Cuando la irresponsabilidad azuza el independentismo

LA MULTITUDINARIA manifestación de ayer en Barcelona contra el fallo del Tribunal Constitucional sirvió, como era de prever, de megáfono y trampolín para el nacionalismo radical. La escenografía, con abrumadora presencia de banderas independentistas, y la profusión de lemas contra España borran del mapa cualquier otro matiz que pretendiese dársele al acto.

El error de Montilla al convocar y calentar la marcha le convierte en cómplice de lo ocurrido. El presidente de la Generalitat jamás debió abanderar la protesta contra el Tribunal. Al hacerlo, azuzó irresponsablemente el enfrentamiento entre la sociedad catalana y las instituciones del Estado, de las que él mismo forma parte y recibe legitimidad. Pero además, resulta esperpéntico ver a un miembro del Comité Federal de un partido que se define «Español» al frente de una marcha contra España, la más numerosa de nuestra historia. No cabe mayor deslealtad.

Sería una equivocación taparse los oídos y cerrar los ojos a lo ocurrido ayer en la calle, tanto como no analizar las causas que han llevado a este punto. De entrada, resulta paradójico que cuando Cataluña lleva tres décadas gobernada de facto por el nacionalismo, cuando tiene mayores cotas de autogobierno que nunca y goza de una autonomía que ni siquiera alcanzan a soñar comunidades históricas de otros Estados de nuestro entorno, el sentimiento que existe en buena parte de la sociedad catalana y de sus dirigentes es el de ser un pueblo sojuzgado.

Desde esa perspectiva se explica, por ejemplo, que el grueso de los partidos catalanes haya arremetido y calificado de «provocadores» a los mismos magistrados que han hecho lo imposible por validar la mayoría de artículos de un Estatuto radicalmente inconstitucional y que han acabado salvando el 95% del texto. Bien puede decirse que no encontrarán otro Tribunal más condescendiente con sus aspiraciones.

Si en realidad Cataluña quiere alumbrar una soberanía política propia, distinta de la española; si pretende que su definición como nación tenga un sentido jurídico; y si busca que sus instituciones mantengan una relación de bilateralidad y al mismo nivel con las del Estado -y todo ello se consignaba en el Estatuto-, lo que deberían hacer sus representantes políticos es plantear una reforma de la Constitución.

Bien es cierto que podrían aducir que el propio Zapatero prometió que aceptaría el Estatuto que aprobara el Parlamento de Cataluña. La metedura de pata del presidente del Gobierno, que dio alas a reivindicaciones maximalistas, ha contribuido a este desenlace. Ahí tiene el fruto de su operación oportunista de sumar a la izquierda con el nacionalismo, cuando son opciones que encarnan valores antitéticos.

La verdad es que si Zapatero se propuso acabar con los debates y las tensiones en torno al modelo de Estado, ayer pudo ver con toda crudeza el fracaso de su propósito. Las enormes pancartas exhibidas en favor del Estat Català recordaban dramáticamente a la proclamación unilateral realizada en octubre de 1934 por Companys.

Al Gobierno y al PSOE se les ha vuelto en contra el Estatut como un bumerán. No pueden arremeter contra el Constitucional, porque hacerlo sería asumir que el Tribunal ha mutilado el texto que ellos han defendido como plenamente legal. Pero tampoco quieren pararle los pies a Montilla, con el PSC a las puertas de las elecciones.

Es ridículo acusar al PP de estimular el independentismo -como interesada y machaconamente defienden los nacionalistas y la izquierda- y luego ver a Montilla al frente de la grey soberanista, como un pelele en sus manos. Al final, la imagen del molt honorable siendo perseguido por los radicales al grito de «botifler» (traidor) y teniendo que refugiarse a toda prisa en un edificio oficial es el triste colofón a tanto despropósito y la prueba evidente de que la situación le ha acabado estallando en las manos.