FERNANDO LÁZARO / Madrid
Pese a que una y otra vez el grupo parlamentario pregunta y pide datos, pese a la persistencia de su máxima responsable, Soraya Sáenz de Santamaría, el PP se choca contra un frontón de silencio por parte del Ejecutivo de Zapatero. Los populares insisten en reclamar por escrito datos e informes que permitan al Parlamento tratar de esclarecer las responsabilidades políticas en el caso del chivatazo policial en el bar Faisán, el 4 de mayo de 2006, cuando el Ejecutivo estaba en conversaciones con ETA.
Hasta ahora, la tesis que está sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional, basada en varios informes científicos sobre movimientos de llamadas, apuntan al que fuera director general de la Policía y actual dirigente del PSE, Víctor García Hidalgo, y a dos mandos policiales del País Vasco como los presuntos autores de la delación. De hecho, los tres continúan imputados en las pesquisas.
Pero el PP no quiere dejar de exprimir otras posibilidades y reclama que se aclaren también otras denuncias que se pusieron sobre la mesa y que cuestionaban claramente la actuación del ya comisario Carlos G. cuando estuvo al frente de las investigaciones sobre el chivatazo. En concreto, el diputado popular reclama al Ejecutivo un informe que la Dirección General de la Policía elaboró el 15 de mayo de 2006, apenas 11 días después del chivatazo.
En dicho informe, elaborado por un mando policial que entonces era superior del propio Carlos G., un comisario adscrito a la Comisaría General de Información, se lanzan serias sombras de sospecha sobre la actuación del propio investigador.
Como ya informó en su día este periódico, en el escrito policial el comisario aseguraba que Carlos G. era remiso a actuar contra el entramado de extorsión. Incluso, apuntó, que daba como razón para no actuar contra la trama dirigida por Joseba Elosúa que podía «perjudicar» el llamado proceso de paz. Y es que el chivatazo se produjo cuando el Gobierno estaba negociando con los terroristas. De hecho, se produjo la víspera de que Zapatero recibiera en el palacio de La Moncloa al entonces responsable del PNV, Josu Jon Imaz, que iba a trasladarle su pleno apoyo a los pasos dados por el Ejecutivo.
Este mando no fue el único que puso en duda el comportamiento de Carlos G. en las investigaciones. Otros datos hicieron que desde estamentos policiales se cuestionara su actuación. Un hecho fue clave para elevar estas sospechas: las cámaras instaladas en el bar Faisán y que vigilaban a Elosua no funcionaron justo en el momento en que se presume que se produjo el chivatazo.
Además, algunas fuentes sostienen que el comportamiento de la unidad dirigida por Carlos G. sobre la extorsión no fue precisamente profesional. Apuntan que en vísperas de llevar a cabo la actuación conjunta franco española contra esta trama, se relajaron los dispositivos de seguridad. En cualquier caso, algunas de estas denuncias se han aportado ante la Audiencia Nacional de forma verbal pero sin pruebas que avalen este mal funcionamiento.
Este sumario pone en evidencia a muchos de la kgb, que seguro ya han recibido sus premios.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba).