
La madrugada del 29 de julio  pasado pudo convertirse en una de las fechas más negras en la Historia  de España. Afortunadamente, la masacre que pretendía perpetrar ETA  contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Burgos no culminó. Los más  de 300 kilos de explosivos que los terroristas hicieron estallar en una  furgoneta no lograron su objetivo mortal, pero sí el material. El  cuartel donde aquella noche dormían más de 150 personas, entre las  cuales había 41 niños, sufrió unos daños de importancia enorme.
Un  año después, las heridas físicas de los más de 60 damnificados están  casi cicatrizadas, pero no las morales, y menos las psíquicas: cuántos  niños siguen despertándose a medianoche con pesadillas.
Pero,  además, los ocupantes del acuartelamiento burgalés no están demasiado  satisfechos de cómo se han gestionado las actuaciones tras el atentado  por parte del Ministerio del Interior. Y, lo que es más importante,  quieren, dejar constancia de que fallaron las gestiones previas al  atentado. Internamente fueron muchas las ocasiones en que se denunciaron  las precarias medidas de seguridad que existían sobre el cuartel, un  cuartel que estaba en el punto de mira de ETA y así constaba en  documentación incautada a la banda terrorista.
Ahora, un  importante número de afectados quiere que esta situación sea analizada  en la Audiencia Nacional. La asociación Voces contra el Terrorismo, con  sus abogados Manuela Rubio y Juan Carlos Rodríguez Segura, quiere que el  juez que instruye el caso por el atentado examine la seguridad que  existía en el cuartel. Esa asociación aglutina a medio centenar de  guardias civiles de dicho acuartelamiento y a familiares que están  dispuestos a dar la batalla judicial para que nadie se olvide de que  Burgos estuvo en el punto de mira de ETA y sigue estándolo.
«Entendemos  que se debe oficiar a la Dirección General de la Guardia Civil a fin de  informar, por quién corresponda, de los siguientes extremos», arranca  el texto suscrito por las víctimas. ¿Y qué reclaman? Que el juez de la  Audiencia Nacional instructor del sumario reclame a Interior las  «medidas de seguridad adoptadas en el cuartel: cámaras, alarmas, luces  de emergencia, perímetros de seguridad, número de efectivos de  vigilancia tanto interior como exterior, procedimientos de evacuación,  inhibidores de frecuencia, blindajes existentes, órdenes sobre las  medidas de seguridad en los cuarteles, información sobre la posibilidad  real de atentado contra el citado cuartel y la aplicación de la  normativa de riesgos laborales en el acuartelamiento».
El  escrito de las víctimas ya recoge que en la documentación incautada a  Arkaitz Goikoetxea aparecen órdenes para que otro terrorista recabara  información sobre este acuartelamiento para, previsiblemente, cometer un  atentado.
Los analistas en la lucha contra el terrorismo  siempre han considerado Burgos una localidad muy sensible a ETA. ¿Por  qué? Principalmente por la cercanía con el País Vasco y con Madrid. Con  el primer territorio, porque los desplazamientos de ida y vuelta son  fáciles, rápidos y cortos. Con el segundo, porque la distancia a Madrid  también es corta para los medios de comunicación y el eco de sus  actuaciones es enorme. De hecho, el atentado perpetrado contra la casa  cuartel de Burgos, fue recogido por todos los medios internacionales de  forma muy relevante. Al final, como coinciden todos los especialistas en  la lucha contra ETA, lo que buscan los terroristas siempre es la  propaganda.
Las víctimas del atentado de Burgos representadas  por la asociación de Voces contra el Terrorismo apuntan la posibilidad  de que desde Interior, pese a la amenaza de ETA, no se ha estado  diligente en cuanto a la seguridad del cuartel. «Nos encontramos con  legislación interna suficiente en la que basar la necesidad de practicar  las diligencias solicitadas en orden a las medidas tomadas para evitar  atentados terroristas», indica el texto presentado ante el juez de la  Audiencia que lleva las pesquisas sobre este atentado.
Porque  lo que tienen claro estas víctimas es que el cuartel de Burgos era un  centro estratégico y un objetivo potencial de ETA que debería haber  tenido unas medidas de seguridad mucho mayores que las existentes.
Reclaman  también que se remita al juzgado toda la documentación intervenida al comando  Vizcaya de ETA desmantelado en 2008. «En este sumario existe  información sobre el atentado contra esta casa cuartel», indican las  víctimas en su escrito.
Pero, además, reclaman que se pida a  Francia copia de las actuaciones contra el dirigente etarra Mikel  Karrera porque todo apunta a que fue él quien ordenó el atentado de la  capital castellana. «Se debe solicitar al Ministerio del Interior a los  efectos de que remita con carácter urgente los informes que vinculen a  los detenidos en Francia con este atentado, procediéndose a la  realización y petición de la correspondiente comisión rogatoria en  cuanto a la documental intervenida en esta detención y las declaraciones  efectuadas, así como las diligencias derivadas de la misma», indica en  el escrito remitido por las víctimas.
Tras el atentado, la dirección General de la Guardia Civil realizó no sólo un estudio sobre los daños causados en las viviendas y en las estructuras del edificio, sino también en el dispositivo de seguridad perimetral del cuartel. Se quería conocer si habían existido fallos y si convenía reforzar la seguridad ante la posibilidad de que la organización terrorista volviera a poner sus ojos sobre este objetivo.

Ni puto caso les harán, que insistan y den la vara, hasta que les oigan.
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