La investigación del 11-M, al banquillo

EL MUNDO / Madrid

La Fiscalía pide cárcel para un subdirector de EL MUNDO por revelación de secretos

El Juzgado número 5 de lo Penal de Madrid sentará este jueves en su banquillo a un periodista. Y por extensión, a toda la investigación periodística del 11-M. La Fiscalía pide tres años de cárcel y otros tantos de inhabilitación para el subdirector de EL MUNDO Antonio Rubio, acusado de «descubrimiento y revelación de secretos» por desvelar que un confidente a sueldo de la Policía apodado Cartagena y cuyo nombre real es Abdelkader el Farssaoui estuvo infiltrado en la célula islamista de Serhane El Tunecino, responsable de la matanza, hasta fechas muy próximas al atentado. El colaborador policial reclama una indemnización de 512.738 euros.

Esa información permitió descubrir al propio juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, que ese confidente había relatado con todo detalle que ese grupo terrorista pretendía «hacer la yihad» en España y que, con los datos que él ofreció, la Unidad Central de Información Exterior (Ucie) de la Policía elaboró 12 notas informativas que facilitaron el control de la célula hasta las vísperas de los atentados. La acusación fiscal no sólo se extiende a la revelación de la identidad real del testigo protegido, sino también a la publicación de esos documentos, «elaborados con carácter reservado».

Las investigaciones periodísticas de Rubio pusieron de manifiesto que algunos de los actores más destacados de la matanza se encontraban controlados en las fechas anteriores al 11-M por la Policía, la Guardia Civil y el CNI; que esa vigilancia llegó a ser tan cercana que algunos de los miembros de la célula islamista tenían el teléfono pinchado, y que existían confidentes que fueron informando de cada paso que daban hacia la comisión de los atentados quienes ya eran considerados como elementos peligrosos por las Fuerzas de Seguridad.

De hecho, el juez Del Olmo supo de la existencia de Cartagena en octubre de 2004, después de que EL MUNDO publicase su detención, su condición de testigo protegido y el trabajo que había desempeñado para que se llevase a cabo la operación Nova. Un mes después, el 23 de noviembre de ese año, el juez pidió al Juzgado Central de Instrucción número 5 que se le informara sobre «el paradero del testigo protegido por ese juzgado Cartagena [...] a los efectos de su urgente citación para que preste declaración como testigo en el presente procedimiento», según aparece en el sumario del 11-M.

En ese escrito se detallan todas las circunstancias personales del confidente, cuya identidad real -Abdelkader el Farssaoui- e incluso su imagen ya habían sido desveladas por otros medios de comunicación nacionales, como Canal Sur.

A partir de su arresto, Cartagena se puso en contacto con Antonio Rubio para pedirle ayuda. El periodista, tras investigar la veracidad de su testimonio, publicó el 31 de mayo de 2005 las 12 notas informativas de la Ucie y todos los detalles que había ofrecido el confidente a la Policía, además de su identidad real y su fotografía con su consentimiento. En ningún caso se ofreció ningún dato que permitiese averiguar el nombre ficticio ni el domicilio que, por razones de seguridad, le había proporcionado la Secretaría de Estado de Interior.

Ni la fiscal Dolores Gimeno ni la acusación particular que representa al colaborador policial cuestionan la veracidad y la relevancia pública de esa noticia. Esos puntos fueron defendidos ya en 2005 por la Asociación de la Prensa, que respaldó la información de Rubio y destacó que «el secreto de sumario no significa que determinados hechos y circunstancias de la realidad social puedan ser arrebatados a la libertad de información».

«Lejos de proceder de forma innecesaria proporcionando los datos obtenidos sin ninguna finalidad lícita y constitucional, y conociendo que los mismos estaban siendo omitidos policialmente, [Rubio] actuó en la creencia y voluntad de estar contribuyendo a la acción de la Justicia, al conocimiento público de hechos absolutamente relevantes ante la opinión pública, como era la real existencia de un confidente policial, la real coincidencia de un apodo con una identidad real y la realidad de unas confidencias omitidas judicialmente y absolutamente conectadas con la investigación del 11-M», señala el escrito de defensa del periodista.

Así, el juez Del Olmo, tras descubrir a través de EL MUNDO que existía una serie de fichas policiales que documentaban y acreditaban que Cartagena avisó a la Policía de que una célula islamista quería atentar en España, reclamó esa documentación. La Ucie se la entregó el 29 de diciembre de 2005: todas las notas, menos dos, que fueron destruidas por orden del juez Fernando Grande-Marlaska.

Con posterioridad a esa información, Cartagena presentó en diciembre de 2006 un escrito en la Audiencia Nacional en el que denunciaba presiones de la Ucie. Iba firmado con su nombre real: Abdelkader el Farssaoui; el mismo que utilizó en todas sus actuaciones. Durante el juicio del 11-M, declaró a cara descubierta y la propia Fiscalía empleó esa identidad para referirse a él durante su informe de conclusiones.

Finalmente, en junio de 2008, la Audiencia Nacional le retiró la condición de testigo protegido por su «uso indebido» y la «inobservancia del protocolo de seguridad». Para entonces, ya se había querellado contra Antonio Rubio. Lo hizo en marzo de 2007, dos años después de aquella información. El confidente, que también colaboró con el CNI y los servicios secretos marroquíes, acusa al periodista de causarle «graves secuelas psíquicas». Y las valora en 512.738 euros.