El día en que Garzón perdió su estrella

LO ÚNICO que podía hacer ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es lo que hizo: suspender a Garzón tras el auto en el que el Supremo le sienta en el banquillo por prevaricación. El CGPJ se limitó a aplicar la ley, lo que explica -más allá de interesadas fantasías sobre abruptas divisiones- la unanimidad en la decisión.

Garzón estuvo maniobrando hasta el último minuto para evitar lo inevitable. Ayer mismo por la mañana, su abogado presentó un escrito en el Supremo pidiendo la anulación del auto de apertura de juicio oral, que no es recurrible. Lo ha intentado todo para eludir esa suspensión que pone fin de momento a 22 años en la Audiencia Nacional, en los que ha pasado de ser un joven magistrado desconocido a una superestrella mediática. En congruencia con su trayectoria, ayer organizó una salida teatral de la Audiencia, jaleado por un grupo de incondicionales.

Lo cierto es que Garzón ha rendido buenos servicios a la Justicia pero también se ha pasado muchas veces con esa «imaginación creativa» de la que le acusaba Luciano Varela en su auto y que él mismo reivindicó hace unos días. Garzón ha tentado en demasiadas ocasiones a la suerte con interpretaciones de las leyes que se apartaban del Derecho y de sus principios hasta que el Supremo ha empezado a decir basta.

Lo primero que hay que señalar es que, contra lo que afirman tercamente sus propagandistas, Garzón no se va sentar en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo sino por haber vulnerado la legalidad vigente y haber realizado unas actuaciones para las que no tenía competencias en pos del brillo mediático.

Tampoco es cierto que Garzón haya sido víctima de una campaña de la extrema derecha. Ni Varela, el juez que instruye esta causa, ni Martínez Arrieta, que rechazó la recusación y al que también ha acusado de vulnerar sus derechos, son conservadores. Más bien, todo lo contrario.

Los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo que han intervenido en este caso se han limitado a aplicar la legalidad en sus resoluciones, lo que tiene gran mérito en medio de la campaña de insultos e intimidación de la que han sido objeto. Una campaña en la que han participado ministros del Gobierno, dirigentes sindicales y medios de comunicación. En su persistente afán de confundir deseos con realidades, un periódico todavía titulaba ayer que el CGPJ se había roto «en dos» a la hora de suspender a Garzón. Sí, el CGPJ se rompió en dos partes: la mitad votó a favor de la suspensión y la otra mitad, también, porque hubo unanimidad absoluta.

Garzón no puede ejercer como magistrado mientras esté pendiente de juicio, pero volvería a su puesto si saliera indemne de los tres procesos que tiene abiertos. Sea como fuere, los importantes casos que ha acaparado y los muchos errores que ha cometido plantean la conveniencia de acotar el ámbito de competencias de la Audiencia Nacional o ampliar su número de juzgados, a todas luces insuficiente para la cantidad y la envergadura de las causas que instruye.

Nada será probablemente igual en la Audiencia Nacional tras la salida de Garzón, que ha aprovechado su posición para lograr protagonismo mediático y fortuna. Ahora sólo le queda el recurso de marcharse a La Haya como asesor de su amigo, el fiscal Moreno Ocampo, si es que se lo permite el CGPJ, que ayer aplazó su decisión. Ello corrobora lo mucho que han cambiado las circunstancias en muy poco tiempo. De momento, Garzón se ha quedado sin juzgado, lo que equivale a decir sin el inmenso poder sobre las vidas y haciendas de mucha gente del que había disfrutado y abusado durante dos décadas y gracias al cual ha brillado como una estrella del espectáculo.