al 20%, mientras que en EEUU no llega al 10%. Strauss-Kahn lamentó el aumento del paro juvenil -del 40% en España- y advirtió de que «si no se adoptan las políticas adecuadas -con nuevas recetas- para hacer frente a esta tragedia, el coste económico y social será tremendo porque hablaremos de una generación perdida».

Zapatero participó ayer en la conferencia de Oslo y seguro que tomó nota de las recomendaciones del FMI, pero habría que preguntarle si entendió bien lo de las «nuevas recetas». Porque el presidente del Gobierno apostó por una «visión distinta» de lo que se considera empleo y desempleo: «Hemos descubierto con la crisis -dijo- que una persona cuando está formándose está trabajando para un país», y por lo tanto no debe ser considerada parada. Entenderíamos, sin justificarlo de ningún modo, que este pensamiento del presidente fuera una estratagema para hacerse trampas en el solitario y reducir la tasa de paro sacando de las listas a todos los desempleados que acudan a cursos de formación. Porque la afirmación no resiste el más mínimo análisis económico. Para que una persona se considere empleada tiene que tener una ocupación, a ser posible remunerada y, sobre todo, tiene que producir algo, ya sean bienes o servicios.

Los estudiantes, mientras estudian, son una carga para el Estado y la sociedad, a la que devuelven lo que a ellos se ha destinado cuando se convierten en productivos. Llevando al límite esta doctrina Zapatero podríamos encontrarnos con un país sin parados pero que a la vez tampoco tuviera trabajadores que produjeran porque todos estarían formándose. España tiene que aumentar la tasa de actividad y la productividad; Zapatero proporciona la receta contraria para conseguirlo.

En un orden parecido podemos hablar de la situación de los liberados, empleados en empresas públicas y privadas que hacen del sindicalismo su profesión y dejan de trabajar, es decir de producir. Es valiente la decisión de Esperanza Aguirre que avanzaba ayer este periódico de cumplir la ley y prescindir de dos tercios de los liberados que trabajan en la Administración autonómica y hay que apoyar la iniciativa. Volvemos a lo mismo: España tiene un problema de productividad y, en este caso, tres veces más liberados que los que marca una legislación ya de por sí laxa en una administración pública son una absoluta rémora para Madrid y para el país porque no producen y generan costes añadidos, pues alguien tiene que hacer el trabajo que ellos no hacen. Hay que diferenciar entre la lógica tarea de defensa de los trabajadores en un organismo público o en la empresa privada y el abuso que puede suponer vivir del cuento sindical y a costa del que paga el salario. El PSOE y los sindicatos criticaron ayer con dureza los planes de Aguirre con el demagógico planteamiento de que suponen un ataque a los derechos de los trabajadores. Nadie está proponiendo tal ataque. Sólo se pretende que los puestos de trabajo los ocupen en España algunos de los muchos ciudadanos dispuestos a trabajar de verdad.