¿Ahora sí, Pumpido?

Cinco años después de conocer las anomalías del Sistema Integral de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel), el fiscal general del Estado reconoce que hay que cambiar la legislación. Lo hace para apoyar públicamente al juez Baltasar Garzón, pero lo cierto es que la regulación serviría para todo el mundo, como no puede ser de otra manera.
Cuando en 2005 recibió un informe del fiscal de Madrid Pedro Martínez, Cándido Conde-Pumpido dio la callada por respuesta. Ni siquiera contestó formalmente. Ayer, sin embargo, el fiscal general admitió lo que LA GACETA lleva meses denunciando –y la Asociación de Internautas, incluso años–: que la ley actual está anticuada. Con la intención de apoyar a Garzón, Conde-Pumpido afirmó que es necesario tener una regulación sobre las escuchas telefónicas “lo suficientemente clara” para evitar que se produzcan disfunciones en el sistema judicial, lo cual afectaría también al resto de ciudadanos.
El objetivo es que al final del procedimiento penal no “quede sin contenido o con jueces en el banquillo”. Explicó que a veces la iniciativa que se permite a la Policía Judicial lleva “incluso” a que los agentes “llegan a instar la práctica de actuaciones que afectan a los derechos fundamentales, sin conocimiento y sin el filtro jurídico de quien, paradójicamente, luego habrá de construir la acusación sobre la base de las pruebas así obtenidas”. “A veces”, subrayó, el magistrado “hace tareas más que de juez de detective”, lo cual asoció con la antigüedad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “una norma inquisitoria”.
LA GACETA viene denunciando, desde septiembre de 2009, que los jueces no conocían Sitel porque el Gobierno no les informó de su existencia; que es necesaria una ley orgánica porque la actual norma está desfasada; que hay datos asociados a la comunicación que aportan más sobre la vida de una persona que la propia conversación y que eso también hay que legislarlo.