FERNANDO LÁZARO / Madrid
La juez francesa ultima los informes que pueden reactivar la investigación
El silencio judicial se puede romper de manera inminente y de forma atronadora. Será la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, el azote de ETA en el país vecino, la que puede arrojar luz a uno de los escándalos políticos más sonoros de la legislatura: el chivatazo policial a ETA.
Porque el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por el denominado caso Faisán desde 2006 está actualmente en sus manos. La juez debe enviar una comisión rogatoria solicitada por el Juzgado de Instrucción número 5 que puede arrojar luz sobre los hechos.
El chivatazo policial a ETA se produjo el 4 de mayo de 2006, en el bar Faisán de Irún. Inicialmente las pesquisas estuvieron en manos del magistrado Fernando Grande-Marlaska, que estaba al frente del juzgado mientras Garzón disfrutaba de su polémico permiso en Estados Unidos. Grande-Marlaska impulsó todo lo que pudo la investigación. Implicó en ella también a la Guardia Civil. Pero desde América regresó el titular del juzgado y la investigación quedó ralentizada y la Guardia Civil, apartada definitivamente.
La instrucción continuó de tal manera que actualmente sólo queda pendiente la contestación de la juez Le Vert, además de posibles peticiones posteriores de las partes personadas en la causa.
Se le habían pedido datos que permitieron avanzar en las razones por las que ella se negó a actuar contra la trama de extorsión etarra que giraba alrededor del bar Faisán y de su propietario, Joseba Elosúa. Porque lo que se logró con el chivatazo del Faisán fue bloquear una actuación coordinada entre la juez francesa y el magistrado Grande-Marlaska contra la estructura del cobro revolucionario de ETA a uno y otro lado de la frontera.
La juez se comprometió a contestar a la comisión rogatoria española «de forma urgente». Y en la Audiencia, el juez Pablo Ruz, actual titular del 5, espera los datos como agua de mayo.
La magistrada tiene que dar respuesta a una comisión rogatoria cursada el pasado 17 de febrero por Baltasar Garzón y reiterada el 12 de julio por su sustituto, Pablo Ruz, sobre el chivatazo. Este periódico ya informó de que la magistrada estaba dispuesta a esperar a ver la evolución de los procedimientos contra el juez Garzón. De hecho, hizo llegar el mensaje de que sólo enviaría el resultado de sus gestiones una vez que Garzón abandonara el juzgado. La magistrada francesa no quería enviar los datos al polémico juez. Las relaciones no eran precisamente cordiales entre ambos magistrados.
De hecho, ella también fue víctima del chivatazo. Alguien o algo la convenció de que no actuara contra la red de extorsión de ETA pese a que ya había alcanzado un acuerdo previo con Grande-Marlaska.
En concreto, los magistrados españoles le solicitaron un análisis del tráfico de llamadas registradas los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006 entre el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, y el etarra José Antonio Cau Aldanur, supuesto enlace en Francia de la banda para el cobro del denominado impuesto revolucionario. Además, Garzón preguntó si el motivo de la suspensión de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA estuvo motivado por una filtración policial a las personas que estaban siendo investigadas.
Los informes policiales aportados a la causa, elaborados científicamente en base a los movimientos telefónicos de los investigados, apuntaban como responsable de la delación al que fuera director general de la Policía en aquellas fechas, el dirigente del PSE Víctor García Hidalgo, al actual jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector entonces destinado en Vitoria en la lucha contra el terrorismo islamista. Los tres continúan imputados en la causa.
Haber si de una vez se aclara este tema, lleno de componentes de la kgb y acólitos, que lo único que hacen es poner en mala boca a la Policía en general.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras deichas por rubalcaba).